La maquinaria administrativa para la que será la séptima regularización extraordinaria de inmigrantes en la democracia española ya está en marcha, aunque no exenta de fricciones internas.
Según documentación del área de Seguridad Social a la que ha tenido acceso este diario, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha diseñado un despliegue excepcional que sitúa a Barcelona, junto a Madrid, como el principal epicentro operativo.
La capital catalana contará con tres oficinas específicas para absorber el aluvión de solicitudes presenciales, mientras que en ciudades como Valencia o Murcia se habilitarán dos sedes adicionales.
25 euros la hora y voluntarios
El Gobierno busca evitar el colapso de las oficinas de Extranjería, ya de por sí saturadas, desplazando el peso del proceso a funcionarios voluntarios de la Seguridad Social y Correos.
El plan, que se prevé activar en abril tras la publicación del real decreto, incentivará la participación del personal mediante horas extra fuera del horario ordinario (de 16:00 a 19:00 horas) retribuidas a 25 euros la hora.
Este dispositivo especial estará operativo, previsiblemente, de abril a junio.
En Barcelona, las tres sedes funcionarán como puntos de recepción de solicitudes y captura de datos en el aplicativo oficial, aunque la resolución final de los expedientes seguirá recayendo en las oficinas de Extranjería. El ministerio estima que el 90% de los trámites se realizarán por vía telemática.
El objetivo es regularizar a una población que oscila entre las 500.000 y el millón de personas.
Malestar en los sindicatos
A pesar de la ambición del plan, el clima laboral es tenso. El sindicato CCOO, en notas informativas dirigidas a la plantilla, ha lanzado duras críticas a la gestión del proceso bajo el lema "Regularización sí, pero no así".
En estas comunicaciones, denuncian que los gestores "ya la están liando" antes de empezar, señalando una falta de criterios claros para seleccionar a los voluntarios —que deben comprometerse a asistir al menos tres tardes por semana— y lamentando la exclusión del personal laboral en algunas fases.
Una de las sedes de la oficina española de Extranjería
Por su parte, desde el sindicato CSIF se critica que se deje de lado a los funcionarios expertos de Extranjería. Advierten de que, si bien ahora se busca rapidez con personal voluntario de otras áreas, dentro de un año —cuando toque renovar estos permisos provisionales— el trabajo recaerá de nuevo sobre unas plantillas de Extranjería ya desbordadas y sin refuerzos estructurales.
El "tapón" del padrón
Para acceder a este permiso de residencia y trabajo por un año, los solicitantes deberán acreditar que se encontraban en España antes del 31 de diciembre de 2025 y carecer de antecedentes penales.
Sin embargo, el proceso se enfrenta al escollo logístico de obtener el padrón histórico en Barcelona. Con citas previas en el ayuntamiento que ya se demoran hasta finales de mayo, los solicitantes se verán obligados a presentar pruebas alternativas de su estancia mínima de cinco meses, como informes médicos, certificados de asistencia a servicios sociales o justificantes de envío de dinero, para evitar quedar fuera del dispositivo especial que finaliza en junio.