La tensión entre la Policía Local y el Ayuntamiento de Granollers continúa escalando. Tras meses de desencuentros y negociaciones fallidas, los sindicatos UGT y SPL-CME han interpuesto una demanda judicial contra el consistorio por la presunta vulneración del derecho fundamental a la libertad sindical.
El detonante fue el comportamiento del inspector temporal de la Policía Local, quien recurrió a la Policía Científica de Mossos d'Esquadra para intentar identificar al agente que colocó un cartel crítico con su gestión en un panel sindical protegido por cerradura.
Ambas organizaciones han confirmado que el caso ya se tramita en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 11 de Barcelona.
Buscando huellas dactilares
Se trata del último episodio de un conflicto laboral enquistado, que Crónica Global desveló en exclusiva el pasado mes de agosto.
El nuevo inspector de la Policía Local ordenó la retirada inmediata de un cartel sindical. Ante la negativa de los delegados, activó a la Policía Científica de Mossos para levantar huellas dactilares, previa orden de forzar el cristal del panel, pese a que la jefatura disponía de copia de las llaves.
Para los sindicatos, fue una actuación “desproporcionada”, que podría constituir un abuso de autoridad, un intento de censura y un posible tráfico de influencias.
Imagen detalle de un agente de la Policía Científica de Mossos d'Esquadra
Presuntas amenazas y coacciones
El cartel en cuestión, dirigido a trabajadores interinos, ponía en duda las promesas de estabilización laboral lanzadas por el Ayuntamiento y recordaba que el propio inspector también ocupa un puesto interino.
Pese a que el contenido no contenía insultos ni amenazas, el mando policial consideró que atentaba contra su honor y exigió su retirada en un plazo de seis horas, amenazando a los delegados con denuncias por injurias y coacciones.
Lejos de quedarse ahí, el inspector advirtió por escrito de que instalaría cámaras de videovigilancia en las zonas donde aparecieran carteles de contenido similar. Días después, colocó la primera en la sala de briefing, un espacio compartido con otros colectivos municipales.
Para los sindicatos, esta medida supuso un claro intento de control y vigilancia de la actividad sindical, algo que califican de “intolerable”.
Silencio administrativo
Tras el incidente, los sindicatos reclamaron a la alcaldesa, por la vía formal, la restitución del uso del tablón sindical, del cartel retirado y garantías de respeto a sus derechos fundamentales.
Agente de la Policía Local de Granollers durante un 'briefing' con Mossos d'Esquadra
La ausencia de respuesta por parte del consistorio derivó, finalmente, en la presentación de la demanda judicial el pasado 21 de octubre.
Según denuncian, no es un hecho aislado. Ya el pasado 1 de abril, primer día del inspector frente al cuerpo, se produjeron --afirman-- las primeras faltas de respeto hacia la representación laboral, lo que derivó a pedir la apertura de un expediente disciplinario. Ahora, el conflicto escala a los tribunales.
Recortes operativos y de personal
Mientras la crispación crece dentro del cuerpo, los sindicatos alertan de un modelo de dirección con el que no se sienten representados.
Desde su llegada, el inspector ha impulsado recortes operativos y de personal, como la reducción de patrullas, recortes del 50% en la atención ciudadana y el cierre de la comisaría por las noches, fines de semana y festivos.
A esto se suma, según denuncian los representantes laborales, una estrategia para crear una plaza a medida del actual inspector.
La propia Dirección de Recursos Humanos del Ayuntamiento habría desmentido las afirmaciones del jefe policial sobre una futura plaza de intendente con mayor salario por la misma función.
Agentes de la Policía Local de Granollers durante un registro
Malestar 'in crescendo'
Este malestar se vive desde hace años. De hecho, según datos de los sindicatos policiales, más del 15% de las plazas de la comisaría de Granollers llevan vacantes desde 2023 y, actualmente, siguen sin cubrirse.
Hasta ahora, el cuerpo lograba mantener los turnos gracias a las horas extra. Pero con la situación actual, de máxima tensión, ese parche ha saltado por los aires.
“La gente se cansa de hacer tantas horas extra. Son voluntarias, salvo en casos de fuerza mayor. Todos tenemos un límite: también tenemos familia y hay que conciliar”, lamentan. La consecuencia resultó inmediata: en un turno de mañana de este verano, más de 30 servicios quedaron sin cubrir.
Dimisión del concejal
En este contexto de desgaste absoluto, los sindicatos han vuelto a pedir públicamente la dimisión del concejal de Seguridad Ciudadana. Se quejan de que el edil lleva años ausentándose de las reuniones con los representantes de la plantilla: "Un abandono de funciones sin precedentes", denuncian.