Sindicatos denuncian ante Antifrau posibles irregularidades disciplinarias en Lliçà d’Amunt

Los representantes sindicales del Ayuntamiento de Lliçà d’Amunt han llevado ante la Oficina Antifrau de Catalunya una denuncia en la que alertan de posibles anomalías en la forma en que se aplica el régimen disciplinario municipal.

El comité de empresa y las secciones de CCOO, UGT, CGT y SPL-CME sostienen que podría existir una práctica irregular mantenida en el tiempo, caracterizada —según su versión— por un uso desviado de esta potestad.

En su comunicado, los sindicatos aseguran que las medidas disciplinarias se aplicarían con especial severidad a trabajadores y delegados con posiciones críticas, mientras que, paralelamente, habría una supuesta falta de actuación frente a otras conductas que afectarían a mandos intermedios, responsables políticos u otros empleados.

Momento clave

El escrito señala como fecha significativa el 3 de marzo de 2026. Según explican, dos días hábiles después de una protesta durante un pleno municipal motivada por el bloqueo de la negociación colectiva, se notificaron de forma simultánea cuatro expedientes disciplinarios dirigidos a participantes en dicha protesta.

Los hechos atribuidos en estos expedientes, siempre según la versión sindical, corresponderían a periodos anteriores —en algunos casos de meses atrás— sin que se hubieran adoptado medidas previas. Para los denunciantes, esta coincidencia temporal podría apuntar a un uso del régimen disciplinario con fines intimidatorios, extremo que no ha sido corroborado por el consistorio.

Otros casos señalados

El comunicado también recoge situaciones que, a juicio de los sindicatos, reflejarían una pauta repetida. Entre ellas, citan la apertura de varios expedientes a un delegado por hechos que consideran de escasa relevancia o la tramitación de un expediente a un exdelegado por permisos antiguos que terminó archivándose.

Asimismo, indican que, tras los últimos expedientes, varios trabajadores habrían comunicado al comité posibles irregularidades que, de confirmarse, podrían tener gravedad. Entre los ejemplos mencionados figuran la priorización de trabajos municipales en domicilios particulares, el uso de sistemas de videovigilancia para controlar la actividad sindical o la permisividad hacia actividades privadas durante la jornada laboral.

Denuncias en curso

Las organizaciones sindicales apuntan también a la existencia de diligencias penales abiertas a raíz de una denuncia por acoso laboral y sexual presentada por una agente de la Policía Local hace más de un año. Según señalan, no constaría la apertura de un expediente disciplinario interno vinculado a este caso.

Además, denuncian una falta reiterada de respuesta a peticiones de mejora de las condiciones laborales y posibles situaciones de trato desigual. En este contexto, indican que dos empleados han solicitado recientemente la activación de protocolos de acoso laboral, sumándose a otras denuncias registradas en años anteriores.

Garantías de imparcialidad

En su escrito, el comité y las secciones sindicales solicitan que determinadas personas, incluyendo cargos políticos y responsables administrativos, no participen en la instrucción de expedientes disciplinarios, al considerar que podrían existir indicios de falta de imparcialidad. También reclaman que se asegure la objetividad de los procedimientos.

Los sindicatos advierten de que esta situación podría tener un impacto negativo en derechos fundamentales, como la libertad sindical, al generar un posible efecto disuasorio entre los trabajadores.