La víctima de la agresión sexual presuntamente cometida por el exjugador del FC Barcelona Dani Alves en diciembre de 2022 ha presentado una denuncia en la comisaría de los Mossos d’Esquadra de Les Corts de Barcelona tras revelarse su identidad a través de las redes sociales.
Fue precisamente la madre del futbolista quien publicó en su perfil de Instagram un vídeo con el nombre, primer apellido y edad de la joven. También imágenes y vídeos extraídos, supuestamente, de las redes sociales de la chica que dejan totalmente desprotegida su identidad. Lucía Alves pretende desacreditar a la víctima, alegando que publicó vídeos con sus amigas celebrando su cumpleaños, Halloween y el Oktoberfest después de la presunta violación.
Denuncia en los Mossos
Por estos hechos, que podrían constituir un delito de revelación de secretos, penado con cárcel, Ester García, la abogada de la víctima, ha acudido en representación de la afectada a la citada comisaría de Mossos d’Esquadra para presentar la pertinente denuncia, según ha avanzado La Vanguardia.
La abogada ya anunció ayer que emprendería acciones legales contra “todas aquellas personas o medios que difundieran las imágenes” de la víctima o que facilitasen cualquier información, directa o indirecta, que permita su identificación, pues constituye “un delito flagrante”.
La fiscalía analiza las imágenes
En paralelo, la Fiscalía Provincial de Barcelona analiza “todos los elementos” del vídeo difundido por la madre de Dani Alves. El Ministerio Público ha confirmado a Crónica Global que “se está estudiando la difusión de las imágenes”, así como “todos los elementos” que aparecen en el post de Lucía Alves.
Asimismo, ha confirmado que “se interesará a la Sala la protección de la imagen de la víctima el día del juicio oral”, que se celebrará entre el 5 y el 7 de febrero en la Audiencia Provincial de Barcelona, en el que pedirá para el brasileño nueve años de prisión. También solicitará 10 años de libertad vigilada y una indemnización de 150.000 euros para la víctima, mientras que la acusación particular eleva a 12 años la petición de cárcel, la pena máxima establecida en el Código Penal español para este tipo de delitos.