La Fiscalía narra el infierno de los ancianos muertos por salmonela en una residencia: suciedad, descontrol y falta de atención

Suciedad, descontrol y falta de higiene. La Fiscalía narra en su escrito de denuncia el infierno vivido por ocho ancianos que murieron en una residencia de Barcelona por salmonela. El ministerio fiscal acusa a la directora y a otras tres personas de ocho delitos de imprudencia grave con resultado de muerte. El ministerio público avisa de que, a día de hoy, "las consecuencias letales para los residentes se mantienen".

El brote de salmonela afectó a 39 residentes, lo que provocó la hospitalización de 15 de ellos y el fallecimiento de ocho.

El ministerio público explica que, desde finales de julio hasta principios de septiembre de 2022, el centro contaba con autorización administrativa para cien plazas, 57 de ellas públicas.

Ocultación de los hechos

“Pese a tener obligación de hacerlo, los denunciados --el administrador único y gerente, la directora, la gobernanta y la doctora—no notificaron ninguno de los casos al SEPID (Servicio de Epidemiología integrado en la Agencia de Salud Pública de Barcelona), negaron el contagio de 33 de los residentes y no comunicaron siete de los ocho fallecimientos. Los denunciados solo facilitaron información al referido organismo una vez éste hubo alcanzado el conocimiento de los hechos a través de otras fuentes”, explica el fiscal.

“El proceso de investigación del SEPID fue obstaculizado y las consecuencias de brote notablemente agravadas a causa de la deliberada voluntad de los denunciados de ocultar cualquier dato o cualquier nuevo caso de Salud Pública”.

El brote no fue comunicado

Añade el ministerio fiscal que, en agosto de 2022, la responsable del EAP notificó al SEPID la existencia del brote personándose un equipo de sanitarios en el centro, donde “detectaron una importante deficiencia en la higiene y la limpieza de las salas”.

De hecho “a lo largo del proceso de investigación, la falta de higiene, la falta de material de desinfección de espacio e higiene de personas en orden a evitar la propagación del brote fue una constante, y ello pese a las directrices facilitadas por el personal sanitario desde el primer momento”. También se constató “la sospecha de que los denunciados no habían comunicado el brote a las autoridades sanitarias, así como la existencia de más casos de contagio en otras plantas, hechos negados por las denunciadas”.

El riesgo se mantiene

Durante la vigencia del brote también se advirtió la administración del antibiótico Ciprofloxacino a diversos residentes “sin que conste motivo o diagnóstico alguno que justificara el consumo ni se hubiera solicitado su prescripción, obedeciendo tal práctica a razones de ocultación y obstaculización en la detección de casos de cara a las autoridades sanitarias, lo cual favoreció la trasmisión entre residentes”. Asimismo, se estableció que a los residentes de la planta sexta que presentaran diarreas se les administraran dos cápsulas de Fortasec”.

En resumen, afirma la Fiscalía, el comportamiento de los denunciados al no haber adoptado las más elementales medidas de atención, diligencia y colaboración con los técnicos epidemiológicos ante la grave crisis sanitaria que se produjo en el mes de agosto de 2022 contribuyó a la agravación del brote y generó directamente un elevado riesgo de trasmisión de la infección y otros problemas de salud a los residentes con consecuencias letales para algunos de ellos. A día de hoy, ese riesgo se mantiene en niveles muy altos”.