Se enfrenta a 18 años de cárcel por agredir sexualmente durante años a una mujer ciega

El gerente de la oficina de turismo de L’Espluga de Francolí (Tarragona) se enfrenta a 18 años de cárcel por agredir sexualmente durante años a una mujer ciega. La fiscalía también le pide ocho años de libertad vigilada y una indemnización de 50.000 euros. 

Según el escrito de acusación que ha avanzado el Diari de Tarragona, los hechos ocurrieron en diciembre de 2015 y se alargaron hasta junio de 2016.

Se aprovechaba de su superioridad laboral

La trabajadora, que se encuentra en situación de vulnerabilidad por su discapacidad visual, denunció haber sido víctima de agresión sexual y abuso durante años. En el documento la víctima relata que se quedaba en shock cada vez que el acusado se propasaba con ella aprovechándose de su superioridad laboral. 

La situación fue empeorando conforme pasaba el tiempo. Entre diciembre de 2015 y enero de 2016 el acusado utilizaba los momentos en los que estaban solos para realizarle tocamientos. Según el escrito que avanza ese medio, “colocaba a la víctima hacia el mostrador y le tocaba las partes intimas por debajo de la ropa, quedándose ella en choque, sin poder moverse”. Unos tocamientos que se repitieron durante unas semanas hasta que todavía fue más allá. Y es que desde finales de enero hasta mediados de junio el agresor violaba a la mujer entre una y tres veces por semana.

"Siempre utilizaba la fuerza para sujetarla y le obligaba a mantener relaciones sexuales, propinándole bofetadas y colocándola contra la pared, sillas o mesas de la oficina; se aprovechaba de su superioridad laboral y de la discapacidad visual de la víctima para mantener relaciones siempre sin su consentimiento”.  

Cárcel e indemnización

Estos episodios han tenido consecuencias para la mujer, que frecuentemente sufre ataques de pánico y angustia, requiriendo tratamiento psicológico. Por eso, el fiscal reclama 18 años de cárcel, ocho años de libertad vigilada e inhabilitación de cualquier trabajo, oficio o actividad relacionada con menores de edad.

Además, pide prohibición de acercarse a la víctima a menos de 500 metros durante 26 años. Y no sólo eso: reclama una indemnización de 50.000 euros en concepto de daños morales, tanto al acusado como al consistorio del municipio, a quien le pertenece la oficina de turismo.