El 26 de junio de 2021, un barco panzudo procedente del puerto de Cartagena (Colombia) atracó en el muelle de Barcelona cargado en sus entrañas con 217 kilos de cocaína. La droga formaba parte de un alijo mayor, de 267 kilos, detectado unos días antes, el 6 de junio, por las autoridades del país andino. De forma premeditada, para conocer la ruta, la policía colombiana dejó que los capos dividieran la carga en dos: 50 kilos del polvo fueron a parar a la Gran Manzana, sobre aviso de la policía neoyorquina, mientras que el resto del cargamento, más de 200 kilos, recaló en la Ciudad Condal.
Una vez en España, con el objetivo de identificar a las personas encargadas de recepcionar la droga, el Juzgado de Instrucción número 3 de Barcelona autorizó, como había hecho previamente la policía colombiana, “la circulación y entrega de esa sustancia”; es decir, permitió que la cocaína siguiese su curso para poder desgranar la estructura del entramado criminal. Asimismo, la Fiscalía Especial Antidroga dio luz verde a que cinco agentes encubiertos de la Policía Nacional se infiltraran en el tentáculo de esta red internacional en Cataluña.
Un policía se ganó la confianza de un capo
Uno de los policías contactó con A. C., uno de los presuntos líderes de la organización criminal en la Ciudad Condal, y se ofreció para ayudarle a descargar la lucrativa mercancía. Una vez que el agente se ganó la confianza del presunto capo, que creyó haber encontrado un compinche en Barcelona, se reunieron en un bar de Madrid. Allí, el supuesto narco detalló al policía infiltrado el contenedor en el que se encontraba la sustancia y perfiló el modo en el que los miembros de la banda lo vaciarían y trasladarían la droga ocultándola en el interior de varios camiones.
En una segunda reunión entre el policía, otro de sus compañeros de paisano, y el miembro de la organización en un centro comercial de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), el delincuente confirmó que la operación seguía en pie. Asimismo, le prometió al agente que podría acompañar al transportista hasta la nave industrial en la que almacenarían la cocaína para comprobar su autenticidad antes de proceder a su distribución.
El policía capitaneó el desembarco
Sin embargo, la operación no fue como la banda había previsto. El 26 de junio, cuando el barco atracó en la Zona Franca de Barcelona, el grupo criminal tuvo problemas para extraer la mercancía. El motivo que puso en riesgo la millonaria operación, que a punto estuvo de quedar encallada a los pies de Montjuïc, fue la falta de liquidez, que dificultó al grupo la tarea de poder detectar el contenedor en cuestión, así como pagar el salario a sus zapadores para vaciarlo.
Con este escenario, y temiendo por el fracaso de la investigación, el agente infiltrado convenció a los cabecillas para capitanear él mismo el desembarco. Así fue como el policía se hizo con la mercancía, que custodió junto a otros dos compañeros, y le hizo creer a la banda que se la entregaría el 7 de julio en un punto cercano a la población de Granollers (Barcelona).
Pillados ‘in fraganti’
La mañana de la fecha pactada, los narcos se presentaron a la cita en varias furgonetas, previamente modificadas para disponer de compartimentos ocultos con apertura automática, para transportar la sustancia escondida. Sobre las 10.30, tal y como habían pactado, los presuntos delincuentes accedieron a una vivienda en la que los policías habían depositado los 217 paquetes de cocaína, que hacían un peso total de 216,59 kilos. Una vez analizada, pudieron constatar que su pureza era del 78%.
Cuando estaban a punto de cargarla en las furgonetas y los narcos creían haberse hecho, al fin, con una mercancía valorada en 7,75 millones de euros, fueron detenidos por los agentes infiltrados. Ese mismo día, la Policía Nacional efectuó entradas y registros, bajo autorización judicial, en los domicilios de los detenidos, en los que se localizaron, además de 100 gramos más de cocaína, 434 matas de marihuana repartidas en dos plantaciones indoor conectadas de forma fraudulenta a la corriente eléctrica.
Entre ocho y 11 años de cárcel
Este viernes, el único de los cabecillas localizable, A.C. --sus acólitos P. J. D. y Ó. O. se han declarado en rebeldía—, y otros de los miembros del grupo criminal se sentarán en el banquillo de los acusados de la sección 10 de la Audiencia Provincial de Barcelona.
La fiscalía los acusa de dos delitos contra la salud pública (uno en su modalidad de sustancia que causa grave daño a la salud, por el tráfico de cocaína, y otro que no causa grave daño a la salud, por la marihuana), así como de pertenencia a grupo criminal. Por estos hechos el fiscal pide para los procesados penas que oscilan entre los ocho y los 11 años de prisión.