Ropa de segunda mano Europa Press
Las pymes de moda catalana se rebelan contra el Gobierno por la nueva ley de residuos
Se unen a las voces críticas del sector textil sobre el borrador del real decreto que regula la gestión de los desechos de tejidos y de calzado en España
La normativa trata de disminuir la huella ambiental de esta industria mediante acciones de prevención, reutilización y reciclaje
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España prepara una normativa para gestionar los residuos textiles y de calzado, en línea con las directivas europeas de sostenibilidad. La propuesta ha desatado críticas de empresas y asociaciones, que alertan de costes añadidos y medidas poco realistas. Entre ellas, la pequeña textil catalana, que alerta de la falta de concreción sobre cómo se regularán realmente estos residuos y que podría generar "desequilibrios" en el mercado.
El real decreto, cuyo borrador está en consulta pública hasta el 4 de septiembre, trata de reducir el impacto ambiental del sector textil y de calzado con medidas de prevención, reutilización y reciclaje. También establece que los productores asuman mayores responsabilidades bajo el principio de 'quien contamina, paga'.
Este compromiso implica que los productores deben hacerse cargo de todo el ciclo de vida de sus productos, desde el diseño hasta la gestión de los residuos, además de cubrir los costes de la recogida, transporte y tratamiento.
Situación alarmante
La ordenanza llega en un momento en que los residuos textiles no paran de crecer en Europa. Según un informe de la Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA), cada ciudadano comunitario compró 19 kilos de ropa en 2022 y desechó 16, (en conjunto sumó casi 7 millones de toneladas ese año, una cifra que sube a 12,6 millones en la actualidad)
En Cataluña, el problema es aún mayor: la Agencia de Residuos de Cataluña cifra en 22 kilos los residuos textiles que genera cada persona al año, de los cuales solo 2,3 kilos (el 11%) se recogen de forma selectiva. En la mayoría de hogares de España los textiles siguen yendo a la fracción de rechazo, sumando 147.000 toneladas de desechos sin reciclar.
Rol pasivo
Hasta ahora, España no contaba con una legislación específica para gestionar los residuos textiles, y era principalmente la economía social, a través de entidades solidarias, la que se encargaba de ello.
Pero, a partir de enero, la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular (7/2022) obliga a implementar un sistema de recogida selectiva de residuos textiles y calzado. De ahí surge el nuevo borrador del Real Decreto del Gobierno, a cargo del Ministerio para la Transición Ecológica.
"Demasiado control"
"El proyecto es necesario, pero el texto presenta debilidades importantes. Aunque se proponen medidas como bonificaciones por ecodiseño y se plantea financiar toda la gestión del residuo, falta concreción sobre cómo se gestionará realmente estos residuos", critican desde la Asociación Moda Sostenible Barcelona, que agrupa a varios diseñadores, proveedores de materias primas, tiendas, entre otros agentes del sector en la ciudad.
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Además, el colectivo se suma a la cadena de ropa second-hand Humana para sostener que el borrador otorga "demasiado control" a los SCRAP (sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor), sin fijar reglas claras, lo que pondría concentrar el mercado y dificultar la entrada de nuevos actores.
Obligación
Los SCRAP son básicamente conjuntos de empresas que financian y organizan la recogida, reutilización y reciclaje de los productos de moda y calzado cuando llegan al final de su vida útil.
Con la nueva normativa, todos los productores estarán obligadas a gestionar sus desechos a través de estas redes, sin posibilidad de hacerlo de forma individual. Asimismo, el borrador asigna a las comunidades autónomas la tarea de supervisar que los SCRAP funcionen y utilicen los recursos de manera adecuada.
Desequilibrio
El detalle está en que, bajo esta norma, los SCRAP tendrían gran poder para decidir cómo se gestionan los residuos, lo que podría permitirles favorecer sus propios canales o aliados, dejando fuera a pequeños gestores y dificultando la participación de las pymes.
Los elevados costes de inscripción y los requisitos para formar parte de un SCRAP complican todavía más el acceso de los pequeños textiles.
"Esto puede crear desequilibrios en el mercado, favorecer a unos pocos operadores", lamenta la asociación barcelonesa consultada, recordando que un modelo similar en Francia no ha funcionado bien.
Colapso francés
En julio pasado, el Gobierno francés tuvo que destinar 49 millones de euros para mantener a flote su red de reciclaje textil ante las protestas por la financiación insuficiente.
El conflicto se centra en Refashion, el organismo que gestiona las tasas, que aportaba solo 156 euros por tonelada gestionada cuando el coste real era de 304, lo que cubría apenas la mitad del sistema. La mala distribución de estos fondos y la escasa actualización frente a la inflación han demostrado que este sistema de recogida no ha funcionado como se esperaba.
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Cataluña
Desde el sector textil catalán resaltan que la comunidad dispone de un tejido empresarial sólido en moda sostenible y reciclaje, con empresas con experiencia en la circularidad del textil.
Aun así, el borrador de la normativa no contempla ni apoya estas realidades y plantea un modelo que podría centralizar las decisiones en apenas dos SCRAP de alcance estatal, limitando la capacidad de gestión y planificación local.
En este escenario, el plan "puede suponer más burocracia y costes sin retorno. Si no se definen claramente los incentivos al ecodiseño, la durabilidad o los modelos circulares, las marcas sostenibles podrían quedar en desventaja frente a otras que no internalizan los costes ambientales reales", indican desde el colectivo barcelonés de moda.
Poca claridad
Otro punto polémico es la figura del operador de reutilización, un nuevo actor que aparece en el borrador y cuya función sería recoger y clasificar ropa para darle una segunda vida.
El problema es que no hay reglas claras sobre cómo debe actuar ni controles sobre su trabajo, lo que podría provocar que parte de la ropa se gestione de forma poco transparente o irresponsable, critica Humana en un comunicado.
Más vacíos
El proyecto también favorece a Empresas de Inserción y Centros de Empleo, limita la competencia y deja fuera a otros gestores: "En lugar de asegurar que todos los actores compitan en igualdad de condiciones, dan prioridad a ciertos tipos de entidades por su forma jurídica, no por la calidad o el impacto de su trabajo", declara la asociación consultada.
Además, el texto no reconoce la exportación de ropa usada, plantea formas de financiación poco viables y deja confusos los criterios de “coste-eficiencia”, generando un sistema desigual para quienes quedan fuera.
Objetivos ambiciosos
La normativa que prepara el departamento dirigido por Sara Aaegesen fija metas muy altas para reducir los residuos textiles y de calzado: un 5% menos en 2030 y un 10% menos en 2035 respecto a los niveles de 2027; asi como establece que la recogida separada debe alcanzar al menos el 50 % de los residuos en 2030.
Una tienda de la cadena de ropa de segunda mano Humana Europa Press
Fuentes del sector advierten a Modaes que obligar a los productores a asumir la gestión de toda la fracción de residuos podría complicar el reciclaje efectivo, y que los objetivos resultan exigentes si se busca recoger la mayor cantidad posible de desechos.
La aprobación del real decreto no se espera hasta finales de 2025 o incluso de 2026, mientras el sector a nivel nacional se ha mostrado descontento por las lagunas presentes, sobre todo por su impacto en las pymes y su aplicabilidad.
