La crisis del acoso escolar acelera el desgaste de ERC a tres meses de las municipales

Los casos de bullying que están ploriferando en las últimas semanas en Cataluña están desgastando todavía más a ERC. Un partido que gobierna en minoría con tan solo 33 diputados y que ya estaba en horas bajas tras la aprobación de los presupuestos pactados con el PSC y las huelgas sanitarias y educativas. El pasado 21 de febrero, dos hermanas de Sallent se precipitaron desde el balcón de su casa tras ser víctimas --entre otros factores-- de acoso escolar. Una de ellas murió en el acto, mientras su gemela sigue ingresada en estado grave. El suceso ha descubierto los fallos del sistema para prevenir esta lacra y, en concreto, los protocolos que se aplican en los colegios e institutos catalanes para evitar que las cifras de suicidio juvenil sigan in crescendo. 

Después de ese suceso, se supo que otro joven, de 15 años, trató de quitarse la vida en La Ràpita (Tarragona) horas antes y del mismo modo: arrojándose desde el balcón de su piso. Tal y como explicó este medio, el chico, Pol, confesó a sus padres que sufría las burlas de sus compañeros por tener un grado de autismo y, pese a avisar estos a la tutora, no cambió nada. Pero no es el único hecho escabroso: en un instituto de Rubí (Barcelona), cinco alumnos están acusados de agredir sexualmente a otra estudiante en un aula del centro.

Manifestación por el suicidio de las gemelas de Sallent (Barcelona) víctimas de presunto acoso escolar / EFE - Siu Wu

Los virajes de Educación

El caso de las gemelas de Sallent ha puesto en el punto de mira al conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, cuyo departamento ha ido cambiando de versión desde que ocurrió la desgracia. En un primer momento, la consejería descartó que las niñas sufriesen acoso escolar. “No contemplamos, hoy por hoy, la hipótesis del bullying”, expresaron desde la Administración, escudándose en que las alumnas recibían atención psicológica por parte del Instituto Llobregat, un seguimiento especial de una orientadora por su situación familiar y social, a la vez que una de ellas había sido derivada a los servicios de salud mental. 

Horas más tarde, el departamento que dirige Cambray se vio obligado a rectificar y a suavizar su reacción sin descartar ninguna teoría. Pues eran muchas las voces que apuntaban en la dirección contraria, incluso las hipótesis de los Mossos d'Esquadra que ya han confirmado que las mofas y burlas que sufrían las llevaron a precipitarse al vacío. Este caso destapó el horror que viven muchos estudiantes en las aulas y propició las críticas a los protocolos de la Generalitat, que son "insuficientes". 

¿Habrá dimisiones?

Pero lo que empezó siendo una crisis de la Conselleria de Educación, ha acabado siendo una crisis de gobierno. De hecho, la portavoz del Ejecutivo autonómico, Patrícia Plaja, se vio obligada a dar la cara y a pronunciarse en la última rueda de prensa posterior al Consell Executiu. "No me tiembla la voz para pedir disculpas y nos toca toca asumir que las cosas se tendrían que haber hecho de otra forma. Hay una investigación en curso y tenemos que llegar hasta el final", expresó, tras lanzar un dardo al departamento que dirige Cambray: "Si se ha dado algún tipo de información que se ha tenido que corregir o matizar, no hemos sido lo suficiente rigurosos y no se ha hecho tan bien como se tendría que haber hecho". 

No es la primera vez que este conseller está en la cuerda floja, pues ha estado inmerso en varias polémicas que han llevado a la comunidad educativa a pedir su dimisión por un conflicto laboral que duró meses. Pero esta vez es todavía más grave: hay vidas en juego. Aunque Plaja no confirmó si se iban a producir ceses, es una evidencia que un tema tan sensible preocupa a los republicanos a tres meses de unas elecciones municipales. Una crisis política antes de unos comicios nunca beneficia al partido que gobierna y sí, en este caso, al PSC, que podría robarle a una parte del electorado descontento. 

Sea como sea, el president, Pere Aragonès, deberá plantearse si una eventual dimisión del conseller o de algún responsable de la Administración le beneficiaría para convencer a sus votantes de que ha actuado ante un problema tan grave como este.