La propuesta de ley de vivienda realizada por el Consejo de Ministros el pasado 1 de febrero de 2022 llega a un acuerdo este abril de 2023 para regular diferentes ámbitos del sector de la vivienda y el alquiler de inmuebles. La propuesta ya generó un intenso debate entre los diferentes integrantes del Gobierno, y surge de nuevo el debate entre la población, ahora que se han dado a conocer las medidas específicas que integra.
La nueva ley, que se espera que entre en vigor en 2024, incluye varias medidas que buscan garantizar el derecho a la vivienda y regular el mercado del alquiler.
Topes en las subidas de alquileres y actualización con el IPC
La principal medida destacada es que se establece un tope en las subidas de precios de los alquileres, siendo de un máximo de 2% para este 2023 y de un 3% para 2024.
De 2025 en adelante, informa el Gobierno que “se creará un nuevo índice más estable e inferior a la evolución del IPC”, por lo que ya no se tendrá en cuenta el IPC como índice de referencia en los contratos de alquiler como venía ocurriendo hasta la fecha.
Regulación de zonas tensionadas
Otra de las medidas es la regulación de los precios de los alquileres en zonas denominadas tensionadas, con alta demanda y escasa oferta, en las que el coste del alquiler más los gastos en suministros básicos supere el 30% de la renta media de los hogares. Se regularán todos los alquileres de inmuebles en estas áreas tensionadas independientemente de si son propiedad de grandes tenedores o pequeños propietarios.
Adicionalmente, se reduce la cantidad de propiedades de diez a cinco inmuebles para considerarse un gran tenedor, y por tanto se aplicarán medidas específicas para este tipo de propietarios con el fin de evitar el acaparamiento y la especulación.
Inquilinos y arrendadores
En cuanto a los arrendadores, se establece que el propietario corre con la obligación de pagar las comisiones y honorarios inmobiliarios por el alquiler de un inmueble, ya que por norma general corría por parte del inquilino hasta el momento en la mayoría de los casos.
Tampoco podrán los propietarios aumentar el precio del alquiler añadiendo nuevos gastos, como gastos de comunidad, la tasa de basura, etc.
Desahucios
El Gobierno propone con esta ley nuevas medidas de protección frente a los desahucios. En primer lugar, ya no se podrá realizar un desahucio sin fecha y hora previamente estipulada. También se establece una prórroga extraordinaria de un año para familias y personas que acrediten una situación de vulnerabilidad social o económica en los contratos de alquiler.
Asimismo, se incluyen nuevas prórrogas en los procesos de lanzamiento que pueden llegar a aplazarlos más de dos años. Además, también reconocen que las diferentes comunidades autónomas puedan brindar mecanismos propios de mediación y alternativa habitacional que consideren necesarios. Al respecto, por primera vez se reconoce que los fondos de planes estatales de vivienda ofrezcan alternativas como los alquileres sociales bonificados o el realojamiento de familias y personas en situaciones vulnerables.
El debate generado por la ley de vivienda
Esta nueva ley de vivienda ha generado muchas expectativas y también muchas dudas. En el centro de las discusiones está la problemática de los desahucios y el miedo por parte de los propietarios de viviendas en alquiler a no obtener los beneficios por los que ejercen la actividad o a quedarse un tiempo sin acceso a su propiedad.
Las opiniones al respecto son muy dispares, sin embargo, muchos propietarios han hecho públicas sus opiniones a través de redes sociales indicando que preferirán no alquilar las viviendas antes que alquilarlas con miedo. Es aquí donde se une a la polémica el problema de la okupación. Y es que, si se quedan muchas viviendas vacías y si nadie quiere establecer contratos de alquiler con las condiciones indicadas bajo esta ley, habrá numerosas personas y familias que no tendrán acceso a una vivienda digna y es posible que opten por la okupación.
Consecuencias
Entre enero y noviembre de 2022 se contabilizaron alrededor de 15.400 inmuebles ocupados, lo que corresponde a una media de 46 por día, siendo Barcelona y Madrid las principales provincias que encabezan el ranquin de viviendas con okupas. Si necesita un desahucio en Madrid o en cualquier parte de España y cumple con las normativas, siempre puede acudir a una empresa de cerrajeros para cambiar la cerradura y poner sistemas de seguridad en la vivienda.
Otras personas han salido en defensa de esta nueva ley de vivienda a través de las redes sociales, alegando que dada la situación económica e inmobiliaria del país era necesaria, especialmente en las grandes ciudades con muy alta demanda y muy poca oferta, en las que se han denunciado casos de alquileres de zulos o inmuebles de nueve metros cuadrados por hasta 800€ al mes.
DATOS DE CONTACTO:
Cerrajeros Madrid Abrehogar 24 Horas
Juan Álvarez Mendizábal, 12, local 2,
28008 Madrid
Tel. 647 19 92 08
--
Contenido patrocinado