Conferencia de prensa de la firma del convenio entre el Gobierno de España, la Generalitat de Cataluña y el Área Metropolitana de Barcelona / HUGO SÁNCHEZ - CG

Conferencia de prensa de la firma del convenio entre el Gobierno de España, la Generalitat de Cataluña y el Área Metropolitana de Barcelona / HUGO SÁNCHEZ - CG

Vida

13.650 viviendas de Barcelona se beneficiarán de fondos europeos para su rehabilitación energética

El Gobierno de España, la Generalitat y el AMB han firmado un convenio para transferir 102 millones de euros entre 2022 y 2026 a estas actuaciones

10 febrero, 2023 13:09

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), la Conselleria de Territorio del Govern y el Consorci Metropolità d’Habitatge (entidad constituida por la Generalitat y el Área Metropolitana de Barcelona) han firmado este viernes un convenio para formalizar la transferencia de fondos europeos Next Generation a la rehabilitación energética del parque de vivienda metropolitano. 

La dotación total entre 2022 y 2026 será de 102 millones de euros, que, se prevé, servirán para rehabilitar 13.650 viviendas, cuyas obras se pondrán en marcha “inmediatamente”. Estas actuaciones, además, crearán 4.000 puestos de trabajo directos. En el acto, que ha tenido lugar en la sede del AMB en la Zona Franca (Barcelona), la ministra socialista Raquel Sánchez ha puesto en valor las políticas públicas de vivienda de la entidad y ha afirmado que la colaboración del Gobierno “viene precedida por la convicción política de dar respuesta desde el Estado” a “las preocupaciones de las familias, de la gente joven y los más vulnerables”.

Sede del Área Metropolitana de Barcelona (AMB)

Sede del Área Metropolitana de Barcelona (AMB)

Las obras comenzarán el lunes

Según ha señalado el AMB, la primera actuación de rehabilitación, que comenzará el próximo lunes, tendrá lugar en una finca de 104 viviendas ubicada en Cornellà de Llobregat y contará con un presupuesto de un millón de euros (356.000 de los cuales provienen de las ayudas de la convocatoria). La entidad ha anunciado que “en los próximos días” se validarán otras 31 solicitudes de rehabilitación de 585 viviendas. Estos proyectos contarán con una subvención pública de 3,2 millones de euros y una inversión total de 7,2 millones. 

Los municipios en los que se encuentran estos edificios son Badalona, Barberà del Vallès, Begues, Cerdanyola del Vallès, Corbera de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, Hospitalet de Llobregat, Montgat, Pallejà, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Sant Feliu de Llobregat y Santa Coloma de Gramanet. El Coordinador general de la Oficina Técnica de Gerencia del AMB, Antoni Farrero, ha asegurado, además, que en las próximas semanas se resolverán otros 300 expedientes y que este plan es “una gran alegría para todos” fruto de “un trabajo continuado” entre las diferentes administraciones.

Mejorar la eficiencia energética

Las acciones tienen el objetivo de mejorar la seguridad, el ahorro, la eficiencia energética, el confort y la integración urbana de las edificaciones, así como reducir las desigualdades sociales en los barrios más vulnerables y fomentar la revitalización económica de un sector con fuerte potencial de crecimiento. Según el presidente del Consorci Metropolità d’Habitatge (CMH) y alcalde de Cornellà, Antonio Balmón, las obras darán a estas viviendas unos 20 o 30 años más de vida.

Las subvenciones para estas rehabilitaciones durante los próximos cuatro años podrán llegar a un 80%, con un máximo de 21.400 euros por vivienda en función de la eficiencia energética que se obtenga una vez rehabilitado el edificio. En el caso de los propietarios que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica, estas podrán llegar a ser del 100%.

Firma del convenio en la sede del AMB / HUGO SÁNCHEZ - CG

Firma del convenio en la sede del AMB / HUGO SÁNCHEZ - CG

4.500 viviendas protegidas 

Balmón ha hecho hincapié también en las políticas de vivienda que impulsa el AMB toda el área metropolitana. Ha destacado el protocolo firmado por la entidad, el Gobierno de España y la Generalitat en diciembre de 2020 para crear 1.206 viviendas de alquiler, enmarcado dentro del Plan para el alquiler asequible. En 2021 y 2022 el MITMA aportó 10,8 millones de euros como subvención (5,4 millones cada año) para construir 627 de estas viviendas, que actualmente se encuentran en estado de construcción. 197 de estas ya se han entregado o se entregarán en los próximos meses. 

Al respecto de estas medidas y de la firma del nuevo convenio, Balmón ha declarado que “lo importante es cómo estas políticas llegan a las personas” a las que el AMB representa “para que su vida sea más digna”. En relación a esta necesidad, y con el fin de frenar la tendencia a la alza de los precios, el operador metropolitano de vivienda de alquiler asequible Habitatge Metròpolis Barcelona (HMB), participado en un 50% por el sector público y en otro 50% por el privado, construirá 4.500 viviendas protegidas en el plazo de entre 6 y 8 años. La mitad estarán dentro de la ciudad de Barcelona y la otra en el resto de municipios del área metropolitana. 

La nueva ley de vivienda

El presidente del CMH ha mencionado la importancia de la estrecha colaboración entre el ámbito público y el privado para sacar adelante este tipo de proyectos. También ha sostenido que desde 1990 “se hace política de vivienda pública en el área metropolitana”, aunque ha reconocido que, según la época, la “implicación e intensidad” de estos proyectos ha ido variando. 

La ministra Sánchez, por su parte, ha afirmado que la implicación del actual Ejecutivo de España es enmendar la “la no-política” de vivienda del gobierno del Partido Popular. Señala que “las previsiones son ir mucho más allá” y que estos mecanismos pretenden mejorar un “parque de vivienda envejecido que no da respuesta a las necesidades energéticas de los vecinos”. La responsable del MITMA también se ha referido a la nueva ley de vivienda, que el Gobierno espera aprobar en el Congreso de los Diputados como máximo en el mes de marzo y en cuyas metas se encuentra “prohibir que nunca más se pueda vender el parque público de vivienda”