Antonio P. V., el presunto testaferro de un narco del barrio de La Mina, de Sant Adrià de Besòs, se sentará en la Sección 9 de la Audiencia Provincial de Barcelona el próximo martes por lavar dinero procedente de la droga.
Según el escrito de la fiscalía, al que ha tenido acceso Crónica Global, en 2010 el ahora procesado creó dos empresas fantasma: Mantenimientos y Controles Ponz S.L. y, un año después, Accesos Tava S.L., con el objetivo de reingresar en el circuito legal las ganancias obtenidas por un narco, V. F., del tráfico de cocaína y heroína.
Este delincuente nunca fue condenado, pues falleció en 2014, un año antes de que la Sección 9 de la Audiencia de Barcelona dictara sentencia sobre el caso instruido en el Juzgado número 3 de Badalona al grupo criminal al que presuntamente pertenecía.
Dos empresas fantasma
Ahora, su supuesto testaferro se sienta en el banquillo acusado de haber creado dos empresas que, según la fiscalía, nunca fueron usadas para el objeto social para el que fueron constituidas.
Mantenimiento y Controles Ponz S.L. fue creada para la vigilancia y limpieza de obras y edificios, mientras que Accesos Tava S. L. estaba pensada para el control de accesos y consejería. La acusación pública se basa en que las dos empresas, de las que era administrador único el procesado, falsearon sus cuentas y que casualmente ambas cerraron en 2014, coincidiendo con la muerte del citado narco.
Un delincuente común
La fiscalía sostiene que el ahora procesado nunca tuvo el rol de empresario, sino que se trataba de un delincuente común que pasaba largas temporadas en prisión, lo que lo imposibilitaba para desempeñar cualquier cargo al frente de no una sino dos compañías.
De hecho, el escrito apunta que durante el periodo en el que estuvieron en vigencia estas sociedades, Antonio P.V. cobró prestaciones de desempleo. No sólo eso, señala el ministerio público, sino que llegó a contratar al narco para hacer pasar por lícitos los ingresos procedentes del narcotráfico, que posteriormente cobraba en concepto de salario como trabajador.
Retiradas de más de medio millón de euros
Entre 2011 y 2014 el ahora procesado otorgó un poder sobre las cuentas de la empresa al narco fallecido, de forma que en 2011 realizaron 46 retiradas de dinero en efectivo por montante total de 244.771 euros. En 2012 ingresaron en las cuentas un total de 35.998,57 euros. Ese mismo año hicieron 61 retiradas de dinero por valor de 282.975,90 euros. Finalmente, en 2013 se realizaron tres retiradas de 9.979 euros. En total, de las empresas que facturaban pérdidas, obtuvieron más de medio millón de euros.
Por estos hechos la fiscalía lo acusa de un delito de blanqueo de capitales y pide que se le imponga una pena de cinco años de prisión, así como una multa de 600.000 euros.
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