El viaje solía empezar en Nueva Delhi (India). Los miembros de esta mafia pakistaní -desarticulada por agentes de la Policía Nacional en Barcelona- captaban a compatriotas de India y Pakistán a quienes convencían para viajar hasta España, previo pago de elevadas cantidades de dinero.
El coste para garantizar el traslado y la posterior entrada al país oscilaba entre los 10.000 y los 14.000 euros. Un dinero que se embolsaban los líderes de este entramado criminal, expertos en jugar con la ilusión y la desesperación de los paisanos, a quienes engañaban para iniciar el que seguramente sería el peor viaje de sus vidas.
Largos viajes para buscar las rutas más despejadas
El éxodo podía durar semanas, ya que los miembros de la organización se tomaban muchas molestias en buscar las rutas más despejadas. Mientras, los traficados viajaban hacinados en furgonetas en pésimas condiciones, sin ventilación, sin comida, y obligados a hacer sus necesidades en bolsas y botellas de plásticos.
Así, desde Nueva Deli, el camino seguía hasta Dubái o Turquía, donde los miembros de la organización solían recoger a más víctimas. Fuentes de la Policía Nacional explican a Crónica Global que los miembros de esta organización utilizaban varias rutas para evitar los eventuales controles policiales y de fronteras y garantizar la llegada de los migrantes a España y Portugal: los dos países de destino.
Les retiraban el móvil y la documentación
Una vez lograban acceder a Europa, se recorrían varios países hasta llegar a la segunda parada: la ciudad italiana de Milán. Hasta entonces, el trayecto solía cruzar Serbia, Hungría y Austria, lo que demoraba el viaje varias semanas. Tiempo en el que los migrantes pasaban horas sin ver la luz del sol, sin comer y descansando unos amontonados encima de los otros.
De este modo, reconocen las fuentes policiales, "se ponía a las víctimas en grave riesgo por las deficientes condiciones en las que se realizaba el traslado, vulnerando la legislación vigente sobre la entrada y el tránsito de extranjeros". Además, añaden, los miembros de la organización les retiraban el móvil y la documentación, pertenencias que solo eran devueltas cuando se constataba que se había realizado el pago en su totalidad.
Encerrados en pisos okupados en La Mina
Una vez llegaban a Italia, los investigados solían mover a los migrantes a otras furgonetas, normalmente, de alquiler y con matrículas falsas. Este era el único momento en el que las personas traficadas podían respirar aire puro antes de seguir con el viaje. En Barcelona, como ha informado Metrópoli, los detenidos distribuían a los captados en tres pisos okupados, ubicados en el barrio de La Mina de Sant Adrià de Besòs.
Desde ahí, se revisaba que los migrantes hubiesen pagado la totalidad de las costas del viaje, que en algunos casos superaban los 14.000 euros. Si no habían logrado efectuar el pago, los miembros del entramado retenían a estas personas hasta que lo culminaban. Sólo cuando el dinero llegaba a las cuentas bancarias, les devolvían la documentación y las pertenencias a los compatriotas que habían engañado para viajar hasta España.
Varios pisos repartidos por Cataluña
Según fuentes de la Policía Nacional, la estructura criminal contaba con personas que se encargaban del traslado (los conductores), otros encargados de los pisos (responsables de recibir y dejar en libertad a los traficados) y a los cabecillas o captadores.
"La complejidad de la investigación –aseguran- vino determinada por la facilidad de la organización para cambiar de pisos si detectaban presencia policial". De hecho, contaban con otros pisos en Badalona y Manresa, viviendas donde residían los miembros de la organización.
Siete detenidos
No obstante, a pesar de las medidas de seguridad que adoptaban los integrantes de este entramado, tras meses de vigilancias, escuchas y seguimientos, los agentes del Cuerpo Nacional de Policía lograron detener en Barcelona a siete personas y liberar a 17 víctimas. Fuentes de la investigación siguen trabajando en el caso para averiguar la magnitud de este entramado y localizar a otras posibles víctimas.
Por su lado, los detenidos eran de origen indio y pakistaní, excepto la mujer de uno de los cabecillas, que era originaria de Rumanía. A todo ellos se les acusa de los presuntos delitos de tráfico de personas, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.
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