La chapuza de las guarderías le explota a ERC a las puertas de un 28M en el que se mide con el PSC

Quedan pocos días para que se celebren las elecciones municipales y a ERC le ha estallado un conflicto que podría perjudicarle en las urnas. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha condenado al Govern a pagar de forma inmediata 24 millones a los ayuntamientos que denunciaron que les dejase tirados en la financiación de las guarderías.

Una chapuza que podría salirle cara a los republicanos el 28 de mayo, ya que la mayoría de consistorios a los que la justicia ha dado la razón están gobernados por los socialistas, con quienes se disputan los liderazgos en varias localidades. Entre ellas, Santa Coloma de Gramenet con un candidato como Gabriel Rufián, que trata de pisar los talones --sin éxito-- a la alcaldesa y alcaldable del PSC, Núria Parlon.   

Un conflicto de años

El origen del conflicto se sitúa en 2011, cuando Artur Mas pasó la tijera y redujo las ayudas destinadas a la educación de 0 a 3 años, recortando de los 1.800 euros anuales por niño a los 1.600; después a los 1.300 y, en 2014 las eliminó. A raíz de ahí, en 2017 un total de 27 ayuntamientos --Cornellà, L'Hospitalet, Esplugues de Llobregat, Sabadell, Sant Joan Despí y Terrassa-- denunciaron a la Generalitat, teniendo como respuesta una sentencia del TSJC que les daba la razón y que reconocía que financiar este servicio público era competencia autonómica. 

Más tarde se sumaron los consistorios de Barberà del Vallès, Camprodon, Canovelles, Castellar del Vallès, Castellbell i el Vilar, Cerdanyola del Vallès, Lleida, Montmeló, Montseny, Olesa de Montserrat, Pineda de Mar, Pont de Vilomara y Rocafort, El Prat de Llobregat, Ripollet, Rubí, Sant Adrià de Besós, Sant Boi de Llobregat, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Celoni, Sant Esteve Sesrovires, Sant Llorenç d’Hortons, Santa Coloma de Gramenet, Santa Perpetua de Mogoda, Tarragona, El Vendrell y Viladecans. Todo ellos, que representan a casi dos millones de habitantes, gobernados en su mayoría por un alcalde del PSC.

'Sprint' final de la campaña

Un PSC que, este jueves, ha vuelto a ver cómo el TSJC le ha dado la razón obligando al Govern a pagar de forma inmediata todo lo que les debe por incumplir su obligación de financiar las guarderías. Y ello se ha producido en el último sprint de campaña para unas elecciones en las que ERC le disputa su liderazgo en muchas localidades.

Así, cabe preguntarse: ¿le podría pasar factura a los republicanos este pronunciamiento del TSJC? La respuesta es que sí. Los republicanos creían que gobernando la Generalitat en solitario iban a poder exhibir su gestión de gobierno como activo electoral, pero no ha sido así. Sus propias consejerías se han convertido en una especie de ratonera para el partido, generando fricciones con colectivos tan importantes como las familias o los profesores. 

El PSC gana la batalla

Esquerra Republicana confiaba en que, tras la salida de JxCat del Govern, su gestión podría servirle para sacar rédito electoral, pero nada más lejos de la realidad. De hecho, cabe recordar que ha optado por esconder a consellers polémicos como el de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, que mantiene un conflicto enquistado desde hace meses con toda la comunidad educativa. 

Por contra, el PSC está sabiendo aprovechar su liderazgo en ayuntamientos --como los anteriormente mencionados-- exhibiendo sus políticas municipales para recabar apoyos electorales el próximo domingo. Y es que a nadie se le escapa que los socialistas han metido un gol político a ERC al denunciar en su día la infrafinanciación municipal. Algo que no hicieron los consistorios gobernados por ERC y JxCat.

PSC: "Es una victoria moral"

Pero más allá del partido, el panorama se le complica al conseller Cambray, que ya se encuentra debilitado con varios frentes abiertos a los que se le suma, ahora, una deuda con los consistorios. Para el PSC, esta interlocutoria del TSJC es un "acto de justicia y una victoria moral" que llega después de años de "deslealtad institucional" con el mundo municipal en materia educativa. Y le avisan de que debería servirle como lección para que no vuelva a cargar la responsabilidad de la climatización de los colegios a los ayuntamientos, explican fuentes socialistas a Crónica Global.

Sea como sea, ERC podría sufrir las consecuencias por desentenderse de una etapa educativa que no es obligatoria, pero que tiene una función esencial para combatir la segregación escolar y las desigualdades. Para más inri, cabe destacar que las familias preocupadas por la educación pública de sus hijos son un nicho electoral a potenciar y que podría, incluso, decantar la balanza en las elecciones del domingo. En la carrera de ganarse a los indecisos, el PSC está mejor posicionado tras este golpe del TSJC.