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Los vecinos de Martorell, una ciudad del área metropolitana de Barcelona, no dan crédito. Desde mediados de noviembre temen acercarse a una fuente pública de agua por el riesgo de ser multados.

El Ayuntamiento de Martorell aprobó a mediados de este mes una medida que ha encendido el debate público y social y que ya ha llegado hasta el Parlament: no se puede coger agua de la fuente.

La ordenanza es clara: “Se prohíbe utilizar fuentes públicas para acumular agua utilizando garrafas, botellas o artilugios de cualquier tipo que permitan su almacenaje”.

Eso implica que los vecinos que se acerquen a las fuentes municipales con una garrafa o botella de agua pueden acabar sancionados. La normativa contempla multas de hasta 750 euros.

Por qué se hace

El ayuntamiento, gobernado en coalición por Junts y PSC, justifica la medida alegando que la nueva Ordenanza de Convivencia Ciudadana busca combatir y dificultar la okupación de pisos ilegales.

Los vecinos no dan crédito. “Creo que hay otras medidas que pueden tomar para evitar este problema”, señalaba una vecina ante las cámaras de la televisión.

Un bien básico

Más allá de los okupas que acuden a las fuentes con botellas y hasta grandes bidones de agua, otros vecinos también hacen uso de las fuentes públicas cuando les es necesario.

Como recuerdan los contrarios a la medida, “no pueden hacernos pagar algo que es de primera necesidad”. Pero así ha sido.

El alcalde, Xavier Fonollosa, por su parte, defiende la medida. Asevera que en algunas fuentes públicas se ha visto a okupas que acuden “con carros y llenan garrafas de agua. Y en Martorell no queremos okupas”.

Su voluntad es entorpecer, dentro de lo que permite la ley, la ocupación ilegal de viviendas. Para algunos, también es una medida contra la inmigración, que también hace uso de estas fuentes públicas.

Qué dice el Ayuntamiento

Fonollosa niega la mayor, recuerda que la “convivencia es buena” y que esta medida solo busca evitar comportamientos de los okupas que están generando conflictos de convivencia vecinal.

Es cierto que a muchos no les parece “normal”. “Algunos vienen con furgonetas y llenan el maletero con bidones de agua”, critican en la televisión.

Familias vulnerables

¿Pero qué sucede con las familias vulnerables que también hacen uso de las fuentes públicas? Según el alcalde, nada. Alega que ya cuentan con ayudas públicas.

El alcalde recuerda que “no se corta el agua a nadie por motivos socioeconómicos”, sino que solo es una medida antiokupación.

No lo ven así la oposición y las entidades sociales. No están convencidos de que las personas en situación de vulnerabilidad no acaben sancionadas y han tomado medidas.

Los Comuns y Movem Martorell presentaron este jueves un escrito a la Sindicatura de Greuges de Catalunya para que intervenga. Consideran que la medida genera “una situación grave y sin precedentes” en el municipio y en Cataluña.

Denuncia ante la Sindicatura de Greuges

El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, que acudió a la sede de la Sindicatura a presentar la denuncia junto a la portavoz en Martorell, Laura Ruiz, pide a la cúpula de Junts que actúe y haga rectificar al alcalde de Martorell.

El mandatario de los Comuns, que también ha trasladado el escrito a la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) y al Govern, sostiene que la ordenanza municipal contraviene el ordenamiento jurídico y busca “competir con la extrema derecha”.

Críticas al PSC

Tampoco ha olvidado al PSC en sus críticas, ya que gobierna en coalición en el ayuntamiento del Baix Llobregat. “No tiene ningún sentido que una fuerza democrática plantee hoy limitar y querer multar a quien no tiene acceso al agua”, denuncia.

Ruiz ha ido más lejos en sus críticas y alerta de que, de prosperar, Martorell puede convertirse en un laboratorio de las políticas más macabras de la extrema derecha.

“Si no detenemos ahora esta aprobación, puede que de aquí a las elecciones de 2027 nos encontremos una ola de alcaldes diciendo absolutas tonterías, a ver quién la dice más gorda”, sostiene.

A las acusaciones de los Comuns se ha añadido ERC, que este mismo 27 de noviembre ha presentado una propuesta de resolución en el Parlament para que se debata sobre la legalidad de la ordenanza de Martorell en la Comisión de Derechos Sociales.

ERC lleva la medida al Parlament

Los republicanos apuntan que es obligación de la Generalitat garantizar el acceso universal y no discriminatorio al agua.

Recuerdan que se trata de un bien común y un derecho esencial, y que cualquier regulación municipal sobre el uso de las fuentes públicas debe basarse “en criterios de salud pública, sostenibilidad y equidad”, y en informes técnicos, procesos participativos y transparencia.

Medidas al Govern

También reclaman al Govern fomentar un modelo de gestión pública y comunitaria del agua para garantizar el acceso a ella de todas las personas.

En vez de medidas punitivas y restrictivas, ERC apuesta por realizar campañas informativas y educativas sobre consumo responsable y sobre el valor social y ambiental de las fuentes públicas.

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