Seguimientos, escuchas y vigilancias: así cayó el clan de Los Manolos en La Mina

Los agentes de la Unidad de Investigación de Badalona y de la División de Investigación Criminal (DIC) de Mossos d’Esquadra han desfilado este lunes frente al tribunal que juzga a los 29 miembros de Los Manolos en la Sala del Auditorio de la Ciudad de la Justicia de Barcelona como presuntos autores de pertenencia a organización criminal y tráfico de drogas y armas, entre otros ilícitos. Por estos delitos, la fiscalía pide para ellos un total de 240 años de prisión.

A lo largo de una decena de minuciosas declaraciones, los agentes han desgranado los seguimientos, escuchas y vigilancias que realizaron en torno a los miembros del clan durante seis meses y que culminaron con su desarticulación en julio de 2020. Esta fue la veta a través de la que los Mossos d’Esquadra comenzaron la andadura de la primera de las tres operaciones --junto a Sirius y Yukón-- que les llevaría a descabezar a los criminales vinculados con el famoso apellido Jodorovich tan solo un año después. 

Meses antes del inicio de estas pesquisas en enero de 2020, a raíz de una denuncia por intento de secuestro, Los Manolos ya estaban bajo el radar de los Mossos.

La pugna por el patriarcado

Así lo ha recordado uno de los agentes de la Unidad de Investigación de Badalona, que ha precisado que el 9 de mayo de 2019, en plena pugna por la herencia del patriarcado de La Mina tras la caída del Tío Ángel --quien ostentaba un poder que tendría que haber recaído de forma natural sobre alguno de sus hijos-- una patrulla se desplazó hasta el conflictivo barrio de Sant Adrià de Besòs alertada por un supuesto tiroteo.

En un primer momento se encontraron con un único grupo, todos ellos pertenecientes al clan de Los Manolos, pero pronto descubrieron que se trataba en realidad de dos facciones enfrentadas. Por un lado, la unidad familiar de los Salguero y, por otro, los Amaya, herederos del Tío Ángel. En el medio de esta encarnizada lucha, Juan A. M., Tío Pijón, a quien los agentes sitúan en la cúpula del clan “con un papel bastante fuerte” y que aseguró que estaba allí como mediador.  

Del "cónclave gitano" celebrado ese mismo mes salió elegido como nuevo patriarca Manuel S. A., alias Tío Lolo, quien controló con la ayuda de su hombre de confianza, el Tío Pijón, y dos de sus hijos, Manuel y Lisardo S. B., la importación, distribución, almacenaje y venta de drogas y armas en La Mina, según el escrito de la Fiscalía. Así lo avalan también las vigilancias efectuadas por los agentes de la policía catalana que siguieron de cerca el trajín de la presunta organización criminal en La Mina hasta verano de 2020. 

La caída del ‘jardinero’ 

Uno de los que ha salido peor parado en esta sesión ha sido Manuel S. B., alias Curro, hijo del patriarca, para quien la Fiscalía pide la pena de prisión más elevada, de 22 años. De las vigilancias efectuadas por los investigadores se desprende que el acusado controlaba varias plantaciones de marihuana indoor en la calle Marte de La Mina, cuyo cuidado delegaba en jardineros a los que, en palabras de los agentes, “extorsionaba”.  

También le atribuyen la propiedad de otra plantación desmantelada en fecha 12 de mayo de 2020 en una nave de la Via Trajana, de la que los investigadores le vieron salir con un menor de edad. De las escuchas se desprende que en la nave trabajaba J. M., el jardinero, al que Curro daba directrices precisas sobre los fertilizantes que debía utilizar y al que llegó a amenazar con desalojarlo de su casa para montar un cultivo si no cumplía con sus obligaciones.

Tras la detención de J. M., de la que Curro tardó varios días en enterarse, efectuó varias llamadas a chicos del barrio en las que les pedía que se acercaran a su casa para localizarlo, en una muestra más de que el joven estaba bajo su yugo. 

