El Govern planea incluir el régimen sancionador previsto en la Ley de Vivienda para quienes incumplan la regulación que limita el precio de los alquileres en la ley de acompañamiento de los presupuestos.
"Mi compromiso es tener el régimen sancionador listo antes de acabar el año", ha dicho la portavoz del Govern y consellera de Territori, Vivenda i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, quien ha indicado que una de sus propuestas "es que esto pudiera incluirse en la ley de acompañamiento". Sin embargo, ha detallado también que no se cierra "a otras posibilidades, como una tramitación parlamentaria", pero ha argumentado que "la ley de acompañamiento permite una inmediatez en la aprobación que una tramitación parlamentaria no tiene".
En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell Executiu, Paneque ha asegurado que el Govern mantiene el objetivo de tener el presupuesto aprobado el 1 de enero de 2025 y que incluir el régimen sancionador en la ley de acompañamiento agilizaría su tramitación, puesto que a la Generalitat le "parece que es una cuestión urgente".
Pese a la prioridad con la que lo ha presentado, Paneque no ha concretado las multas que contemplará el régimen sancionador para quienes incumplan la regulación que limita el precio de los alquileres o hagan fraude con el alquiler de temporada.
15% de vivienda social
También en materia de vivienda, el Govern ha dado luz verde este martes al plan territorial sectorial que fija la necesidad de contar con un parque mínimo de viviendas para políticas sociales del 15% en los municipios de Cataluña incluidos en las áreas de demanda residencial fuerte. Este plan, que da cumplimiento a la Ley de derecho a la vivienda de 2007, establece este 15% como objetivo de "solidaridad urbana" a conseguir en un horizonte de 20 años, así como plantea también aumentar el parque de vivienda de alquiler asequible hasta llegar al 9%.
Los municipios obligados a cumplir con el objetivo del 15% tienen un año a partir de ahora para constituir el censo de las viviendas que integrarán sus parques de viviendas sociales. En esta línea, el Govern establece un plazo de dos años para que los municipios lleven a cabo la adaptación de sus planes locales de vivienda para hacerlos "coherentes" con el plan territorial sectorial.
Aunque este instrumento entrará en vigor al día siguiente de la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) del decreto de creación, la parte del cumplimiento de los objetivos de solidaridad urbana de alquiler social y de protección oficial no lo hará hasta el uno de enero de 2025.
Reunión con la Sareb
Además, el plan fija los estándares de reserva mínima de suelo para vivienda de protección pública en los municipios con demanda residencial fuerte y acreditada. Entre otros puntos, establece que la mitad, como mínimo, de estas reservas se deben destinar de manera específica al alquiler.
Por otro lado, la consellera también ha avanzado que esta tarde se reunirá con la Sareb, la sociedad creada para dar salida a los activos inmobiliarios de la banca rescatada, para abordar la manera de incorporar sus propiedades al plan de vivienda pública en el que trabaja el Govern.