Las doctoras forenses encargadas de elaborar un informe pericial psiquiátrico a petición de la defensa de Angela Dobrowolski han negado que la acusada padezca un trastorno mental grave. "Esta señora no tiene ningún trastorno mental grave", han manifestado justo al inicio de su declaración.
No obstante, en su informe, las especialistas concluyeron que, pese a que no presenta patologías mentales graves, sí se aprecian "rasgos de personalidad desadaptativos". Es decir, la acusada presenta reacciones muy impulsivas y nerviosas, a veces, extremas. Un rasgo de que se puede agravar, como sucede en su caso, por el consumo habitual de sustancias estupefacientes.
Consumidora habitual de cocaína
Además, en las notas médicas recopiladas para la elaboración del informe aparece una referencia a un trastorno por consumo de drogas, en concreto cocaína y metanfetaminas, que podría afectar, de forma muy leve, sus capacidades cognitivas o volitivas. No obstante, las expertas han asegurado que en el caso de consumidores habituales, como Angela Dobrowolski, los efectos son mínimos, agudizando, en algunas ocasiones, el rasgo de personalidad de forma que estuviese "más agitada o más ansiosa".
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En este sentido, las forenses han resaltado que en 2018 Dobrowolski estuvo ingresada durante seis días en una clínica por consumo de cocaína, pero no hay constancia de que se sometiera a un tratamiento continuado más allá de visitas ambulatorias. Fue a raíz de este ingreso cuando se apreciaron "rasgos disfuncionales en su personalidad" y, tras su ingreso en prisión, se le diagnosticó un trastorno límite de la personalidad.
Cae el delito de revelación de secretos
Cabe recordar que durante la sesión de este miércoles la letrada de Josep Maria Mainat, la prestigiosa penalista Olga Tubau, ha confirmado que el productor está dispuesto a perdonar el delito de relevación de secretos, después de que ella accediera, sin permiso ni consentimiento, al ordenador portátil de su marido.
Esta acción, que se efectuará mañana con la presentación de un escrito formal, implica que la acusación por este delito decaiga, sin que la fiscalía, en este caso, pueda actuar de oficio. De este modo, si el representante del ministerio público solicitaba una condena de 16 años de prisión, 13 por el de intento de asesinato y otros 3 más por revelación de secretos, ahora tan solo se podrá mantener la imputación por el primero de los presuntos delitos.