Un juzgado de Barcelona retira la incapacidad permanente a un afectado por VIH desde 1989

El Juzgado Social 20 de Barcelona ha desestimado la demanda interpuesta por C., una persona de 60 años afectada por VIH desde el año 1989, a la que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) le retiró la prestación por incapacidad permanente que tenía reconocida desde 1996.

El afectado ha recurrido la decisión judicial ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) al considerar que "ignora la realidad clínica del enfermo y representa una verdadera condena a la exclusión social para una persona a la que se le retira su única fuente de ingresos", según ha explicado su abogada, Marta Barrera, miembro del Colectivo Ronda.

"Mejora evidente" según el ICAM

En 2021, el INSS dictó una resolución revocando la situación de incapacidad permanente en grado de absoluta del recurrente. Posteriormente, el Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas (ICAM) valoró que C. había experimentado una "mejora evidente" y "una recuperación de sus facultades generales y de la posibilidad de realizar actividades laborales rendibles".

El afectado interpuso entonces una demanda judicial contra la decisión del ICAM y aportó informes médicos, en los que se describían la multiplicidad de patologías asociadas al VIH, como afectaciones pulmonares, lesiones dorsales, deterioro cognitivo, trastorno depresivo y patologías hepáticas, entre otras.

Un laboratorio en el que se investiga el VIH / EFE

Cáncer de hídago

Esta situación de salud se agrava por la necesidad de someterse regularmente a lo largo de todos estos años a "múltiples tratamientos antirretrovirales", frente a los cuales C. ha presentado "problemas de toxicidad, requiriendo cambios de tratamiento que han contribuido a empeorar su estado general de salud", según han apuntado los abogados.

A este cuadro médico se ha añadido recientemente un cáncer de hígado, del que está siendo tratado y que le ha obligado a someterse a una intervención quirúrgica.

Patologías no limitantes

En su sentencia, la magistrada reconoce que el médico de familia refiere que las enfermedades que ya tenía este hombre "han empeorado y que han aparecido nuevas patologías".

"No obstante, la existencia de patologías no determina directamente la existencia de limitaciones funcionales que, de hecho, no se describen en el referido informe", argumenta.

Exclusión social

Por su parte, Barrera ha lamentado que "se está condenando a una persona a una situación de exclusión social cuando se pretende obligarlo a reintegrarse al mundo laboral con 60 años, después de casi 30 años sin trabajar, con una necesidad constante de atención médica y dificultades reconocidas en diferentes informes médicos".

"El ICAM y el INSS parecen ignorar un hecho científicamente reconocido: el VIH de larga duración provoca un envejecimiento precoz del organismo, con especial incidencia en el sistema inmune", ha afirmado.