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El Constitucional tumba parte de la ley de vivienda de Cataluña por extralimitarse en los supuestos de vulnerabilidad
- El Parlament aprobó en 2022 cuestiones como la obligatoriedad de ofrecer un alquiler social al inquilino antes de demandarlo
- Más información: La ley antidesahucios de Cataluña afecta a la propiedad privada, según el Gobierno
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El Tribunal Constitucional (TC) ha cercenado la ley de vivienda de Cataluña, aprobada en el Parlament en marzo del 2022, por extralimitarse en los supuestos de vulnerabilidad. Entre ellos, ha tumbado los artículos que establecen la obligación de ofrecer una propuesta de alquiler social a los inquilinos antes de interponer demandas judiciales o de desahucio.
El tribunal, liderado por la magistrada progresista María Luisa Segoviano, ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad que interpuso el PP contra toda la ley por motivos competenciales, aunque acepta parcialmente la queja. De todos modos, el TC explica que esta resolución no afectará a las situaciones ya consolidadas, de forma que la inconstitucionalidad y nulidad solo tendrá efectos en el futuro.
No al alquiler social obligatorio
El pleno del tribunal, con el voto particular de cinco de los magistrados, declara inconstitucional el artículo 1.3 de la ley, que establece la obligación de ofrecer una propuesta de alquiler social antes de interponer una demanda judicial contra el inquilino.
Algo parecido ocurre con el artículo 12, tumbado en la parte que obliga a ofrecer una propuesta de alquiler social antes de interponer determinadas demandas judiciales a cualquier acción ejecutiva derivada de la reclamación de una deuda hipotecaria y a determinadas demandas de desahucio y prevén la interrupción de los procedimientos iniciados en los que no se haya acreditado la formulación de la oferta de alquiler social.
La renovación de contratos
Del mismo modo, son inconstitucionales por vulnerar la competencia estatal varios preceptos de la ley catalana, como el artículo 11, que contempla la renovación de los contratos de alquiler social por una sola vez cuando finalicen. O el artículo 7, que impone al adquiriente de una vivienda una especie de responsabilidad objetiva que le obligaría a responder por hechos ajenos, en contra del principio de culpabilidad derivado del artículo 25.1 de la Constitución.
El Constitucional aclara que "el resto de las quejas son desestimadas, por no apreciarse las vulneraciones competenciales o sustantivas que se denuncian en el recurso, o por insuficiencia del levantamiento de la carga argumentativa".
Apoyo mayoritario del Parlament
El Parlament aprobó en 2022 una nueva ley antidesahucios que recuperaba medidas anteriormente tumbadas por el TC, como la obligación a grandes tenedores de ofrecer alquileres sociales a quienes okupen sus inmuebles, entre otras medidas para frenar la emergencia habitacional.
La ley salió adelante con apoyo de ERC, Junts, la CUP, PSC-Units, comunes y entidades como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que trataban de subsanar los errores de la normativa de vivienda aprobada en 2019 y que fue tumbada por el TC al entender que vulneraba el derecho a la propiedad e incluía medidas que no pueden imponerse mediante decreto ley porque son "coactivas, no voluntarias".
