El Supremo mantiene la condena de tres años de cárcel para el activista Adrián Sas por golpear a dos mossos con un palo

El Tribunal Supremo ha confirmado la pena de tres años y medio de cárcel para Adrián Sas, el activista que golpeó con un palo a dos agentes de los Mossos d'Esquadra durante las protestas frente al Parlamento de Cataluña coincidiendo con el primer aniversario del 1-O.

La Sala de lo Penal del alto tribunal ratifica ahora la sentencia de la Audiencia de Barcelona, que también fue avalada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Así, el Supremo mantiene la condena emitida el 24 de noviembre de 2020, que lo castigaba a tres años y medio de cárcel por un delito de atentado y otro de lesiones y a pagar una indemnización de 1.800 euros a los dos agentes a los que lesionó.

Cabe recordar que Sas fue absuelto del delito de desórdenes públicos, cargo que le imputaban tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular ejercida por la Generalitat. 

Golpeó a los agentes con un palo

Los hechos por los que ha sido condenado se remontan al 1 de octubre de 2018, día en que se cumplía un año del referéndum unilateral celebrado en Cataluña y que fue declarado ilegal.

Ese día Sas se encontraba en el Parc de la Ciutadella protestando frente al Parlament de Cataluña cuando varios manifestantes comenzaron a lanzar objetos y a arrastrar las vallas que habían colocado los Mossos d'Esquadra. El acusado, que llevaba la cara parcialmente cubierta por un pañuelo rojo, golpeó a dos agentes de la policía catalana en la cabeza con un palo de madera “de más de un metro de longitud” que hacía las veces del mástil de una bandera.

Ahora, el Tribunal Supremo sostiene que el tribunal de instancia basó su sentencia en pruebas válidas y con un significado incriminatorio suficiente para acreditar su participación en los hechos.

La Generalitat solicitó una condena

El juicio, en el que el acusado negó cualquier relación con las agresiones a los policías, provocó una polémica política, pues la Generalitat de Cataluña, en representación de los agentes, se personó como acusación popular en la causa y mantuvo la petición de prisión. 

Una semana antes del juicio, en una iniciativa conjunta, los partidos soberanistas del Parlament (JxCat, ERC, Comunes y la CUP) instaron a la Generalitat a retirarse como acusación particular. La entonces consellera de Presidencia, Meritxell Budó, justificó la actuación del abogado de la Generalitat en el juicio aduciendo que intentó pedir el aplazamiento de la vista en busca de un "acuerdo", pero que la defensa lo rechazó.