El último miembro de la mafia georgiana que okupó el instituto de 'Merlí' la lía en el juicio: el tribunal y su abogado, atónitos
El acusado dinamita un acuerdo de conformidad con la fiscalía, que le proponía cumplir sólo un año de condena a cambio de reconocer su participación en los hechos investigados
30 enero, 2024 20:00Noticias relacionadas
Este martes se ha celebrado en la Sección 5ª de la Audiencia Provincial de Barcelona el juicio contra Kimote, el último miembro de la mafia georgiana que okupó el colegio Menéndez Pidal en la calle Sinaí de la Ciudad Condal, edificio conocido por haber hecho las veces de instituto en la famosa serie Merlí.
El acusado ha llegado a la sala esposado y flanqueado por los agentes de los Mossos d’Esquadra, que lo han trasladado desde prisión, donde cumple una condena de tres años de cárcel por un robo con fuerza en casa habitada.
El acusado dinamita un pacto con la fiscalía
En esta ocasión, se enfrentaba a un juicio como presunto autor de un delito consumado de conspiración para la comisión de un delito de robo con fuerza en casa habitada, concretamente por unos hechos acaecidos el 31 de agosto de 2018.
En su primer escrito de calificación, el Ministerio Público solicitaba para él seis años de cárcel, pero la fiscal rebajó en un segundo escrito la petición de condena hasta un año y 10 meses de prisión para Kimote. Dicho de otro modo, eliminó a las puertas del juicio el delito que le atribuía de pertenencia a grupo criminal, lo que rebajaba sustancialmente la solicitud de condena.
Con estos mimbres, todo parecía indicar que las partes llegarían a un acuerdo de conformidad, en el que el acusado tenía que reconocer los hechos que se le imputaban, sin matices, como condición sine qua non para cumplir sólo un año de condena, y no el año y los 10 meses que planteaba la fiscalía. De hecho, el abogado defensor se adhirió este martes a la modificación del escrito de acusación del Ministerio Fiscal durante el turno de cuestiones previas.
Teniendo en cuenta que su detención se produjo tan solo un día después de cometer el robo por el que ahora cumple condena, su abogado le explicó a Kimote que podría entenderse que existe una “continuidad delictiva”, por lo que la pena de tres años absorbería este delito que ahora se le imputaba. A efectos de cumplimiento de condena, añadió, los hechos del 31 de agosto le saldrían “gratis”.
Sin embargo, el procesado se ha negado en rotundo a admitir su participación en este episodio y así se lo ha hecho saber a la Sala mediante una intérprete. La decisión del acusado ha cogido con el paso cambiado al tribunal, a la fiscalía y a su propio abogado que, atónito, ha intentado hacerle entrar en razón. “¡Si no te conformas la fiscalía podrá pedir lo que solicitaba antes!”, le ha advertido el letrado visiblemente molesto, lo que ha provocado que tanto la fiscal como el tribunal abandonaran la sala.
Se niega a prestar declaración
Después de varios minutos en los que el acusado y su abogado han intentado ponerse de acuerdo, sin éxito, con ayuda de la traductora, la fiscalía y el juez han regresado a la sala y se ha iniciado el juicio oral en el que el georgiano se ha negado a prestar declaración.
Quienes sí han comparecido, en calidad de testigos, han sido los agentes de la División de Investigación Criminal (DIC) de Mossos d’Esquadra que, durante meses, efectuaron las vigilancias y seguimientos del sospechoso.
Identificado dos días antes en La Mina
Frente al tribunal han desfilado dos cabos y tres agentes de la policía autonómica que han recordado que la madrugada del 31 de agosto de 2018 vieron salir al investigado del interior del instituto de Merlí, okupado por la mafia georgiana, en un Audi A3 con matrícula francesa conducido por uno de los cabecillas de este grupo especializado en la comisión de robos en domicilios. A Kimote y uno de los líderes, Shota, los acompañaban otros tres miembros de esta banda.
Los mossos enseguida reconocieron al procesado porque dos días antes, el 29 de agosto, una patrulla de Seguridad Ciudadana le había dado el alto, a petición de los agentes de la DIC, en el barrio de La Mina de Sant Adrià de Besòs. Con esta información, los mossos conocían ya el rostro y el nombre de Kimote.
El episodio de la avenida Madrid
En una moto y un coche los agentes siguieron a la banda hasta un aparcamiento del barrio de Les Corts de Barcelona. Allí decidieron tomar distancia para evitar que los sospechosos pudiesen descubrir que los estaban siguiendo, pero perdieron de vista el vehículo. Lo localizaron de nuevo, a los pocos minutos, en la avenida Madrid. El cabecilla, han explicado, estaba apostado al lado del Audi haciendo labores de vigilancia.
