Las familias con niños con discapacidad deben hacer frente a muchos obstáculos en su día a día. También en el ámbito educativo. Bien lo saben los padres de Martí, que denuncian que la Administración les está poniendo pegas para inscribirlo a un colegio de educación especial adaptado a sus necesidades. El menor tiene cinco años y, hoy por hoy, es alumno de una escuela ordinaria de Castelldefels (Barcelona) que según ellos "no cuenta con los recursos suficientes para dar respuesta a su discapacidad".
En declaraciones a Crónica Global, Juan y Maite [nombres ficticios] explican el periplo que están pasando para que su hijo tenga hueco en el colegio especial que han elegido, Can Rigol, y que, hoy por hoy, no tiene hueco para él.
Unos recursos insuficientes
Martí tiene una discapacidad del 75% por el Trastorno del Espectro Autista (TEA). Desde el primer curso de infantil acude a una escuela pública de Castelldefels en la que le atienden dotaciones extraordinarias de profesionales a través de los SIEI (siglas de Suports Intensius per a la Escolarització Inclusiva). Unos trabajadores que son insuficientes para cubrir las necesidades del pequeño, aseguran los padres, que tienen buenas palabras hacia la escuela. “Desde el colegio hacen más de lo que se les da, pero para la grave discapacidad de Martí se le queda corto”, expresan.
Por eso, y tras esperar dos años, los padres consideran que ha llegado el momento de que el menor acuda a un centro de educación especial, concretamente al de Can Rigol, que creen es el que más se adapta a sus necesidades, pese a que se encuentra en El Prat, a unos 15 kilómetros de su casa.
Probarán suerte en julio
Pero este año tampoco será posible. Y es que, según denuncian, los Equipos de Asesoramiento y Orientación Psicopedagógica (EAP) se han negado a redactarle el informe que avala esa decisión, ya que dan prioridad a los alumnos que cambian de etapa educativa. Es decir, de infantil a primaria, para lo que a Martí le queda un año.
Tampoco le dieron una respuesta favorable desde los servicios territoriales de la Conselleria de Educación, desde donde les instan a esperar a julio para comprobar si se queda alguna plaza libre en Can Rigol. Si hay suerte, el menor acudirá a ese centro de educación especial, pero si no, “continuará donde está”, lamentan los padres, que de momento suplen lo que la Administración no les da con terapias privadas, pagadas de su propio bolsillo.
Los padres, desesperados
Ante esta situación, Juan y Maite lamentan la “falta de voluntad” de las Administraciones de la Generalitat que no tienen en cuenta las necesidades y el tipo de recursos que necesita Martí. “Mi hijo va todavía con pañal y tiene cinco años. No se relaciona con otros niños y se pone nervioso cuando le llega la impotencia”, declaran, tras reconocer que están “desesperados” y ansiosos porque su pequeño pueda contar en julio con una vacante.
Sobre todo, porque se temen que el pequeño vaya para atrás y no mejore: “Nosotros sabemos que Martí tendrá que llegar a un centro de educación especial porque cada año que pasa la diferencia entre él y sus compañeros va a ser mayor. El año que viene, en la escuela donde va él, ya empiezan a aprender las letras y él está pintando. En las fiestas de cumpleaños cada vez está más fuera”, agregan.
¿Existe una escuela inclusiva?
Sin embargo, desde el EAP ven con buenos ojos que Martí siga en esa escuela ordinaria al estar recibiendo una atención especial a través del SIEI. De hecho, esta postura va en la línea de lo que fomenta la Generalitat, que quiere acabar poco a poco con los centros de educación especial y potenciar la tan cuestionable escuela inclusiva. Eso explica, también, que cada vez haya menos plazas en los centros de educación especial y que, las que hay, estén disponibles para casos excepcionales de menores con multidiscapacidad.
“La idea es que vayan reduciendo las plazas para que los niños estén en la escuela ordinaria. Ello va en beneficio de la criatura y del resto del alumnado, que también aprenderá a relacionarse con todo el mundo”, expresa Dolors Vique, miembro de la Asociación Catalana de Psicopedagogía y Orientación (ACPO) y de Rosa Sensat, además de extrabajadora en cinco EAP.
Lo mismo opina Marta Robles, neuropsicóloga especialista en autismo, quien cree que el SIEI debería "poder dar respuesta a las necesidades educativas del alumno, independientemente del diagnóstico y su edad". Además, advierte de que el cambio a una escuela de educación especial "no siempre es sinónimo de mejora".
Un sistema público "colapsado"
Esa es la teoría, pero la realidad deja mucho que desear. Y así lo reconoce la propia Vique, que exige reforzar el sistema público que está “colapsado”. En este sentido, asegura que la escuela pública debería fortalecerse, además de los SIEI y los EAP, que deberían aumentar sus dotaciones de personal. Además, apuesta por incrementar la formación del profesorado, ya que hoy por hoy los estudiantes que acaban la universidad "todavía no tienen un gran conocimiento sobre la diversidad", espeta.
Sea como sea, nadie discute la buena voluntad del decreto de inclusión porque “promulga que los niños con necesidades especiales puedan disfrutar de espacios ordinarios, donde poder relacionarse con otros de la comunidad”. No obstante, antes de dejar sin plazas los centros de educación especial, la Generalitat debería asegurarse de que hay suficientes recursos para que no tengan que ser siempre los mismos los que sufran las consecuencias.
No solo las familias, también los profesores, que “sostienen el sistema gracias a su vocación inquebrantable”.