Un despacho catalán asume la acusación del 'caso Supercopa' y busca llevar a Rubiales y Piqué a juicio

El llamado caso Supercopa ha comenzado a salir del bloqueo judicial en el que llevaba meses estancado. El impulso ha llegado con la incorporación del bufete barcelonés Vosseler Abogados, liderado por el letrado Daniel Vosseler, que asume desde hace escasos diez días la dirección legal del proceso a instancias de Miguel Ángel Galán, presidente de la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte.

La decisión de renovar la estrategia jurídica busca que el caso —que investiga presuntas irregularidades en el contrato que llevó la Supercopa de España a Arabia Saudí— llegue finalmente a juicio. El despacho Vosseler toma el relevo con el visto bueno de la anterior abogada de Galán, en un contexto de parálisis procesal en los juzgados de Majadahonda (Madrid).

En una entrevista con Crónica Global, Galán explica cómo y por qué ha decidido poner en manos de Vosseler una causa que considera clave para depurar responsabilidades en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). 

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La querella que destapó el caso

Miguel Ángel Galán presentó la denuncia a través de su asociación en mayo de 2022. En ella se cuestiona directamente la legalidad del acuerdo que permitió llevar la Supercopa de España a Riad, y se acusa al entonces presidente de la RFEF, Luis Rubiales, de haber favorecido al exfutbolista Gerard Piqué mediante una adjudicación sin concurso público.

Rubiales, según Galán, actuó para beneficiar a un amigo: el propietario de la empresa Kosmos, que se aseguró una comisión millonaria por intermediar en la operación. "Le ofreció ventajas competitivas a Piqué con respecto a otros posibles intermediarios", sostiene. 

Por eso, considera que los 24 millones de euros que Kosmos tiene que cobrar por las seis ediciones que se han pactado (cuatro millones por edición) "son ilegales". Galán insiste en que "la Supercopa es una competición pública" y su traslado internacional requería de un concurso público y autorización del Consejo Superior de Deportes (CSD), cosa que no ocurrió. Lo que para el presidente de la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte constituye un delito de corrupción en los negocios. 

Cuatro millones por edición

De este modo, el contrato firmado en 2019 entre la RFEF y Kosmos estipulaba un ingreso anual de 40 millones de euros desde Arabia Saudí. Parte de esa suma se repartía entre los clubes participantes, pero Kosmos ha cobrado 4 millones por cada edición.

Además, Galán insiste que en la primera edición celebrada en Riad, el reparto fue desigual: el FC Barcelona y el Real Madrid recibieron ocho millones cada uno, el Valencia dos, y el Real Betis uno. “¿Cómo puede ser que el intermediario gane más que los propios clubes?”, se cuestiona. 

Piqué, por su lado, defendió la legalidad de la operación en su canal de Twitch, afirmando que "todo era legal", aunque admitió que "la gente puede dudar de si es moralmente correcto o si hay un conflicto de intereses". Para Galán, sin embargo, la RFEF no necesitaba intermediarios y la operación responde a una "corrupción estructural" que afecta a la Federación.

El conflicto con Tebas y el giro estratégico

La presentación de la querella estuvo también marcada por tensiones internas. Galán asegura que fue el presidente de LaLiga, Javier Tebas, quien le presionó para presentarla, pese a su resistencia inicial debido al coste económico. “No quería meterme porque había que pagar una fianza, aunque finalmente fueron ellos quienes asumieron el gasto”, relata.

La alianza con Tebas se rompió cuando este decidió desmarcarse de la querella y pactó con Pedro Rocha, presidente interino de la RFEF. A partir de ese momento, se produjo una fractura entre los equipos jurídicos de LaLiga y de la asociación de Galán. Fue entonces cuando Galán decidió acudir al despacho de Daniel Vosseler y poner en sus manos una causa que llevaba mucho tiempo estancada en los juzgados de Majadahonda.

La querella contra la FCF

La dupla Vosseler-Galán tiene en marcha otro procedimiento judicial en Cataluña, el que investiga a Joan Soteras, presidente de la Federación Catalana de Fútbol (FCF) y al resto de pesos pesados de la junta por presunta falsedad documental. Según Miguel Ángel Galán la cúpula de la FCF falsificó firmas y certificaciones electorales en las elecciones federativas de 2023 con el fin de ganarlas. 

A preguntas de esta redacción, Galán recuerda la maniobra de manipulación que hace escasos días dirigió la FCF para hacer creer a los socios que la causa que pesa sobre el presidente se había archivado. Lejos de la realidad, Galán explica, como adelantó este medio, que la Federación tergiversó el contenido de un auto de la Audiencia Provincial de Barcelona para vender la exoneración de su presidente. 

Sin embargo, el documento de la Audiencia, al que tuvo acceso este medio, tan solo anulaba la prórroga de la instrucción, y pedía al titular del juzgado número de 2 de Sabadell (Barcelona) enviar a juicio a los investigados o archivar la causa. "Esta suspensión, en realidad, no cambia nada porque todas las pruebas incriminatorias se practicaron antes", señala. 

Para Galán: "La defensa de Soteras ha ganado una batalla, pero nada más". E insiste que al presidente de la FCF "le quedan los días contados".