'Hackean' su cuenta de Google y los Mossos se niegan a investigarlo

Hackearon su cuenta de Google y acudió a una comisaría de los Mossos... pero la policía se negó a tramitar la denuncia. Le ocurrió el pasado septiembre a un vecino del barrio de Sant Andreu de Barcelona, según ha averiguado Crónica Global.

Según fuentes próximas al afectado, los agentes no solo impidieron que interpusiera la denuncia, sino que aseguraron que no investigarían el asunto pese a encajar en el artículo 197 del Código Penal. La situación se agravó aún más cuando la dirección de la Oficina de Atención Ciudadana (OAC) también desoyó al afectado, argumentando que los hechos no revestían suficiente gravedad.

Los Mossos no tienen cifras

Un portavoz de los Mossos reconoce a este medio que el pirateo del correo electrónico constituye uno de los métodos de acceso ilícito a las comunicaciones personales reconocidos expresamente por el Código Penal. Pero no se pronuncia sobre este episodio ni detalla cuántas denuncias por intrusiones digitales se interponen en Cataluña.

Hay que tener en cuenta que cualquier hackeo de un perfil de Google compromete no solo los correos del propietario, sino también la información almacenada en el resto de aplicativos de la herramienta: la agenda de contactos, los eventos registrados en el calendario, los archivos de audio e imagen del Drive...

Desconocimiento de la policía

El vecino llegó a presentar en comisaría un certificado conforme se habían producido accesos a su cuenta desde ubicaciones y dispositivos desconocidos. Pero los funcionarios restaron importancia a este documento elaborado por Savetheproof, un proveedor de certificados digitales con validez jurídica.

Una fuente experimentada en la lucha contra la ciberdelincuencia apunta que "pese al crecimiento de delitos informáticos en Cataluña sigue faltando conocimiento en el cuerpo, lo que lleva a que no se sepa cómo proceder ante estos casos. Aunque ante la duda lo mejor es tomar el relato al ciudadano".

Denunciar pese a todo

Esta situación también se deja notar en las OAC. De hecho, una reivindicación de los uniformados que hasta ahora no ha llegado a buen puerto es que el personal de estas oficinas tenga el segundo nivel de especialización, el mismo que tienen los miembros de las ARRO y la investigación básica del cuerpo.

Pese a este problema, el penalista Pablo de Palacio recuerda que "los ciudadanos que comprueban que ha sido hackeado su correo electrónico tienen derecho a interponer la oportuna denuncia ante la autoridad policial para que sus departamentos informáticos puedan investigar si es posible llegar a la IP desde la que se ha producido esta intromisión al derecho a la intimidad y privacidad".

"Lamentablemente estos temas acaban archivados porque es difícil acreditar quién es el autor material y aun cuando se llegue a acreditar no sabemos exactamente el territorio donde se ha producido el hackeo. Puede que se cometa el delito desde un ordenador que esté en Singapur y el afectado esté en Alemania, pero hay una laguna legal porque el delito se ha cometido en un mundo paralelo que es el ciberespacio", reconoce.