Los otros cuatro fueron saliendo a cuentagotas del número 63-73 de esta avenida. El primero en abandonar la finca fue el ahora acusado, Kimote, que se subió como copiloto junto a Shota. Los otros tres, primero uno y después los otros dos, salieron pocos minutos después del edificio y se dirigieron caminando hacia una esquina de la calle, donde sus acólitos los recogieron con el Audi para reemprender su camino.
Mientras dos de los agentes accedían a la finca y recuperaban y fotografiaban los marcadores de plástico colocados por la mafia georgiana en cuatro de las puertas de este acomodado edificio, el resto dio la orden a una patrulla de Seguridad Ciudadana para que parase el coche e identificara a sus ocupantes. En la instantánea tomada por los agentes aparecen los cinco sospechosos sentados en un bordillo, entre ellos el procesado.
Actividad frenética entre 2018 y 2019
En su escrito de acusación la fiscalía sostiene que, aunque el acusado no era miembro como tal de esta mafia, colaboraba con ella. El grupo, que montó su centro de operaciones en el edificio abandonado de la calle Sinaí -hoy derruido-, trajo de cráneo a los Mossos d’Esquadra entre mayo de 2018 y abril de 2019, un periodo de actividad frenética en el que cometieron decenas de robos en domicilios de Barcelona.
La banda seleccionaba de forma minuciosa sus objetivos en edificios de gran tamaño, como el de la calle Madrid, con un elevado número de viviendas. Así, si se cruzaban con vecinos en los descansillos o en las escaleras no levantaban demasiadas sospechas. Primero, hacían un estudio para conocer qué tipo de cerradura tenían las puertas, de forma que, dependiendo del sistema, actuaban unos u otros especialistas.
Después, marcaban aquellas que les suscitaban interés utilizando pequeños palillos o trozos de plástico. Una vez colocados, abandonaban el lugar y regresaban al cabo de unas horas para comprobar si seguían en su sitio. Así, lograban conocer las rutinas de los residentes: si el marcador estaba en el suelo significaba que los propietarios o inquilinos habían entrado o salido durante esa franja del día. Si seguía colocado entre el marco y la puerta, que no había actividad en la vivienda y, por lo tanto, que podían actuar. La fiscalía sostiene que su grado de especialización era tal que llegaron a conocer “todas las cerraduras existentes en el mercado”.
El abogado pide su absolución
Los Mossos d’Esquadra desmantelaron el colegio Menéndez Pidal en junio de 2019, cuando desalojaron a 119 personas y detuvieron a 87. De estas, 22 fueron imputadas por delitos de pertenencia a grupo criminal, robo con fuerza en vivienda habitada y receptación en lo que se bautizó como operación Merlí. Si bien el grueso de la banda ya había sido enjuiciada, este miembro se encontraba fugado y había logrado eludir la acción de la justicia hasta el momento.
Mientras que la fiscalía finalmente ha pedido que se le condene a un año y 10 meses de prisión por un delito consumado de conspiración para la comisión de un robo en casa habitada, la defensa ha solicitado una sentencia absolutoria. El abogado ha alegado que “no se puede verificar que él haya hecho los marcajes en las puertas que vienen documentados en los autos”. Se basa en que los mossos reconocieron durante su declaración que perdieron de vista el coche durante unos minutos en el transcurso del seguimiento y que, cuando lo localizaron, simplemente vieron a su defendido salir de la finca. “Hay elementos que quedan huérfanos de prueba”, ha zanjado.
"Soy inocente"
El acusado ha hecho uso de su derecho a última palabra para mantener su inocencia pese a las múltiples pruebas que lo incriminan, una postura habitual entre los miembros de la mafia georgiana, que se rige por el principio de Ladrón de Ley, una forma de vida regida por las obligaciones hacia la agrupación y por unas férreas responsabilidades ante el incumplimiento de las normas.
“No llevaba ningún objeto robado”, ha expresado en referencia a los dos momentos en los que fue identificado por los Mossos d’Esquadra, a los que ha recriminado que no buscaran sus huellas en los marcadores de plástico. “¿Si sales de un portal en el que se ha cometido un delito ya es tu culpa?”, se ha dirigido al tribunal, rechazando haber tenido cualquier vínculo con el cabecilla, Shota, al que ha asegurado conocer sólo por ser compatriota, pero con el que ha negado una amistad. “Gracias al tribunal y a mi abogado, pero soy inocente”, se ha reafirmado Kimote antes de abandonar la sala nuevamente esposado y a sabiendas de que la pena a cumplir será mayor que de haber confesado.