Manos de una mujer anciana con alzhéimer / EFE
Piden hasta 47 años de cárcel para los jefes de una residencia de Barcelona con ancianos desnutridos
Según la Fiscalía de área de Sabadell, los acusados atentaron contra la dignidad de los mayores con un "menosprecio absoluto" a su edad y patologías, los alimentaban mal y no se ocupaban de su higiene
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La Audiencia de Barcelona juzgará a partir del martes a tres responsables de la residencia Sanlisart, para quienes la Fiscalía pide hasta 47 años de cárcel por haber desatendido de forma "intolerable" a una veintena de ancianos, que sufrían desnutrición por falta de comida y pésimas condiciones de higiene.
En el juicio se sentarán en el banquillo la administradora única de Llar Residencial per 3a edat Galaxis SL, su marido, que era director y responsable higiénico-sanitario de Sanlisart, y la supervisora del funcionamiento de la residencia.
"Intolerable dejación de funciones"
Según la Fiscalía de área de Sabadell (Barcelona), el director y la supervisora, con el conocimiento y la anuencia de la administradora, incurrieron en una "intolerable dejación de sus funciones" al tener entre 2015 y 2016 a la veintena de ancianos del geriátrico en un estado de desnutrición y de "extrema precariedad y suciedad".
El ministerio público considera que los acusados atentaron contra la dignidad de los ancianos, con un "menosprecio absoluto" a su edad y patologías, ya que no se ocupaban de su higiene ni de proporcionarles aseo.
Una anciana de sólo 33 kilos
Además, para ahorrar costes, les daban menos comida de la necesaria, ya que repartían 18 menús entre 24 residentes, lo que provocó casos de desnutrición grave, como el de una anciana que medía 1,55 metros de altura y que llegó a pesar tan sólo 33,6 kilos.
Según la Fiscalía, en la residencia Sanlisart, uno de los ancianos era atado con dos sábanas en la cama, que le presionaban el pecho y le hacían un nudo en la espalda, pese a que no había ninguna prescripción facultativa para aplicarle una contención mecánica.
Los acusados actuaron, según el ministerio público, omitiendo la "diligencia mínimamente exigible" a quienes tienen a su cargo a personas "extraordinariamente vulnerables" y prevaliéndose del estado de "indefensión" de los ancianos.
Acreditación revocada
Tal era la situación de los ancianos que la Generalitat, tras abrir varios expedientes sancionadores a la empresa, acordó en febrero de 2017 revocarle la acreditación como entidad colaboradora del programa residencial para ancianos.
A raíz de la revocación de la acreditación, 21 ancianos fueron trasladados a otra residencia, en Sabadell, que tras revisar su estado constató que varios de ellos presentaban déficit y trastornos "severos", tanto por su desnutrición como por su estado de salud y su falta de higiene.
De hecho, la nueva residencia tuvo que administrar a todos ellos un suplemento proteico durante 15 días y regular las dosis de insulina que correspondía a los que eran diabéticos, ya que no tenían un control individual.
Heces en las uñas, famélicos y deshidratados
De los 21 ancianos que cambiaron de residencia, la gran mayoría presentaban mala higiene corporal, deshidratación en piel y mucosas, el cabello y la boca sucios, mal olor corporal, uñas largas y sucias, algunas con heces. Estaban famélicos y se sorprendían cuando los nuevos auxiliares les preguntaban si querían repetir plato.
En el juicio también está acusada una cuarta persona, el administrador de una empresa de catering, para quien la Fiscalía pide cinco años de cárcel por estafa en concurso con falsedad documental por falsear supuestamente los datos sobre los menús que daban a los ancianos -menos de los que realmente ofrecían- y así quedarse parte del dinero que subvencionaba la Generalitat para su alimentación.
Penas solicitadas
En total, la Fiscalía pide para la administradora única una condena de 47 años de cárcel -cinco por la estafa de los menús y 42 por delitos contra la integridad moral y abandono de los ancianos-, mientras que para el director y la supervisora solicita 42 años para cada uno.
Además, la Fiscalía pide que los acusados indemnicen con 30.000 euros a cada uno de los 21 residentes.
