Parte de los acusados durante la vista de este lunes 19 de enero
La nulidad de las escuchas tumba el 'caso del Ferrari' y rebaja las penas a los Casuals
La caída de buena parte del material probatorio clave desemboca en un acuerdo avalado por la Audiencia de Barcelona
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Giro de guion en la causa del Ferrari Testarossa que sienta a varios miembros de los Casuals en el banquillo de los acusados.
El tribunal ha estimado la nulidad de las escuchas telefónicas, tal y como reclamaron las defensas en las cuestiones previas, lo que ha supuesto un golpe decisivo al armazón probatorio del caso.
Sentencia 'in voce'
La caída de ese material ha forzado un acuerdo de conformidad entre fiscalía, acusación y defensas, que ha rebajado de forma drástica las penas solicitadas: de condenas que oscilaban entre los dos y los nueve años de prisión a castigos que, en el peor de los casos, no superan los tres años de prisión.
La conformidad alcanzada entre las partes ha sido ratificada 'in voce' por el tribunal de la Sección 2ª de la Audiencia de Barcelona, que ha avalado el acuerdo en sala tras constatar el consentimiento expreso de todos los acusados, así como su oposición a recurrir dicha sentencia.
Entrada de la Audiencia de Barcelona, en una imagen de archivo
Penas de hasta tres años
De este modo, los dos principales acusados de extorsionar y presionar a dos empresarios catalanes mediante amenazas y de apropiarse de un Ferrari —A.R.A., que se encontraba en prisión preventiva por estos hechos, y L.A.M.— han sido finalmente condenados a un año y medio de prisión por cada uno de los delitos.
El resto de los encausados, acusados de un delito de receptación, se enfrentan a penas sensiblemente inferiores, que oscilan entre los tres y los seis meses de cárcel.
Las caras más conocidas
Entre los acusados figuraban varios de los nombres más conocidos de los Casuals, cuya comparecencia ha obligado a desplegar un importante dispositivo de seguridad de los Mossos d’Esquadra.
En especial, la presencia en sala de 'Paco el Gordo' —que cumple condena de prisión por el homicidio 'del Canapé'— ha motivado un refuerzo policial extraordinario en los accesos y el interior de la Audiencia para garantizar el normal desarrollo de la vista.
Francisco Pérez, alias 'Paco el Gordo' (izq), junto a David Pozzi
Pese a su notoriedad, su papel en este procedimiento ha sido secundario. A David Pozzi, Joel Junyent y Paco el Gordo --las tres caras más destacadas del grupo-- solo se les atribuía un presunto delito de receptación.
Pozzi y Paco han sido condenados a seis meses de prisión como coautores. En paralelo, Junyent ha podido abandonar el banquillo después de que la acusación particular retirara la acusación en su contra.
Responsabilidad civil
Pese a la rebaja de las penas, la responsabilidad civil se mantiene. En concreto, se ha fijado una cuota de 35.000 euros que deberá abonarse en favor de los perjudicados, fijadas en 18 cuotas.
No obstante, los acusados ya han consignado 100.000 euros en concepto de daños y perjuicios a favor de los dos empresarios afectados, una circunstancia que la fiscalía ha tenido en cuenta para apreciar la atenuante muy cualificada de reparación del daño.
También se mantienen las órdenes de alejamiento de los dos principales acusados con respecto a los dos empresarios perjudicados.
Nulidad de las escuchas
Así, a la sesión de este lunes, 19 de enero, se llega después de que durante la vista de cuestiones previas, celebrada en diciembre, los abogados de la defensa ya solicitaron la nulidad de las escuchas al considerar que se vulneraban derechos fundamentales.
El eje de la discusión se centró en la legalidad de la sonorización del vehículo de uno de los investigados. Las defensas sostuvieron que la medida carecía de la motivación exigida por la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al no cumplir —según expusieron— con los requisitos esenciales que deben amparar este tipo de intervenciones intrusivas.
El tribunal ha estimado finalmente esta tesis, al entender que la autorización de las grabaciones no detalló de forma suficiente el día, la hora, el lugar ni los motivos concretos que justificaban la intervención, ni acreditó su conexión directa con el avance de la investigación, tal y como exige la ley.
![Imagen de archivo de una manifestación de los Boixos Nois](["https:\/\/a2.elespanol.com\/cronicaglobal\/2023\/09\/27\/culemania\/culemaniacos\/797680514_8831025_320x180.jpg"])
Extorsiones y un Ferrari
Los hechos se remontan a octubre de 2022, cuando los dos principales acusados —A.R.A. y L.A.M.— se personaron en una tienda de animales de Lliçà de Vall (Barcelona).
Según el ministerio público, se identificaron como miembros de los Casuals --la facción criminal nacida de los Boixos Nois-- y reclamaron al dependiente una presunta deuda de 100.000 euros que su socio habría contraído con ellos por unos supuestos servicios de seguridad.
Como el socio no aparecía, le advirtieron de que debía hacerse cargo él mismo: "De aquí no sales hasta que pagues de algún modo", le habrían espetado.
Los Boixos Nois, en Sevilla, durante la final de la Copa del Rey entre el Barça y el Real Madrid Instagram
Según siempre la versión de la fiscal, el hombre accedió a entregarles un Ferrari Testarossa, que los acusados aceptaron como primer pago. No obstante, ese no fue el final: días después, regresaron al negocio para exigir otros 10.000 euros, alegando que habían evitado un ataque al local y por las gestiones de venta del vehículo.
Se repitió el patrón
El presunto patrón extorsivo se repitió semanas más tarde en Vilanova i la Geltrú, donde trabajaba el socio del primer denunciante. Allí los acusados habrían reclamado 20.000 euros por esos mismos servicios de seguridad.
Ante las amenazas de destrozarle el local, el empresario accedió a realizar varias transferencias de menor importe.
Pero el acoso —según la fiscal— continuó. Los acusados le exigieron otros 5.000 euros, acompañados de mensajes, llamadas y audios con amenazas de muerte atribuidas a A.R.A. En total, el empresario habría acabado transfiriendo más de 34.000 euros.
En cuanto al resto de los acusados, se les atribuye un presunto delito de receptación. La Fiscalía sostiene que, en connivencia con los dos principales procesados, habrían participado en la ocultación y posterior venta del Ferrari Testarossa.
