Obregón reaviva el debate de los vientres de alquiler: "Convertimos al humano en un bien de consumo"

La maternidad subrogada de Ana Obregón ha reavivado el debate sobre los vientres de alquiler. La actriz, modelo y presentadora de televisión se ha convertido en "abuela" mediante gestación subrogada en Miami, y la noticia ha convertido las redes sociales y los medios de comunicación en un campo de batalla donde ha vuelto a aflorar la discusión sobre una práctica que en España es ilegal.

Los contratos de gestación por sustitución, tal y como lo define la ley española, son nulos de pleno derecho. No obstante, no existe una prohibición expresa ni persecución alguna de esta práctica de reproducción cuando se realiza por ciudadanos españoles en terceros países, ni tiene consecuencias sobre los pequeños.

El movimiento feminista, en contra

Con gran parte del movimiento feminista opuesto radicalmente a esta práctica, en los últimos años se ha debatido si este extremo se debe cambiar para acabar con un proceso que muchos consideran "abusivo", ya que lo común de todas las mujeres que se prestan a ello es que tienen necesidades económicas. 

La abogada y activista feminista Núria González considera que debería anularse la orden de 2010 de la Dirección General de los Registros y del Notariado, que permite registrar a los niños de vientres de alquiler en España una vez han nacido. "Esta práctica es ilegal en nuestro país, no obstante, las rendijas del sistema hacen posible que estos niños puedan registrarse como españoles, como en el caso de Obregón. Luego presumimos de respetar los derechos humanos", denuncia.

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El ser humano como bien de consumo

Javier Arias, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y miembro de diversas fundaciones y comités de Bioética, explica a este medio que el debate y las cuestiones éticas relacionadas con la gestación subrogada se concentran, principalmente, en la idea de la instrumentalización del ser humano. "El hecho de encargar un bebé a otra persona a cambio de una compensación económica convierte al ser humano en un bien de consumo", sentencia.

Por el contrario, los colectivos de familias que han recurrido a los vientres de alquiler defienden esta práctica bajo la premisa de que "la maternidad y la paternidad es de quien la ejerce", y de que las mujeres gestantes eligen "libremente" firmar el contrato. Ellos y partidos como Ciudadanos reclaman su legalización.

Impacto psicológico en los niños

Otros expertos alertan también del impacto que este proceso puede tener sobre los niños. Jorge Martínez Lucena, profesor de Antropología en la Universidad Abat Oliba CEU, asegura que "dentro de este pacto de comercio, hay una vida a la que no se ha pedido su opinión". "En el caso de Obregón, su decisión podría tener un gran impacto psicológico en la niña cuando sea mayor, apuesto que le generará problemas en el futuro", opina.

Coincide con el catedrático González, que señala que las víctimas de esta práctica no son solo las madres gestantes, sino también los bebés. "Los niños tienen derecho a la identidad. En el futuro, los hijos de vientres de alquiler se organizarán para pedir responsabilidades al Estado", alerta.

La visión del Tribunal Supremo

En una sentencia de abril de 2022, el Tribunal Supremo cargó duramente contra la gestación subrogada: sentenció que esta práctica vulnera los derechos fundamentales tanto de la madre gestante como del niño, y concluyó que los contratos firmados imponen a la gestante unas limitaciones de su autonomía personal y de su integridad física y moral "incompatibles con la dignidad humana".

De acuerdo con el alto tribunal, este tipo de contratos obligan a la mujer a “someterse a tratamientos médicos que ponen en riesgo su salud” y regulan cuestiones como el tipo de parto, qué puede comer o beber la madre, se fijan sus hábitos de vida, se le prohíben las relaciones sexuales e incluso se le restringe la libertad de movimiento y de residencia.