Los padres de un menor de 15 años han denunciado a la Generalitat de Cataluña por no investigar las presuntas agresiones sexuales que presuntamente sufrió el adolescente por parte de dos compañeros en un instituto de Cervera (Lleida). Además, la Administración Pública les retiró la custodia por motivos no fundamentados, según Efe.
La denuncia de la familia, representada por el abogado José Antonio Sires, del bufete Sires Abogados, se basa en la decisión del pasado 25 de julio de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA), que ordenó el ingreso del menor en un centro sin haber investigado antes los presuntos abusos sufridos el 24 de enero.
Sufrió tocamientos
Los padres denunciaron por aquel entonces que varios alumnos de la clase de su hijo, que cursaba tercero de la ESO, le habían hecho tocamientos de índole sexual en un aula del instituto. Según su relato, los presuntos agresores lo acorralaron contra una ventana, lo desnudaron y le realizaron tocamientos.
A raíz de este episodio el menor estuvo sin asistir a clase durante dos semanas, pero a su regreso el acoso no cesó y los padres decidieron cambiarlo de instituto. Por todos estos hechos los Mossos d’Esquadra abrieron diligencias y dieron traslado de las mismas a la Fiscalía de Menores de Lleida.
Denuncian al IES y al inspector
Según Efe, aunque el menor se cambió de centro educativo, uno de los presuntos agresores lo seguía hasta casa, lo que motivó que la familia presentara una nueva denuncia, esta vez ante la policía local del municipio. Sin embargo, Educación denunció el caso ante Infancia por una supuesta “sobreprotección” de la familia y la DGAIA le retiró la tutela a los padres del menor.
A la vista de todas las pruebas presentadas, añade el abogado, "queda acreditado que la situación de vulnerabilidad del menor nunca ha existido, siendo el acoso escolar sufrido a lo largo de los años lo único que ha padecido el menor y no la existencia de riesgo en el ámbito familiar". Por eso, el bufete ha presentado un recurso de oposición al acuerdo de desamparo provisional mediante demanda al Juzgado de Familia, así como una querella criminal por un presunto delito de omisión de perseguir delitos de acoso y agresión sexual, contra el centro educativo y contra el inspector de zona del mismo instituto.