La Audiencia ordena investigar maltrato con resultado de muerte en las residencias Provea

Según un auto reciente al que ha accedido este medio, la sección novena de la Audiencia reabre una querella contra Provea que presentó el hijo de C.T., una antigua residente en uno de los asilos de la Fundación y que falleció tras sufrir presunto maltrato por falta de atención. 

Archivo "injustificado" por las fotos

En su razonamiento, los tres magistrados tildan de "injustificada" y "anticipada" la decisión del juez de la sala de Instrucción número 29 de Barcelona de sobreseer la causa. El tribunal recuerda que la familia de la fallecida aportó un reportaje fotográfico de 53 instantáneas con hematomas en la piel de la anciana que podrían ser indiciarios de maltrato. 

Las fotos "son un indicio de lesiones" en la fallecida, señalan. Sostienen que esos golpes "no debieron producirse en modo alguno" si la víctima vivía en una residencia, por lo que "tienen que ser investigadas". Máxime, "a la vista de la dispersión y gravedad de los hematomas fotografiados". 

Ingestión extraña

Los magistrados también recuerdan que C. ingresó en el Parc Sanitari Pere Virgili con un cuadro de broncoaspiración -la ingesta accidental de objetos o líquidos por vía aérea-, por lo que "ingirió algo que no debía pese a estar bajo la supervisión de sus cuidadores". 

Ante ello, la Audiencia considera "pertinentes" y "útiles" la petición de la práctica de diligencias que pide la familia de la víctima. Estima su recurso, reabre el caso y añade presión sobre la Fundación Provea. 

Residencias propiedad de dos conocidos abogados

Cabe recordar que esta entidad sin ánimo de lucro, que no ha respondido las preguntas de este medio, nace de la iniciativa empresarial del abogado Juan Carlos Giménez-Salinas, presidente del bufete barcelonés homónimo, que se especializa en conflictos mercantiles. 

Provea, una asociación sin ánimo de lucro, es uno de los promotores de la entidad Moviment per Aturar el Maltractament, una plataforma-paraguas formada por entidades sociales que tiene como meta luchar contra el abandono y trato degradante a personas ancianas. Lo que precisamente la justicia investigará si ocurría en uno de sus geriátricos.

Imagen de un acto del Moviment per Aturar el Maltractament Cedida

Globalmente, hasta 84 fundaciones y entes sin ánimo de lucro están coordinados para asesorar a las administraciones públicas en hacer políticas de protección de los séniors. 

Contra DomusVi, otra causa penal

La causa contra Provea por homicidio imprudente no es única. Cabe recordar que un juzgado de Mataró, la sala de Instrucción número 4, mantiene otro procedimiento abierto contra la multinacional DomusVi por 87 fallecimientos de ancianos por Covid en su residencia Ca n'Amell de Premià de Mar (Barcelona) en 2020. 

La acusación la pilota la Fiscalía de área de Mataró, que ayer confirmó a Crónica Global que siguen las pesquisas. Mientras, el macrogeriátrico, con 300 plazas, lo ha comprado L'Onada Serveis, de Cinta Pasqual, presidenta de la patronal del tercer sector Acra, tal y como avanzó este medio.