Montaje de una plantación 'indoor' de la marihuana con un cordón policial
A prisión por pinchar la luz: el plan para frenar las mafias de la marihuana en Cataluña
La Fiscalía de Barcelona propone endurecer las penas por defraudación del fluido eléctrico y que, de este modo, las multas actuales se conviertan en penas firmes de cárcel
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Desde hace unos años —fuentes policiales apuntan a que desde 2017— Cataluña se ha convertido en “la huerta de marihuana de Europa”; un título que refleja no solo el incremento de la producción de esta droga, sino también el auge de las organizaciones criminales que han desembarcado en esta comunidad.
“En Cataluña, exportamos marihuana e importamos crimen organizado”, lamentaba ya en 2019 el entonces portavoz de los Mossos d’Esquadra, el comisario Juan Carlos Molinero.
La laxitud de la ley en comparación con otros países cercanos, unido a una posición geográfica estratégica y a las conexiones con el resto del continente, ha provocado que mafias de todo el mundo encuentren en esta región la base idónea para instalarse.
Así, Cataluña se ha convertido en un hub europeo del cultivo indoor, con naves industriales y pisos camuflados en barrios y polígonos, enganchados de forma fraudulenta a la red eléctrica, que provocan cortes de suministro vecinales, incendios y una carga policial constante.
A prisión por pinchar la luz
Ante este escenario, no sorprende que la Fiscalía de Barcelona haya propuesto endurecer la respuesta penal.
En concreto, el ministerio público plantea reformar el artículo 255 del Código Penal para que pinchar la luz con destino a plantaciones de marihuana conlleve prisión en lugar de multa, especialmente en el caso de cultivos a gran escala o vinculados a organizaciones criminales.
Hoy en día, estas conductas se castigan casi siempre con sanciones económicas, una situación que la Fiscalía considera un auténtico “efecto llamada” para las redes internacionales.
Plantación de marihuana en el sótano de una casa en Sant Andreu de Llavaneres EUROPA PRESS
Un ejemplo de esta realidad se vio el pasado marzo, cuando los Mossos d’Esquadra desmantelaron dos plantaciones en el área de Barcelona y detuvieron a 13 personas, acusadas de tráfico de drogas y defraudación masiva de fluido eléctrico.
Los investigadores calcularon que el fraude en la red superaba los 600.000 euros. La condena por la defraudación del fluido eléctrico quedó en una multa de 3 euros diarios durante 3 meses. En total, 270 euros.
Fraude en auge
La magnitud del problema es difícil de ignorar. Según datos de Endesa, en 2024 se detectaron 22.784 fraudes eléctricos en Cataluña, un incremento del 41,5% respecto al año anterior.
Del total de casos, 722 estaban relacionados con plantaciones de marihuana, representando el 26% del total de la energía robada en Cataluña.
Lejos de remitir, el fenómeno se disparó aún más durante este 2025: solo en el primer semestre, la compañía registró más de 32.000 fraudes.
El 'top 3' defraudadores de energía
El mapa del fraude dibuja una geografía muy clara: Girona, Montcada i Reixac e Igualada encabezan el crecimiento de los enganches eléctricos vinculados a marihuana.
La mayoría de los cultivos se ocultan en naves industriales de polígonos cercanos a los grandes corredores logísticos —AP-7 y A-2—, que permiten a las organizaciones exportar el producto hacia el norte de Europa con rapidez y discreción.
Esta red convierte a Cataluña no solo en productora, sino también en plataforma de distribución internacional.
Una agente de los Mossos d'Esquadra en la plantación de marihuana localizada en un domicilio de Gelida
La provincia de Girona es el espejo más nítido de la crisis. En 2024 se defraudaron 36,3 millones de kWh, y el 41,5% de esa energía estaba directamente asociada a plantaciones de cannabis.
En municipios como Riudarenes o Ripoll, el peso del cultivo indoor sobre el fraude eléctrico alcanzó picos extremos, rozando prácticamente el total de los casos detectados.
![Okupar para cultivar](["https:\/\/a2.elespanol.com\/cronicaglobal\/2025\/01\/28\/vida\/919918124_14034426_320x180.jpg"])
Daños colaterales
El coste social de este fenómeno va mucho más allá de las cifras. Los cortes de luz provocados por los enganches masivos afectan a miles de vecinos y la capacidad logística policial está al límite.
Comisarías como la de Les Borges Blanques (Lleida) se han visto colapsadas al tener que custodiar miles de plantas intervenidas a la espera de su destrucción. Una consecuencia más de un negocio ilícito que no solo enriquece a las mafias, sino que también degrada la vida cotidiana de muchos municipios catalanes.
Plantas de cannabis, a la espera de ser destruidas en la comisaría de Mossos de Les Borges Blanques
Revertir la impunidad
Con estas medidas, la Fiscalía pretende endurecer las penas y revertir los datos actuales de ingresos en prisión. El propio Josep Lluís Trapero, Director General de la Policía de la Generalitat, lo resumía con crudeza: “De los 2.000 detenidos al año por marihuana, solo un 10% ingresa en prisión provisional”.
Un reflejo de la escasa respuesta penal frente a un fenómeno que mueve millones y que ha situado a Cataluña en el mapa europeo del narcotráfico.
“Las consecuencias legales son mínimas porque sigue viéndose como una droga blanda, y no es cierto”, alertó Trapero. La reforma del Código Penal busca precisamente romper ese espejismo y enviar un mensaje claro a las mafias: cultivar marihuana en Cataluña ya no será un negocio de bajo riesgo.
