Un juez de Barcelona ha archivado la causa abierta contra dos escopeteros de los Mossos d'Esquadra por la manifestante que perdió un ojo por una bala de foam en una protesta de apoyo a Pablo Hasél, una decisión que abre la puerta a que pueda reclamar una indemnización a la Generalitat.
Según ha adelantado El Periódico de Catalunya y han confirmado a EFE fuentes jurídicas, el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, ha acordado archivar la causa abierta por la querella de la manifestante, que perdió la visión de un ojo al recibir un disparo de foam, al no ver indicios de delito en la actuación de los agentes.
La víctima, que entonces tenía 18 años, resultó herida al recibir el impacto de un proyectil de foam el 16 de febrero de 2021 en la Via Augusta de Barcelona, donde los antidisturbios de los Mossos dispararon proyectiles de precisión para dispersar una manifestación de protesta por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél que había derivado en incidentes.
La víctima recurrirá
En el marco de esta instrucción, los dos escopeteros investigados, que comparecieron ante el juez el 14 de octubre de 2021, alegaron que dispararon siguiendo los protocolos, que obligan a apuntar por debajo del abdomen.
En declaraciones a EFE, Xavier Muñoz Soriano, abogado de la manifestante, ha anunciado que recurrirá el archivo de la causa directamente ante la Audiencia de Barcelona y que pedirá a la Generalitat una indemnización, ya que considera que la decisión del juez abre la puerta a que la joven sea resarcida económicamente por la lesión ocular que sufrió.
La defensa ve "imprudencia" en la policía catalana
Según el letrado, la tesis del juez de que los agentes actuaron en legítima defensa, bajo una condiciones de mala visibilidad y sometidos a lanzamientos de los manifestantes, "no cierra la posibilidad de que se trate de una actuación imprudente por parte de la policía".
"No deberían haber disparado por encima de la cintura si hay malas condiciones de visibilidad", mantiene el abogado, que cree que con ese relato de hechos hay suficientes motivos para que la Audiencia de Barcelona reabra el caso.
Además, para el letrado, "la responsabilidad de la Generalitat existe en este caso", puesto que permitía disparar armas "imprecisas" incluso en ese tipo de contextos.
Por ese motivo, presentará una reclamación patrimonial al Departamento de Interior para exigir que indemnicen a la manifestante por la "responsabilidad directa en la actuación de sus funcionarios".
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