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Centro penitenciario de Quatre Camins, donde se registró una riña multitudinaria / EUROPA PRESS

Arde Quatre Camins: 70 internos contra tres funcionarios

La falta de personal dilató en el tiempo esta nueva oleada de violencia con “peleas continuas” entre los reos, que utilizaron objetos punzantes e incendiaron varias celdas

5 min

Nuevo altercado en una cárcel catalana, esta vez en el centro penitenciario de jóvenes de Quatre Camins, en La Roca del Vallès (Barcelona). Según el testimonio de uno de los funcionarios de prisiones, el 29 de mayo varios internos comenzaron a pelearse en uno de los cuatro módulos que componen este centro, protagonizando un grave incidente.

El motivo de la disputa fue un paquete de tabaco, utilizado dentro de la prisión como moneda de cambio, explican las voces consultadas. A este grupo de jóvenes, que se enzarzaron en una reyerta, se acabaron sumando el resto de internos del módulo. En total, unos 70 reos, lo que acabó desencadenando una riña tumultuaria

Ataques con objetos punzantes 

Xavier Martínez, el portavoz del sindicato mayoritario en el sector UGT Prisiones, denuncia que durante las tres horas que duró esta refriega solo había de servicio tres trabajadores: el jefe de módulo y dos funcionarios. 

La falta de personal dilató en el tiempo esta nueva oleada de violencia, con “peleas sectorizadas pero continuas” entre los internos. Además, los funcionarios aseguran que los presos utilizaron armas caseras fabricadas con los elementos que tenían a su alcance como “cuchillos manipulados y latas de refrescos y de conservas rotas y transformadas en objetos cortantes”. 

Incendios simultáneos en varios módulos

La cosa no quedó ahí. Tras esta pelea masiva, los internos incendiaron seis celdas de forma simultánea en distintos módulos del centro penitenciario. A pesar de la falta de personal, los pocos efectivos que había pudieron reconducir la situación sin mayores incidentes, asegura el portavoz de UGT Prisiones. “Aunque no tuvimos que lamentar grandes daños, algunos funcionarios sufrieron contusiones”, denuncia Martínez. 

Los trabajadores públicos han llegado al límite. En el último mes, además de esta pelea multitudinaria, han sido víctimas de otros dos graves incidentes: la agresión de un preso peligroso a cinco funcionarios en Brians 2 (Barcelona) con una chapa metálica, y el ataque de otro intermo, también a cinco funcionarios, en el centro penitenciario de Ponent (Lleida). Solo en los primeros cuatro meses del año, los trabajadores de las prisiones catalanas han sufrido 160 agresiones graves. De estas, 20 han sido agresiones muy graves --con riesgo para la vida de los agentes-- mientras que las otras 140 han sido graves. Además, añaden otras 111 leves, que incluyen intentos de agresión, insultos o amenazas y que la administración no contabiliza.

Señalan a Ciuró

Los sindicatos culpan de la inseguridad en las cárceles catalanas a la consellera de Justicia, Lourdes Ciuró, que se comprometió a abordar con firmeza las agresiones a funcionarios, pero que no ha adoptados las medidas necesarias para frenar esta oleada de violencia. Achacan este escenario de "aumento continuo de lesiones a funcionarios" a la falta de recursos y de personal, con "dotaciones absolutamente precarias" para el volumen de internos por módulo. 

Por eso, desde UGT solicitan recuperar los más de 500 efectivos que han ido perdiendo a lo largo de estos últimos años. Piden también la aplicación del régimen penitenciario para los internos. Denuncian que la consellera pretende vaciar los centros penitenciarios otorgando terceros grados con demasiada facilidad y que el mensaje que se traslada a los presos es el de la impunidad. “Pedimos a la consellera que nos proteja con la aplicación del régimen disciplinario como se tiene que aplicar”, sostiene Martínez.También solicitan la derogación de circulares que afectan a la seguridad, el reconocimiento como agentes de la autoridad --que acarrearía castigos más severos en caso de agresión-- y el apoyo judicial del departamento de Justicia, personándose como acusación particular en los casos de ataques a funcionarios.