La fiscalía da por buena la condena a Laura Borràs: no recurrirá

El ministerio público ha anunciado este martes que no recurrirá la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que condenó a cuatro años y medio de prisión y 13 de inhabilitación a la presidenta suspendida del Parlament, Laura Borràs. Cabe recordar que el TSJC propuso en la misma sentencia un indulto parcial al Gobierno para evitar la entrada en prisión de Borràs, por lo que se esperaba que la fiscalía pudiera presentar un recurso.

Así lo han avanzado este martes fuentes jurídicas a Efe, que han confirmado que la fiscalía no presentará un recurso dado que entiende que la sentencia ya recoge su tesis. El TSJC condenó a Laura Borràs a cuatro años y medio de cárcel por los delitos de prevaricación y falsedad documental por trocear contratos y adjudicarlos a dedo a su amigo Isaías Herrero cuando presidía la Institución de las Letras Catalanas (ILC) entre 2013 y 2017, si bien la fiscalía pedía seis años de prisión y 21 de inhabilitación.

Una condena "excesiva"

Laura Borràs fue condenada a cuatro años y medio de cárcel por fragmentar en 18 contratos menores el proyecto de la web de la ILC, que ascendía hasta los 335.700 euros, para evitar sacarlo a concurso público. Según la fiscalía, Borràs lo hizo así para adjudicarlos de manera "totalmente arbitraria" a su amigo Herrero sabiendo que cometía una irregularidad.

Sin embargo, en la misma sentencia por la que se condena a la presidenta de Junts a una pena de prisión, el tribunal refleja que la pena “resulta desproporcionada y excesiva”, por lo que propuso un indulto parcial para evitar su entrada en la cárcel. Así lo decidió el tribunal tras argumentar que no hubo lucro personal y que los trabajos encargados a Herrero se efectuaron.

La contratación "prevaricadora" de Borràs

La sentencia del TSJC refleja que ha quedado probado que Laura Borràs dio instrucciones a Isaías Herrero sobre la necesidad de que elaborara y aportara tres presupuestos comparsa por cada concepto con el único fin de ocultar la "contratación prevaricadora".

Con este mecanismo Borràs "hizo quebrar todos los principios" de publicidad y transparencia que rigen en la contratación pública y adjudicó al informático un total de 18 contratos menores por un valor total de 335.700 euros, una cantidad que, según el TSJC, no consta que tuviera un coste inferior al valor de los trabajos realizados.