Una huida frustrada

Después de enterarse del arresto de su jardinero, los Mossos d’Esquadra esperaban alguna “reacción” por parte del lugarteniente. No se equivocaban. El 20 de mayo de 2020 detectaron un “trasiego” inusual por parte de los investigados en el barrio de La Mina. En un estado evidente de “crispación”, Curro ordenaba a sus adláteres que cargaran su coche con cajas y otros bultos. El nivel de tensión era tal que tuvo que intervenir Tío Lolo para apaciguar los ánimos. Posteriormente, todos ellos se desplazaron “en cápsula” --escoltados por otro vehículo lanzadera para evitar posibles controles policiales-- por la AP-7 en dirección Girona. 

En un momento determinado los acusados detectaron la presencia de los agentes. Fue su propio padre, el Tío Lolo, quien llamó por teléfono a Curro desde otro de los vehículos que formaban parte de la comitiva para informarle de que les estaban siguiendo “los jambos”, como denominaban a los policías, así como suricatas y pestañí. Este hecho hizo quela fuga del que la fiscal considera que tenía “un especial protagonismo criminal” junto a su hermano Lisardo, fuera abortada.  

El ‘chivato’

Curro no era el único que ha sido acusado por controlar una red de pisos, algunos en propiedad y otros okupados, para albergar sus cultivos de marihuana indoor. Unas instalaciones muy sofisticadas que “no desprendían olores ni ruidos”.

El chivato fue un medidor térmico. Reveló que en varias de las viviendas que no tenían dada de alta la luz, había un elevado consumo de electricidad. En el caso de las plantaciones atribuidas a A. S., hermano del patriarca, fue más difícil detectarlo. Si hasta ahora los investigadores solo habían visto pinchazos efectuados en el cuadro de contadores, en las desmanteladas en la calle Marte lo habían hecho “bajo tierra”. Los enganches ilegales habían quedado ocultos bajo las baldosas que los vecinos pisaban diariamente, con el riesgo “mortal” que esto entrañaba para los residentes.  

El encargado de esta obra fue A. M. S., alias El Feíto, el electricista de confianza al que el clan recurría sistemáticamente para encomendarle la tediosa tarea de montar y desmontar las instalaciones eléctricas de las que se nutrían sus plantas. De hecho, durante los registros se encontraron las 30 reactancias numeradas con rotulador que Curro le había encargado que instalara en la calle Marte pocos días antes.

Armas de guerra

Sobre el hermano de Curro, Lisardo, para el que la fiscalía pide 16 años de cárcel, los agentes han precisado que “siempre iba armado”. Este hecho quedó constatado tras los registros en los que se recuperaron varias armas. Incluso se localizó una AK-47, catalogada como de guerra, que aseguró que pertenecía a su hermano.

Durante las vigilancias y seguimientos, han apuntado los Mossos d’Esquadra, algunos de los procesados, como Isaac M., recibieron “fajos de billetes de hasta dos dedos de grosor” en lo que interpretaron como un pago de droga, si bien no llegaron a observar el intercambio de la sustancia, motivo por el que no actuaron. De hecho, tras una de estas transacciones, una patrulla de la Brigada Móvil (Brimo) localizó en un control rutinario 11.000 euros en efectivo en el vehículo de Manuel. A. F. en su regreso a La Mina.

240 años de cárcel

Así las cosas, la policía catalana considera que el grueso de las ganancias de Los Manolos procedían del tráfico de drogas, además de robos con violencia, asaltos a camiones y tráfico de armas, entre otros negocios al margen de la ley de esta familia. De hecho, estiman que las 12 plantaciones de marihuana que operaban en locales y viviendas del barrio les reportaban un beneficio trimestral de 200.000 euros, unas ganancias que ascendían a más de medio millón al trimestre con su venta al menudeo. 

Por todo ello, en el juicio que se celebra en la Ciudad de la Justicia de Barcelona y que se alargará hasta el 19 de julio, para el mayor de los hijos del patriarca, Manuel S. B., alias Curro, el ministerio público reclama 22 años de cárcel por los delitos de organización criminal, delitos contra la salud pública, tenencia de armas de guerra y blanqueo de capitales. Para su hermano Lisardo, la fiscalía pide 16 años por los mismos ilícitos. Para el Tío Pijón, que ocultaba una gran cantidad de dinero en B en su casa que se cree que tenía como origen el narcotráfico, solicita ocho años, mientras que para el patriarca, el Tío Lolo, pide dos menos.

Le siguen la recua de acusados, hasta completar los 29 que desfilarán por el banquillo en el último turno de palabra, para los que la fiscalía solicita un total de 240 años de prisión.