Vista de una calle del Cementerio de Montjuïc, en Barcelona

Vista de una calle del Cementerio de Montjuïc, en Barcelona Cedida

Vida

Cementiris sospecha desde hace hace ocho meses que sus trabajadores saquean tumbas

La empresa municipal hizo firmar un 'compromiso antirrobo' a sus brigadas en diciembre de 2022; B:SM pierde la paciencia y apunta a los directores jurídico y de operaciones

15 agosto, 2023 23:30

Cementiris de Barcelona hace ocho meses que tiene indicios de que algunos de sus trabajadores podrían estar robando tumbas en busca de joyas y dientes de oro. La empresa municipal que gestiona los ocho camposantos públicos de la Ciudad Condal hizo firmar un compromiso antirrobo a sus brigadas en diciembre de 2022. Pese a ello, se han profanado 162 sepulturas, "como mínimo". 

Son los datos internos que fuentes no oficiales de Barcelona de Serveis Municipals (B:SM), el conglomerado de empresas del Ayuntamiento de Barcelona, han dado a este medio. Oficialmente, el grupo que dirige como CEO Marta Labata no da información, pero extraoficialmente ha puesto a dos directivos de Cementiris en la diana: Esteve Grima, jefe de servicios jurídicos; y Joan Manel Aparicio, jefe de Operaciones. 

Un compromiso contra los robos

Las sospechas nacieron en diciembre de 2022, cuando el equipo de Esteve Grima hizo firmar a la plantilla de Cementiris un compromiso escrito de que no podían coger nada de las sepulturas. Según explican desde B:SM, la hoja la tuvieron que firmar los "brigadas" de la empresa municipal, los que trabajan sobre el terreno. 

¿Qué decía el papel? "Que las brigadas, individualmente, no pueden extraer ningún objeto --tampoco ropa u oro-- de las sepulturas en el momento de preparación, desahucio o retrocesión, entre otros", abundan. 

Siete meses sin hacer nada

Lo que subleva a B:SM es que "ya había indicios de lo que estaba pasando", desde diciembre de 2022. Pese a ello, la firma pública "no hizo nada" durante los siete meses siguientes, hasta que denunció los hechos a los Mossos d'Esquadra el 3 de julio de 2023, como avanzó este medio en exclusiva.

Miquel Trepat, director general de Cementiris de Barcelona, en una conferencia

Miquel Trepat, director general de Cementiris de Barcelona, en una conferencia Cedida

Tras ello, la policía catalana reforzó la vigilancia e incluso comenzó a patrullar el Cementerio de Montjuïc con drones equipados con cámara térmica. 

Dos directivos en la diana

Con estos datos y a la espera del resultado de la investigación policial en marcha, B:SM detecta inacción de la sociedad pública --que tiene beneficios año a año, más de dos millones el último ejercicio-- para frenar unas profanaciones que "no son solo 162, como se ha publicado, son muchas más que aún no se han detectado". 

El conglomerado que comanda Labata apunta al equipo del gerente, Miquel Trepat, y, sobre todo, a dos directivos históricos: Esteve Grima, jefe de servicios jurídicos y cerebro del compromiso antirrobo de diciembre de 2022; y Joan Manuel Aparicio, jefe de Operaciones de Cbsa. 

Posibles indemnizaciones

El malestar de B:SM con su filial es grande porque, como explicó Crónica Global, algunas familias afectadas por los robos de tumbas están interesándose para presentar demandas. Ello podría dar lugar a tener que pagar nuevas indemnizaciones económicas, como pasó tras el derrumbe de un bloque de 144 nichos en 2017. 

Dos usuarias, en el Cementerio de Montjuïc de Barcelona

Dos usuarias, en el Cementerio de Montjuïc de Barcelona Cedida

Por el momento, los pagos a los allegados de los difuntos que quedaron sepultados en aquel hundimiento --se perdieron los restos-- han recibido cerca de 500.000 euros de compensación. Medio centenar de casos los ha pilotado el bufete barcelonés de abogados Palacio Lassaletta

La gestión

El episodio de los robos en los cementerios se ha transformado en una crisis empresarial de primer nivel. No solo por la presunta inacción de Cementiris de Barcelona --pese "al inexplicable elevado tren de vida de algunos empleados"--, sino porque se suma a pifias anteriores en la gestión. 

Tras el derrumbe de los nichos en 2017, la empresa municipal cerró su crematorio de Collserola por contaminar, como avanzó este medio. Al año siguiente, jugó un pobre papel durante la pandemia del coronavirus, colapsándose y alquilando un horno funerario que resultó ser inútil para lidiar con el alud de defunciones. En 2022, un trabajador fue investigado por, presuntamente, pedir mordidas a cambio de colocar a los difuntos en mejores sepulturas. Fue despedido, con las pesquisas aún en marcha.