Espadaler, sobre el 'caso Cellex': “Nos personaremos para proteger mejor los intereses de las fundaciones de Pere Mir"

La Generalitat de Cataluña ha decidido personarse como acusación particular en la causa penal abierta contra los tres albaceas testamentarios investigados por la presunta apropiación indebida del legado del empresario y mecenas Pere Mir.

Así lo ha confirmado el conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, en una entrevista con Crónica Global: “Solo si nos personamos podremos ejercer una buena tutela de las fundaciones que ahora tenemos a nuestro cargo”.

La intervención del Govern se produce después de que, el pasado abril, el Servicio de Supervisión y Protectorado de Fundaciones —dependiente del Departamento de Justicia— asumiera la gestión de las fundaciones privadas Cellex y Mir Puig, así como de cuatro sociedades mercantiles vinculadas a ambas entidades.

El juzgado estima en 6,2 millones las pérdidas por la mala gestión del legado de Pere Mir

La decisión fue adoptada por la titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Barcelona, Myriam Linage, quien ha valorado en 6,2 millones de euros el presunto perjuicio causado por la mala gestión de los albaceas.

Ramón Espadaler, 'conseller' de Justicia, durante la entrevista con Crónica Global GALA ESPÍN Barcelona

Control temporal y tutela reforzada

La asunción del control por parte del Protectorado es una medida cautelar con la que la magistrada busca garantizar el buen funcionamiento de las fundaciones mientras dure la investigación. A juicio de Espadaler, este paso “no solo refuerza el ejercicio de la tutela por parte de la Administración, sino que también lanza un mensaje claro de que la justicia funciona”.

El conseller defiende la decisión de personarse como parte en el procedimiento penal porque, según sostiene, “nos permitirá acceder a toda la información y ejercer una mejor tutela y administración de estas dos fundaciones durante este proceso”.

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Una excepción, no una norma

Cataluña cuenta con cerca de 2.000 fundaciones activas. En este sentido, Espadaler ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad y confianza al sector: “Lo ocurrido con Cellex y Mir Puig es una circunstancia única y excepcional. No debe generar un efecto dominó ni sembrar dudas sobre el conjunto del tejido fundacional”.

El titular de Justicia y Calidad Democrática ha puesto en valor el papel que desempeñan estas entidades en múltiples ámbitos sociales, culturales y científicos del país: “Cataluña necesita a sus fundaciones. Representan una riqueza extraordinaria para la sociedad. Cuando se detecta una disfunción, la Administración tiene el deber de intervenir, pero sin desprestigiar al conjunto”.

Esquema del quién es quién en el 'caso Cellex' Crónica Global

“La Administración responde”

Espadaler subraya que la intervención en el caso Cellex demuestra que “la Administración asume sus responsabilidades de tutela y responde ante posibles irregularidades”. Y recuerda que será la jueza instructora quien tenga la última palabra sobre la personación formal de la Generalitat.

Mientras tanto, el Govern continuará al frente de la gestión de Cellex y Mir Puig para garantizar la transparencia y proteger el legado de Pere Mir, un empresario y filántropo catalán, fallecido en 2017, cuya voluntad, según apuntan los investigadores, pudo haberse visto vulnerada por quienes debían velar por su cumplimiento.

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El origen del 'caso Cellex'

El caso Cellex estalló en abril cuando se supo que el Protectorado había asumido el control de las fundaciones Cellex y Mir Puig tras un requerimiento judicial. Después, Crónica Global pudo averiguar que la jueza instructora también había ordenado la detención de los tres albaceas: Jordi Segarra, Josep Tabernero, director del Instituto de Oncología del Hospital Vall d’Hebron (VHIO), y el abogado Juan Francisco Capellas.

Jordi Segarra (izq.) y Josep Tabernero (d), dos de los tres investigados por el presunto desfalco de la fundación Cellex Crónica Global

Todos ellos fueron arrestados el 16 de abril por agentes de la Unidad Antiblanqueo de los Mossos d'Esquadra. La juez considera que las tres personas investigadas habrían actuado persiguiendo beneficios propios o de terceros, reteniendo o desviando recursos que deberían haber sido entregados a las fundaciones, atribuyéndoles los presuntos delitos de administración desleal y apropiación indebida.

La denuncia de Àngel Surroca

Cabe recordar que fue Àngel Surroca, mano derecha de Mir en su etapa en Derivados Forestales, el primero en denunciar públicamente la presunta mala praxis de los actuales gestores de las fundaciones que dejó Pere Mir. Una sospecha que primero plasmó en su libro De la fusta a la fusta. La historia del grupo Derivados Forestales (1942-2006), y que poco después elevó ante la justicia.

Por el momento, la justicia ha tasado en 6,2 millones de euros el perjuicio económico, de los cuales unos 2,2 millones corresponderían a la Fundación Privada Cellex. Los investigadores apuntan como cebrebro del entramado a Segarra, quien podría haberse beneficiado personalmente con casi 288.000 euros.

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En cuanto a Tabernero, los investigadores señalan que habría recibido como donación un inmueble y varias plazas de aparcamiento en la exclusiva urbanización La Pleta de Baqueira-Beret. Y Capellas habría recibido, en una maniobra similar, un ático y un sobreático en la aposentada y residencial avenida de Budé, en Ginebra.