Cementiris se expone a una denuncia por malversación ante el desastre de Montjuïc

Cementiris de Barcelona (CBSA) se expone a ser denunciada por un delito de malversación de caudales públicos por el desastre de Montjuïc, cementerio donde se derrumbaron 144 nichos en septiembre del año pasado, resultando en el mezclado de restos mortales de 350 fallecidos con cascotes y madera. 

Según han indicado diversos juristas a este medio, la firma municipal que comanda Jordi Valmaña, y cuyo responsable político último es Eloi Badia como presidente del grupo Barcelona de Serveis Municipals (B:SM), el hundimiento del bloque podría sugerir una "desviación de recursos" de la tasa de conservación que pagan las familias de los difuntos.

Ello, en opinión de las fuentes consultadas, abre la puerta a señalar judicialmente a Cementiris por malversación. La propia Síndica de Greuges, Maria Assumpció Vilà, subrayó en su informe sobre la catástrofe que, por un lado, dudaba sobre si las "patologías y deficiencias" de la estructura que se hundió podrían haber sido detectadas de antemano.

Vilà, asimismo, recordó que la tasa de conservación en su franja más baja (13,90 euros) multiplicada por el número de total de sepulturas en Montjuïc (152.774) arroja una cantidad muy superior a la que invirtió la empresa de Valmaña en conservación en los últimos 10 años (10,2 millones).

"Sería como una apropiación indebida"

Ello podría tener repercusiones penales, según el abogado Marc Pertíñez. El letrado ha alertado de que el delito de malversación (tipo 432 del Código Penal) remite en una de sus interpretaciones a la apropiación indebida en la administración de una sociedad.

"Es lo mismo desde el punto de vista público. Los gestores de los recursos del contribuyente, aunque no se hayan lucrado, se exponen a un delito si han administrado mal la recaudación de una tasa creada ad hoc", ha explicado.

"Uno no puede usar la tasa de basuras para cubrir otros pagos que no sean ese. Ello se agrava --ha continuado el letrado-- cuando se tienen en cuenta dos agravantes: en Montjuïc hubo daños públicos y a terceros.

"La comisión o no de un delito por parte de Cementiris dependerá de, uno, si alguien denuncia. Y dos, de un cálculo técnico sobre cuánto ha recaudado la empresa en concepto de esta tasa y dónde lo destinó", ha concluido.

"Es jurídicamente viable"

También ve caso contra la sociedad municipal de Valmaña el asesor fiscal Joan Anton Sánchez Carreté. El profesional recuerda que existe en la jurisprudencia de los tribunales nacionales el concepto de "enriquecimiento ilícito".

"Podría ser un caso similar al de la doble imposición. Un hecho no puede ser tributado dos veces. Si la Generalitat y el Gobierno cargan un concepto por partida doble, el contribuyente puede apelar argumentando que la Administración se está lucrando dos veces", ha argumentado.

En el caso de Cementiris y la falta de mantenimiento que sugiere la Síndica en su informe sobre el derrumbe, Sánchez Carreté ha agregado que una denuncia de este tipo "podría tener recorrido legal" si las familias, en tanto que parte afectada, así lo consideran.

"Yo creo que podría ser una opción", ha concluido.

"Posible administración desleal y hasta estafa"

Otros expertos legales consultados por este medio han llevado el argumento legal un paso más allá. "Una denuncia por la vía penal por el hundimiento de Montjuïc podría sustentarse no sólo en el tipo de malversación de fondos, sino también en otros", han advertido.

"Podría considerarse administración desleal y se podría llegar al extremo de estafa. Al ser un contrato con una administración pública, se agravaría la supuesta irregularidad", han agregado las mismas fuentes.

Cabe recordar que la tasa de conservación de Cementiris de Barcelona que pagan los familiares de los fallecidos que reposan en los nueve camposantos públicos de la ciudad se mueve entre los 13,90 euros y los 64,90 euros al año.

En su informe sobre el derrumbe de los 144 nichos el 15 de septiembre del año pasado, la Síndica de Greuges de Barcelona alerta de que el Plan Director de la instalación, que data de 2007, podría haber estipulado el "doble" de inversión de recursos en conservación con lo recaudado con la tasa impuesta a tal efecto.