Estefanía Ramos, la presunta ‘reina del fraude inmobiliario’, se enfrenta a su primer juicio por estafa

Estefanía Ramos, señalada en distintos círculos económicos y judiciales como una de las presuntas estafadoras más activas del área metropolitana de Barcelona, se sentará por primera vez en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Barcelona.

Lo hace como presunta autora de un delito continuado de estafa agravada y falsedad documental, en el marco de una compleja trama de inversiones inmobiliarias que, según la Fiscalía, habría captado cientos de miles de euros de forma ilícita entre 2014 y 2016.

Junto con Ramos, cuyo nombre aparece como figura recurrente en otras operaciones presuntamente fraudulentas del mercado inmobiliario, otras cuatro personas se sentarán ante el tribunal de la sección 8 para responder por su implicación en una supuesta red dedicada a captar fondos de inversores mediante la simulación de compraventas, reservas y participaciones en inmuebles a los que no tenían acceso real.

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La maniobra de fraude

El escrito de acusación de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Crónica Global, describe una red delictiva basada en la captación de inversores interesados en adquirir propiedades supuestamente procedentes de subastas judiciales o procesos concursales a precios "muy ventajosos".

Aunque los pisos ofertados existían, los acusados no tenían acceso legal alguno a ellos, ni las sociedades con las que operaban estaban activas. Además, los contratos que presentaban —arras, reservas o préstamos entre particulares— carecían de validez alguna. 

El objetivo era claro: simular legalidad para obtener transferencias bancarias por importes elevados y desviar los fondos con rapidez hacia cuentas controladas por los implicados.

Hasta seis operaciones fraudulentas

Entre los episodios detallados por la Fiscalía de Barcelona destaca la simulación de una reserva de 11 pisos en la calle Calvet de Barcelona por los que una víctima entregó 180.000 euros.

En otro caso, se ofreció en falso un edificio entero en la calle Diputació, también en la capital catalana, por el que se transfirieron 500.000 euros tras la entrega de un contrato simulado.

La Audiencia de Barcelona, en una imagen de archivo DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

En paralelo, también se ofrecieron participaciones en edificios, reservas sobre viviendas en la calle Aragón y operaciones en apariencia seguras, que solo existían sobre el papel. Los acusados falsificaban documentos, membretes bancarios, contratos de cesión y escrituras, y se apoyaban en una red de testaferros para ocultar su rastro.

Compras y gastos personales

La Fiscalía recoge cómo los acusados retiraban grandes sumas en metálico: solo entre junio y octubre de 2015, extrajeron más de 167.000 euros desde cajeros automáticos. Parte del dinero fue destinado a la compra de vehículos de alta gama —un MINI Coupé o un Range Rover— cargados a las cuentas de sociedades pantalla.

Otras cantidades fueron transferidas a terceros bajo la apariencia de servicios de consultoría o inversiones deportivas, sin que exista justificación documental ni económica de los movimientos. En paralelo, se entregaban documentos falsos para tranquilizar a las víctimas y mantener el engaño activo durante meses.

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Seis años para Estefanía Ramos

Por todo ello, el Ministerio Público solicita para Estefanía Ramos una pena de seis años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y una multa de 12 meses.

Para sus dos principales colaboradores, la petición es de cuatro años de cárcel, y para otros dos acusados secundarios, que habrían participado en fases puntuales de la trama, se pide dos años de prisión.

Todos ellos deberán responder conjuntamente por una responsabilidad civil de cientos de miles de euros, que deberá abonarse tanto a las víctimas particulares como a representantes de distintas sociedades perjudicadas. Varias empresas vinculadas a los acusados han sido señaladas como responsables civiles subsidiarias.

El caso que salpicó a la ANC

Este juicio no será el único frente penal para Ramos. Su nombre ha aparecido ya vinculado a otras triquiñuelas del submundo inversor catalán, siendo la más sonada aquella que salpicó a candidaturas de la Assemblea Nacional Catalana y a las cámaras de comercio de Terrassa.

En ese caso, que también se juzgará en la Audiencia Provincial de Barcelona a partir del próximo mes de noviembre, Ramos era socia de uno de los aspirantes a la Cámara de Terrassa, con quien terminó heredando una sociedad mercantil de otro candidato.

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La investigación reveló una red de sociedades instrumentales y testaferros presuntamente creada para captar fondos bajo la promesa de inversiones inmobiliarias que nunca se materializaron. La Fiscalía solicita en ese caso una indemnización cercana a los dos millones de euros, en favor de seis inversores privados que afirman haber sido estafados.

El sospechoso 'black friday' inmobiliario 

Además, la Fiscalía de Barcelona investiga otra presunta estafa vinculada a Ramos, esta vez relacionada con un evento inmobiliario celebrado en octubre de 2023 en el restaurante Pista Central del DIR Pádel de Sant Cugat, propiedad de la cadena dirigida por Ramón Canela.

Imagen de un momento del Black Friday House en el DIR Sant Cugat en 2023 CG

El evento, promocionado como un “Black Friday inmobiliario”, reunió a inversores privados a los que se ofrecieron inmuebles a precios rebajados, con promesas de entrega inmediata y alta rentabilidad. Ramos fue la cara visible de la presentación.

Sin embargo, según la denuncia presentada ante el Ministerio Público, ninguno de los activos ofrecidos llegó a manos de los compradores, repitiéndose el mismo modus operandi: promesas irreales, documentación dudosa y desaparición de los fondos.