El conflicto bélico en Ucrania reaviva el debate sobre la gestación subrogada en España

El estallido de la guerra en Ucrania ha reavivado el debate sobre la gestación subrogada en España. Asociaciones defensoras de los vientres de alquiler y agencias intermediarias piden colaboración al Gobierno para facilitar el acceso a Ucrania a las familias españolas pendientes de embarazos concebidos mediante esta práctica. Solicitan que se les facilite el acceso por pasos fronterizos que estén abiertos para poder recoger a los recién nacidos y traerlos hasta su casa de una forma segura en plena escalada militar del Gobierno de Vladimir Putin. 

Los mensajes de estas asociaciones y los testimonios de diversas familias en los medios de comunicación han convertido las redes sociales en un campo de batalla donde ha vuelto a aflorar el debate sobre una práctica que en España es ilegal.

[poll:204]

Ucrania es uno de los pocos países del mundo donde se permite la gestación subrogada y de los más escogidos por parejas españolas por su proximidad. Según datos oficiales del Ministerio de Asuntos Exteriores, en los últimos diez años han nacido unos 1.251 niños mediante esta transacción internacional. El país de las madres biológicas ofrecía hasta la fecha seguridad jurídica durante el proceso, garantizaba la nacionalidad española al bebé y una factura final más baja que en otras plazas donde los vientres de alquiler son también un negocio.

Revuelo en Twitter

La Plataforma por la Protección de la Infancia Nacida en Georgia y Ucrania (APINGU), que defiende la gestación subrogada, publicó el pasado 24 de febrero un mensaje en Twitter en el que expresaban su preocupación por las familias españolas que habían concertado embarazos con mujeres locales. Habló de las “gestantes que coengendran a sus hijos” en una Ucrania asediada por un conflicto bélico, cuestión que levantó polavereda. De entrada, evitaba en todo momento tildar de madres a las gestantes. 

 

Las palabras de la entidad han sido duramente criticadas por centenares de personas que tachan de “explotadoras” a las familias que están en esta situación. Entre ellas, la Secretaria de Igualdad del PSOE, Andrea Fernández, quien ha recordado que Ucrania está llena de mujeres  “que llevan años siendo usadas como vasijas”. Su posicionamiento no es menor, ya que tiene responsabilidades el partido que está en el Gobierno. Otros hablan de "egoísmo capitalista" el hecho de recurrir a un país como Ucrania, con un PIB más bajo que España, para pagar a una persona que geste a un bebé. 

foto2

foto1

Reclaman sus derechos

La APINGU ha exigido al Ministerio de Asuntos Exteriores que “vele por el derecho fundamental de sus hijos concebidos o ya nacidos" y que permita a sus padres y madres acceder a ellos desde España. Todo ello "sin sanción o discriminación por su diferente modo de concepción", ha expresado la plataforma en un comunicado.

“Nuestros hijos neonatos o concebidos y próximos al nacimiento, tienen derecho a la supervivencia y al desarrollo, a la atención perinatal y postnatal, y a unas condiciones de bienestar en la fase más esencial de su vida”, ha señalado la asociación. De nuevo, unas palabras que han causado revuelo por lo que hay detrás de la práctica. 

Un "limbo jurídico" en España

Los tratamientos de gestación subrogada son ilegales en España. Sin embargo, la Asociación de Gestación Asistida Reproductiva (AGAR), otra de las entidades provientres de alquiler, asegura que esta práctica se encuentra en un "limbo jurídico". La Ley española de Técnicas de Reproducción Humana Asistida de 2006 señala que será nulo de pleno derecho el contrato económico que cierre una familia con una mujer para gestar a su bebé. Con todo, no existe una prohibición expresa ni persecución alguna de esta práctica de reproducción cuando se realiza por ciudadanos españoles en terceros países ni tiene consecuencia sobre los pequeños. De hecho, las agencias que actúan como intermediarias tienen la condición de despachos de abogados en España. 

Los últimos años se ha debatido si este extremo se debe cambiar para acabar con un proceso que también se considera abusivo, ya que lo común de todas las mujeres que se prestan a ello es que tienen necesidades económicas. También sobre qué hacer con los niños nacidos en el extranjero de otras mujeres distintas a la familia que quiere inscribir a los pequeños en los Registros Civiles, otra de las cuestiones que está en el limbo de la legalidad vigente.

La guerra en Ucrania plantea otra controversia añadida a todo lo que se mueve alrededor de los vientres de alquiler: ¿se deben destinar recursos públicos y arriesgar a efectivos para proteger a la familias que quieren recoger a sus bebés neonatos? ¿Son estos pequeños españoles ante la ley?