Jesús María Sánchez, decano del ICAB

Jesús María Sánchez, decano del ICAB GALA ESPÍN

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La abogacía propone que los jueces de guardia puedan expulsar a los okupas en un máximo de 48 horas

Cada año se registran en España alrededor de 15.000 denuncias por okupación, lo que equivale a unas 41 al día. El 42% de estos casos se producen en Cataluña

En relación: Foment exige "soluciones efectivas" contra los okupas antes del desalojo de Casa Orsola

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El Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) ha presentado una nueva propuesta legislativa para modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), con el objetivo de que los jueces de guardia puedan ordenar la expulsión de los okupas en un plazo máximo de 48 horas, siempre que se trate de una "okupación delincuencial".

En caso de que los ocupantes no puedan acreditar un título de posesión legítima en ese tiempo, se activaría esta medida cautelar.

Esta reforma, que aún debe ser tramitada y aprobada en el Congreso, busca agilizar los procedimientos de desalojo de aquellos que okupan viviendas de forma ilegal.

De este modo, si llegase a aprobarse, el afectado solo tendría que presentar una denuncia en la comisaría, y los Mossos d'Esquadra, o cualquier otro cuerpo policial, se encargarían de las diligencias pertinentes para que el juez de guardia tomara una decisión.

Los vecinos lo podrán denunciar

Además, la propuesta también incluye una modificación de la Ley de Propiedad Horizontal y del Código Civil catalán, para permitir que los presidentes de comunidades de propietarios denuncien la okupación cuando el dueño de la vivienda se muestre pasivo, como sucede a menudo con entidades bancarias, que generan problemas de convivencia.

El decano del ICAB, Jesús M. Sánchez, ha remarcado que la okupación ilegal ha aumentado a pesar de las reformas anteriores, como la Ley 5/2018, lo que hace necesaria una intervención más contundente.

El decano del ICAM, Eugenio Ribón; el decano del ICAB, Jesús M. Sánchez, y el Secretario de la Junta de Gobierno y Diputado Responsable de Formación del ICA Málaga, Rafael Soto

El decano del ICAM, Eugenio Ribón; el decano del ICAB, Jesús M. Sánchez, y el Secretario de la Junta de Gobierno y Diputado Responsable de Formación del ICA Málaga, Rafael Soto ICAB

Esta propuesta, pues, se centra en "acabar con la okupación delincuencial", y subraya que la vivienda social debe ser una responsabilidad del Estado, no de los propietarios privados.

Okupar para cultivar

Por otro lado, una de las causas subyacentes más preocupantes de este fenómeno de okupación delincuencial está relacionada con los narcocultivos de marihuana, como señaló Pablo Feu, abogado especializado en derecho administrativo.

En Cataluña, las mafias vinculadas al tráfico de drogas están utilizando las viviendas okupadas para cultivar marihuana en lo que se conoce como plantaciones indoor. Este tipo de okupaciones ilegales han aumentado significativamente en los últimos años.

En cifras: España ha registrado un aumento del 1500% en las aprehensiones de cannabis en una década, y en 2022, el país concentró el 81% de las aprehensiones de este tipo de plantaciones en toda Europa.

Marihuana, okupación y más violencia

Feu ha destacado que este mercado es sumamente lucrativo, ya que por cada 6.000 euros invertidos en la plantación se obtienen hasta 240.000 euros en beneficios, lo que atrae a mafias que explotan viviendas vacías, muchas veces de entidades bancarias que desconocen incluso el número exacto de propiedades que gestionan.

Las mafias no solo se instalan en viviendas de propietarios privados, sino que también se están desplazando a polígonos de vivienda social como en los barrios de Sant Roc (Badalona), Sant Cosme (El Prat de Llobregat) y La Mina (Sant Adrià de Besòs), expulsando a las familias vulnerables para dedicarlas a cultivos ilegales de marihuana.

Plantación de marihuana en el sótano de una casa en Sant Andreu de Llavaneres

Plantación de marihuana en el sótano de una casa en Sant Andreu de Llavaneres Mossos d'Esquadra EUROPA PRESS

Este fenómeno ha generado una alarma social creciente y subraya la necesidad de una reforma legal que permita desactivar rápidamente estas okupaciones y frenar la expansión de las mafias.

Cataluña protagoniza el 42% de las okupaciones

La propuesta, en la que han participado los colegios de abogacía de Barcelona, Málaga y Madridtambién incluye la derogación de la competencia del Tribunal de Jurado en el delito de violación de domicilio.

Según los datos del Ministerio del Interior, cada año se registran en España alrededor de 15.000 denuncias por okupación, lo que equivale a unas 41 al día. El 42% de estos casos se producen en Cataluña, lo que ha sido calificado como "absolutamente insostenible" por los expertos.