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Imagen de un entorno laboral no relacionado con el presunto caso de acoso en el ICF / CG

Acoso laboral en el Instituto Catalán de Finanzas

La Generalitat pone bajo vigilancia al 'banco público' catalán por los indicios de asedio de una directora general a un trabajador

5 min

Acoso laboral en el seno del Instituto Catalán de Finanzas (ICF). La Consejería de Políticas Digitales y Administración Pública, que dirige Jordi Puigneró (Junts per Catalunya), ha puesto bajo vigilancia al banco público catalán por indicios de maltrato de una de sus directoras generales a un trabajador.

Preguntado por la cuestión, una portavoz del ICF ha indicado que no podía aportar información en cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD). En cualquier caso, la entidad pública ha enfatizado que dispone de un protocolo contra el acoso laboral para lidiar con los casos que pudieran aparecer y tomar las medidas correctoras que pudieran ser necesarias para proteger la salud de sus empleados. Esto es lo que ha pasado, según ha podido saber este medio, con el caso de A., una directiva que se habría excedido en su autoridad con D., otro trabajador del ente público.

"Críticas a su vida privada"

Según el expediente del caso al que ha podido acceder este medio, el conflicto estalló en mayo de 2019. Aquel mes se entró una solicitud de intervención por presunto acoso laboral. El ente encargado de investigarlo, la Dirección General de Función Pública, lo admitió a trámite e intervino. Tras ello, se iniciaron las pesquisas para esclarecer el caso, con entrevistas a los dos profesionales, a testigos presenciales de los comentarios de ambos y el examen de la documentación del caso. De este trabajo se desprenden "indicios" de que A. empezó no saludando a su subalterno al culparle de un informe jurídico que no le satisfacía y que provocó un proceso judicial contra el Institut.

Después, constata Función Pública que se redoblaron los comentarios negativos de la directiva contra el asesor jurídico, sin que éste pudiera defenderse. En paralelo a ello se produjo una "pérdida de confianza" hacia el empleado. Dos elementos destacan en este caso. Por un lado, que la directiva señalada, A., habría descalificado a D. ante Josep Ramon Sanromà, consejero delegado del ICF. Por otro lado, que las críticas vertidas por "una de las directivas con más presencia en la organización" erosionaron la imagen del empleado. Por el otro, que estos reproches llegaron a la "vida personal" del trabajador, afectando a su salud. El expediente concluyó con un informe que ve mimbres de acoso laboral y que se firmó en julio de 2019.

El ICF, bajo supervisión

¿Que pasó después? Según el expediente del caso, el fiscalizador dio por bueno que hubo indicios de "crítica sistemática y progresiva" hacia D, incluyendo comentarios sobre su vida privada. Ello constituye indicios de acoso a este empleado. Hay más. Se indica desde Función Pública que "pudo haber conductas similares" de la directiva citada hacia otros trabajadores "en otros momentos históricos". Estos abusos de autoridad habrían sido, no obstante, de "menos intensidad o trascendencia pública". Cualquiera que fueren los antecedentes, el último caso acabó con "hostilidad" hacia la víctima dentro del banco público catalán.

Por ello, el organismo tomó cartas en el asunto. Contactó con la firma MB Prevenció con el fin de que realizara una evaluación de riesgos psicosociales en el seno del ICF. Este examen del Instituto debió servir para aprobar medidas "preventivas, correctoras y organizativas" para proteger a la víctima y evitar nuevos episodios de asedio. Por lo que respecta al afectado, los especialistas lo remitieron al Servicio de Prevención de su Consejería para que hiciera seguimiento del caso. Recomendaron la intervención de profesionales de Medicina del Trabajo y Psicosociología aplicada, zanjando así la desagradable cadena de incidentes. No consta que ninguno de los dos afectados haya abandonado la organización, por ahora.