La Generalitat indemnizará con 40.000 euros a la familia de la cocinera asesinada por un preso en Mas d'Enric

La Generalitat de Catalunya indemnizará con 40.400 euros a los familiares de Núria López, la cocinera de la cárcel de Mas d'Enric asesinada por un preso que cumplía condena por homicidio el 13 de marzo de 2024.

La conselleria de Justícia i Qualitat Democràtica reconoce ahora el daño que ha sufrido la familia de la cocinera de esta prisión ubicada en el municipio tarraconense del Catllar, a raíz del funcionamiento del servicio público penitenciario y de las "disfunciones detectadas", según ha avanzado El País.

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El departament abrió un procedimiento administrativo para evaluar la cuestión después de que los primos de la trabajadora fallecida interpusieran una reclamación patrimonial, la cual ha concluido al acordar la Generalitat la declaración de su derecho a ser indemnizados económicamente, con 40.4000 euros, calculados conforme a "los baremos y criterios que marca la jurisprudencia".

No se determinaron responsabilidades

Tras el asesinato de la mujer, el juzgado incoó unas diligencias previas, tras las cuales se decretó el sobreseimiento provisional del caso y el posterior archivo. En la interlocutoria de archivo de la causa no se determinó ninguna responsabilidad penal, más allá de la del preso que asesinó a Núria y que, posteriormente, se suicidó.

El interno que mató a la cocinera cumplía una condena de 11 años de cárcel por el asesinato confeso a puñaladas de una mujer prostituida en 2016, y la privación de libertad expiraba en 2027.

Desde el 2018 y en el marco del itinerario enfocado a la reinserción, el preso realizaba labores comunitarias en la cocina de la prisión, donde mató a la cocinera con arma blanca y luego se suicidó. El personal de la prisión encontró primero el cadáver del recluso, y cuando buscaban a la mujer para informarle del hallazgo localizaron también su cuerpo.

Medidas de prevención

Justícia subraya que, desde el departamento, se han adoptado varias medidas de seguridad y organizativas para prevenir que se pueda volver a producir un episodio como este: en septiembre del año pasado entró en vigor la circular 1/2024, por la cual se redefinían los criterios de distribución de tareas entre los internos y se impedía que los penados por delitos de extrema violencia puedan acceder a objetos peligrosos.

La conselleria "está totalmente comprometido con la seguridad de los funcionarios de prisiones y trabaja para mejorar las garantías que lo hacen posible, como por ejemplo el reconocimiento de la condición de agentes de la autoridad, una medida que se encuentra en tramitación parlamentaria", afirman.