Los hechos se remontan a febrero de 2016. Ana (nombre ficticio) tan sólo tenía 21 años cuando un conocido lejano fue a visitarla a su casa. Jamás hubiese imaginado que aquel hombre iba a proponerle viajar hasta la provincia de Barcelona para instalarse en casa de su hermana, donde podría dar a luz a la bebé que esperaba y luego empezar una nueva vida como peluquera. Ana no lo dudó. Aquella, seguramente, sería la última oportunidad para abandonar su país natal y empezar de cero.
Su maleta, aunque modesta, estaba repleta de nuevas esperanzas. Así, con el corazón lleno de ilusiones, Ana partió de su país. Una persona no identificada la acompañó durante los primeros cinco días antes de que pudiese tomar un avión con destino a la Ciudad Condal. Este individuo fue quien le proporcionó la documentación para poder emprender un viaje lleno de interrogantes y miedos, pero que le prometía un futuro más digno para ella y su hija. Sin embargo, la realidad que le aguardaba al final del trayecto era muy diferente.
Una trampa bien orquestada
Al llegar a Barcelona, Ana fue recibida no con las oportunidades prometidas, sino con la cruda verdad de una trampa bien orquestada. Una pareja de nigerianos, vecinos de Mataró, aquellos que le habían prometido trabajo y un nuevo comienzo, le revelaron que, una vez que diera a luz, tendría que ejercer la prostitución para pagar una supuesta deuda por su viaje.
En concreto, sus proxenetas le comunicaron que debía devolverles 60.000 euros por las gestiones del viaje, otros 1.000 por auxiliarla en el parto, 200 euros de alquiler, además de otros montantes derivados del cuidado de la bebé, la comida, el agua, el gas o la electricidad.
La desilusión golpeó a Ana con la fuerza de un martillo, destrozando cada uno de sus sueños cuidadosamente construidos. La esperanza que había mantenido durante el largo viaje se desmoronó en un instante. La promesa de una vida mejor había sido una cruel mentira, y ahora se enfrentaba a un futuro aún más sombrío que el que había dejado atrás.
Obligada a prostituirse en un caserón abandonado
Según consta en el escrito de acusación de la Fiscalía, la procesada, que ejercía de madame, la aleccionó acerca de cómo debía tratar a los clientes, mantener con ellos relaciones sexuales o llamar su atención. Por los servicios les cobraría entre 15 y 30 euros, que irían destinados de forma íntegra a pagar la deuda y los gastos mensuales.
Así fue como Ana se instaló todas las noches en un lugar indeterminado entre los puntos kilométricos 5 y 6 de la carretera GI-512, la que une las localidades de Tordera y Hostalric (Barcelona), cerca de un caserón abandonado donde conducía a los clientes que acudían para reclamar sus servicios sexuales.
De este modo, la joven ejerció la prostitución en innumerables ocasiones, llegando a satisfacer parte de la supuesta deuda que había generado con el matrimonio que la captó. Incluso el marido de la procesada, que también se sentará en el banquillo de los acusados, llegó a acompañarla a una comisaría de Policía Nacional para tramitar su pasaporte. Documento que la acusada requisó tan pronto como regresaron al domicilio familiar.
Vigilada y amenazada
Según consta en el mismo escrito, la procesada tenía a la joven totalmente vigilada y denigrada: sólo le permitía llamar a su madre por teléfono una vez al mes y bajo vigilancia, y, si no abonaba los gastos indicados, sólo le ofrecía bollería para comer y no le permitía cocinar. Además, en varias ocasiones, como reprimenda por no obtener suficientes ingresos, le impidieron hacer uso de agua caliente para ella y su hija, que tenía pocos meses de vida.
En ese momento, cuando trataba de rebelarse contra los procesados, éstos la amedrentaban con herir a su hija menor, siendo la pequeña la herramienta que empleaba el matrimonio para vencer a la voluntad de la joven y mantener su yugo.
El acusado también la violó
Y por si todo esto fuera poco, en fecha 28 de mayo de 2017, estando en el domicilio de los dos acusados, el procesado, "con la intención de atentar contra su libertad sexual", accedió al cuarto de la joven y le exigió mantener relaciones sexuales con él, a lo cual ella se negó. Sin embargo, el hombre la empujó y la forzó, violándola sin que pudiese escapar. Tras ello, el procesado amenazó a Ana y le dijo que, si contaba lo sucedido, no volvería a ver a su hija.
Pocos días después, con una valentía nacida de la desesperación, logró salir del núcleo de convivencia y acudió a una visita médica al Hospital Clínic de Barcelona. En el centro hospitalario, los sanitarios se percataron de que la joven presentaba signos de violación y alertaron a los cuerpos policiales. Fue entonces cuando la Policía Nacional inició una investigación que culminó con la liberación de Ana y de su hija y con la detención del matrimonio.
Penas de entre seis y diez años de prisión
Por todo lo relatado, el ministerio fiscal reclama una multa de 12 euros diarios durante 10 meses por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y seis años de prisión por otro delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Asimismo, al procesado se le exige otra pena de diez años de cárcel por violación.
Paralelamente, se les impone el pago de una indemnización de 50.000 euros en concepto de daños morales derivados del delito de trata y explotación sexual, y otra de 12.000 euros por las secuelas de la violación.
Con todo, el juicio, que arranca el próximo jueves 13 de junio en la sección 7 de la Audiencia de Barcelona, contará con la presencia de los agentes de la Unidad de Central de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) y con la responsable del proyecto mujeres de la entidad APIP-ACAM, una de las organizaciones, con sede en Cataluña, que se dedica a ofrecer un servicio de atención integral a las víctimas, acompañándolas desde que son liberadas hasta que rehacen sus vidas y encuentran trabajo.
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