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El defensor del pueblo, Francisco Fernández Marugán, presenta el informe de 2017 / EFE

El Defensor del Pueblo dispara un 50% las quejas recibidas

Francisco Fernández Marugán lamenta las “actitudes imperativas y excesivamente categóricas” de las autoridades

19.03.2018 11:52 h.
5 min

Las quejas que los ciudadanos envían al Defensor del Pueblo se dispararon en 2017. Francisco Fernández Marugán recibió un total de 25.776 expedientes, lo que supone un aumento del 48,17% con respecto al año anterior. Son los efectos de la crisis y el deficiente funcionamiento de los servicios públicos los que más descontento han suscitado.

Fernández atribuye este malestar creciente a las “actitudes imperativas y excesivamente categóricas” de las autoridades, además de la insatisfacción no sólo con la recesión económica, sino también con la recuperación. “La crisis cavó un pozo de desigualdades sin precedentes en España”, ha dicho tras entregar la Memoria del año pasado en la Cortes. En este sentido, el defensor del pueblo en funciones ha exigido políticas para redistribuir las rentas y superar la fractura social generada por la crisis.

Servicios públicos

Muchas de las quejas se centran en la tardanza y dificultades para tramitar el DNI y el carné de conducir, así como en los retrasos en la administración de Justicia. El número de lamentos referidos a la Educación, la Sanidad y las Políticas Sociales, se ha “consolidado”. La diferencia entre la situación de 2008 y la actual, considera que supone una oportunidad para “revisar el funcionamiento de las políticas sociales” para mejorarlas.

Fernández ha destacado la situación de “desprotección” de varios colectivos, entre los que se encuentran los desempleados de larga duración que se han quedado sin cobertura, las familias con todos sus miembros en paro, los jóvenes sin trabajo ni prestación por desempleo, los jubilados y las personas con alguna discapacidad.

El defensor del pueblo, además, ha cargado contra las medidas de austeridad del Gobierno, que asegura que no solo han generado la desigualdad actual, sino que también han dañado el entramado institucional y la cohesión social. Mantenerlas, asegura, puede aumentar la pobreza y enquistar las diferencias.

Las pensiones

Otro de los temas que ha analizado el defensor del pueblo ha sido el de las pensiones, que ha sido causa de movilizaciones y protestas durante las últimas semanas en todo el país. En el informe, advierte de que el sistema de revalorización de las pensiones actual permite que prácticamente estén congeladas durante años, como ha sido el caso de 2018. Este año, las prestaciones han aumentado el mínimo legal, un 0,25%. 

El año pasado, recibió unas 45.200 firmas que pedían un referéndum sobre el modelo de las pensiones. La situación de congelación, ha avisado, "podría suscitar dudas" respecto a la previsión de la Constitución, recogida en el artículo 50, que insta a los poderes públicos a garantizar mediante pensiones adecuadas "y periódicamente actualizadas", la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad.

Denuncias a ayuntamientos

La institución ha llevado a Fiscalía a 19 ayuntamientos por entorpecer su labor al no responder a los requerimientos continuos de información, así como al Colegio de Abogados de Gipuzkoa. Se trata de Arganda del Rey, Colmenar de Oreja (Madrid), Barbastro (Huesca), Carboneras de Guadazaón (Cuenca), Cudillero, Gozón, Salas  (Asturias), Gilet (Valencia), Gondomar (Pontevedra), La Hermigua (Santa Cruz de Tenerife), Matallana de Torío (León), Mojácar (Almería), Noblejas, Talavera de la Reina (Toledo), Porto do Son (A Coruña), Reus (Tarragona), Tarifa, Vejer de la Frontera (Cádiz) y Zalamea de la Serena (Badajoz).