Antonino V., la Marina Botafoch de Ibiza y un carabiniero
"Me okuparon el local y he terminado condenado por coaccionar al juez"
Un aristócrata belga que denunció a la Camorra por ocupar su negocio en Ibiza acaba sentenciado por presionar al magistrado que llevaba su causa
Antecedentes: "La Camorra ha okupado mi negocio de Ibiza y lo ha convertido en un almacén de droga"
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Lo que comenzó como una denuncia por okupación y presunta actividad mafiosa en uno de los epicentros del lujo ibicenco ha acabado con una condena penal por coacciones, calumnias e injurias.
El Juzgado de lo Penal número 1 de Ibiza ha condenado a Luc Louis C., un aristócrata belga de 78 años, y a su letrado por presionar e injuriar al juez que tramitaba su causa civil por la okupación de su local en Marina Botafoch, el puerto más exclusivo de la isla balear.
De víctima de okupación a acusado por coacciones
El caso tiene su origen en 2018, cuando Luc Luis C. denunció que una mujer y varios individuos vinculados a un restaurante vecino habían ocupado ilegalmente su local, adquirido años antes por 300.000 euros.
El local ilegalmente okupado visto desde el aire
El espacio, según relató el pasado enero a Crónica Global, fue usurpado mediante documentación falsa y, más tarde, utilizado como almacén de drogas y coches de lujo, una práctica que él atribuye a personas vinculadas con la Camorra italiana.
Durante años, el empresario interpuso más de veinte denuncias ante distintos juzgados de Ibiza, Palma y Madrid, sin lograr recuperar su propiedad.
La frustración derivó en una escalada de enfrentamientos judiciales que ahora le ha llevado al banquillo.
Campaña de presión contra el magistrado
Según la sentencia, entre enero de 2022 y enero de 2023, los ahora acusados enviaron 16 correos electrónicos y una carta manuscrita al juzgado, dirigidos al magistrado Sergio González Malabia, entonces juez decano de Ibiza. En ellos le exigían la ejecución inmediata de una resolución que él mismo había dictado y, al no recibir respuesta favorable, le acusaron de tener actitud prevaricadora y de ser poco imparcial.
Pese a las advertencias judiciales, los mensajes continuaron e incluyeron duras críticas y expresiones irreverentes. La presión se trasladó también al ámbito público: el demandante y su letrado difundieron un vídeo y un artículo en un medio local donde ponían en duda la imparcialidad del juez y cuestionaban la integridad del sistema judicial ibicenco.
La sentencia
El tribunal considera acreditado que ambos actuaron "con ánimo de intimidar y desprestigiar al magistrado", afectando el desarrollo normal de su función judicial. Por ello, los condena por coacciones, calumnias e injurias, un fallo que el propietario y su abogado recurrirán en segunda instancia.
La resolución impone a cada uno 18 meses de multa por coacciones y calumnias, más 10 meses por injurias, con cuotas diarias de 10 euros, además del pago de las costas procesales. En caso de impago, se aplicará el artículo 53 del Código Penal, que prevé la sustitución de multa por privación de libertad.
El tribunal rechaza los argumentos de nulidad planteados por la defensa y subraya que los acusados fueron debidamente informados y asistidos durante el proceso. Asimismo, considera que no existía denuncia formal por prevaricación contra el juez, lo que confirmaría el carácter difamatorio de las acusaciones.
Una batalla judicial sin final
El conflicto de fondo —la okupación del local 309 de la plaza de Levante, en Marina Botafoch— continúa abierto en otras instancias. El aristócrata mantiene que el inmueble fue ocupado fraudulentamente por una red vinculada al restaurante Il Giardinetto d’Eivissa, que habría ampliado sus instalaciones aprovechando el espacio contiguo.
Exterior de Il Giardinetto d'Eivissa
El propio local figura vinculado a Antonino V., un empresario italiano detenido en 2020 en Catania durante una operación contra la Camorra por tráfico de drogas, extorsión y uso de testaferros.
Desde la concesionaria Ocibar, gestora del puerto deportivo, aseguran que desconocían la existencia de una okupación, aunque reconocen que el restaurante amplió sus instalaciones en los últimos años. Los responsables del establecimiento, por su parte, han negado cualquier actividad ilícita y sostienen que operan bajo contratos de arrendamiento legales firmados en 2019.
"Las instituciones no me protegen"
En declaraciones previas a este medio, Luc Louis C. lamentaba que las instituciones no le "protegen", le "desamparan"; incluso le "han denunciado". Aseguraba temer por su seguridad y rechaza recurrir a empresas de desalojo por la posible implicación de grupos criminales.
Mientras tanto, continúa pagando impuestos por un local que nunca ha podido usar y viendo cómo otros lo explotan a diario.
