En el DiR Sant Cugat, cumplir con el deber cívico de colaborar con la justicia se ha convertido en motivo de expulsión fulminante.
Josep Fresno, socio del centro de fitness desde hace más de una década, denuncia haber sido vetado de por vida de las instalaciones apenas un día después de prestar declaración judicial.
El abonado había sido citado formalmente como testigo en la causa penal que investiga la presunta estafa inmobiliaria perpetrada en el restaurante del club en octubre de 2023, un escándalo que sacudió a la alta sociedad del Vallès y que aún resuena en los juzgados.
Veto
La represalia, según relata a este medio, fue quirúrgica. Menos de 24 horas después de declarar bajo juramento lo que presenció aquella noche, su teléfono sonó. Era un número oculto. Al otro lado, el jefe de seguridad del club le comunicó la rescisión unilateral de su contrato. Estaba expulsado por "haber blasfemado contra el club".
Dos jugadores en el DIR Padel Sant Cugat, donde ocurrieron los hechos
Este episodio no es un incidente aislado, sino el síntoma de una presunta política de "gestión del miedo" instaurada por la dirección.
Mientras la cadena de la familia Canela se presenta públicamente como víctima de la trama de estafa, de puertas adentro, los exsocios describen una realidad de purgas sistemáticas contra voces críticas.
La contradicción de la gerencia
El origen del conflicto se remonta al 27 de octubre de 2023, cuando el restaurante Pista Central del complejo acogió el 'Black Friday House'.
Bajo la apariencia de un evento exclusivo, amenizado por un imitador de Elvis Presley, cortadores de jamón y un notario desplazado ad hoc, se subastaron inmuebles de supuestas carteras bancarias a precios de derribo.
Lo que se vendió aquella noche, sin embargo, fueron activos tóxicos que nunca se entregaron, en una operación orquestada presuntamente por la empresaria Estefanía Ramos Barón.
El DiR ha sostenido reiteradamente que desconocía la naturaleza del acto, atribuyéndolo a un acuerdo comercial del concesionario del restaurante. Pero el testimonio de Fresno fue percibido como una amenaza por parte de la franquicia de gimnasios.
Su asistencia, asegura, no fue casual, sino fruto de una invitación personal de Jorge Ordoñez, figura vinculada a la entidad. "Me invita porque sabe que puedo comprar; me dice que es para gente que no es tonta", recuerda el afectado.
Imagen de un momento del Black Friday House en el DIR Sant Cugat en 2023
Esta captación proactiva de socios con alto poder adquisitivo por parte del entorno del club desmontaría la tesis de la ignorancia, situando a la entidad en una posición delicada ante sus propios clientes.
Expulsión sin rastro
La tensión estalló tras la comparecencia judicial hace dos semanas. Fresno, quien ya había recuperado su inversión tras presionar legalmente en los inicios del fraude, acudió al juzgado por imperativo legal.
Su expulsión inmediata revela un modus operandi diseñado para evitar la trazabilidad legal de las sanciones.
Fuentes internas del sector confirman a Crónica Global que la directriz ante crisis reputacionales es "no dejar rastro". La comunicación de la baja al ahora exsocio se realizó exclusivamente por vía telefónica, desde número oculto, impidiendo el registro de la llamada.
Ante la solicitud de una notificación por escrito o burofax que motivase la expulsión, la respuesta fue el silencio administrativo y la devolución automática del último recibo.
"Me dicen que no puedo volver a pisar las instalaciones y me devuelven el recibo. No hay papel, no hay correo. Solo la orden verbal", denuncia el testigo.
Dos personas, entrenando en un gimnasio de la cadena DiR, del empresario Ramon Canela / Cedida
Esta práctica deja al socio en indefensión jurídica, dificultando demandas por discriminación al disfrazar la represalia política de simple baja administrativa.
La coartada legal
Este medio ha contactado con el equipo de Clubs DiR para contrastar las alegaciones sobre las bajas forzosas. En su respuesta, la entidad ha evitado abordar los casos específicos y se ha remitido al documento de Condiciones de Inscripción, Acceso y Uso, vigente desde marzo de 2025.
Según la compañía, su criterio sancionador se ampara en la cláusula 5.2 de dicho reglamento, que faculta a la dirección para expulsar definitivamente a cualquier socio que cause "perjuicios morales o materiales de gran relevancia para el Club, franquicia o para el Grupo DiR".
Bajo este epígrafe de "faltas muy graves", la normativa interna incluye conceptos tan interpretables como "mala fe", "engaño" o "ofensas verbales".
Esta redacción vaga permitiría a la gerencia encuadrar la declaración de un testigo en sede judicial —si esta contradice o daña la reputación de la marca— como un "perjuicio moral" estatutario, dotando de cobertura contractual a la acusación de "blasfemia" que Fresno recibió telefónicamente.
Asimismo, el reglamento estipula que la dirección puede suspender el acceso de forma provisional o permanente por incumplir cualquier "normativa interna o indicación hecha por el Personal del Centro", blindando administrativamente la discrecionalidad de los despidos.
El "Gran Hermano" en Telegram
La obsesión por el control del relato llevó supuestamente al grupo a extender su vigilancia al ámbito digital. Además del estallido de la estafa, la franquicia ya acumulaba quejas contra una agresiva política de financiación. La indignación cristalizó en la creación de un grupo de Telegram denominado "AFECTADOS PADEL DIR", que llegó a congregar a 840 miembros.
Lo que nació como herramienta de autoorganización se convirtió en una trampa. Según confirman testimonios directos, la dirección logró infiltrar a "tres o cuatro topos" en el chat para monitorizar las conversaciones en tiempo real.
El objetivo de este presunto espionaje era identificar a los perfiles más beligerantes y ejecutar acciones correctivas."Ese grupo se tuvo que desmantelar porque se metieron dentro para saber quién decía qué", explica el afectado con frustración.
Una captura de pantalla del grupo de Telegram "AFECTADOS PADEL DIR"
La psicosis provocó la disolución del gran grupo, obligando a los usuarios a fragmentarse en chats privados y herméticos, con filtros de seguridad extremos para evitar a los informantes.
Un club fantasma
Las fuentes consultadas enmarcan el caso de Fresno en una estrategia de "limpieza" de la disidencia. No se trata solo de silenciar a testigos del fraude, sino de erradicar cualquier crítica sobre el funcionamiento del centro.
El testigo también relata precedentes en los que grupos de usuarios de pádel fueron expulsados en bloque simplemente por quejarse del estado de las pistas. "Fueron a manifestar sus quejas varias veces y la respuesta de la gerencia fue señalarles: '¿Quiénes son? ¿Estos seis? Pues a la calle'. Y se los cargó también", detalla Fresno, quien califica el estilo de dirección de "dictatorial" e impropio de una entidad deportiva.
El resultado de esta política de mano de hierro ha sido devastador. Lo que hace dos años era un hervidero con torneos y una rotación diaria de 400 jugadores, se ha convertido en un escenario desangelado. Según estimaciones de los usuarios que resisten, apenas queda un reducto de 30 o 40 jugadores habituales en un ambiente enrarecido.