Una brutal agresión sexual marca la diferencia: todos los motivos del ingreso en prisión de Alves

La contundente respuesta de la justicia a la supuesta agresión sexual imputada a Dani Alves ha sorprendido a los juristas, que atribuyen su encarcelamiento preventivo a una sola causa: la gravedad del ataque contra la víctima. Esto es, a unos hechos calificados como violación presuntamente cometidos en un reservado de la discoteca Sutton de Barcelona. El resto de supuestos que, según el artículo 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC), avalan la privación de libertad no concurren en el caso de este futbolista de elite, con recursos suficientes para pagar una fianza, con domicilio de sobras conocido y sin antecedentes --que se sepa-- de delitos similares. ¿Destrucción de pruebas?

"En este tipo de delitos no tiene sentido acordar una medida de prisión provisional sin fianza por temor a la destrucción de pruebas. Está claro que la juez ha entendido que los hechos han sido muy graves", explica a Crónica Global el abogado penalista Jorge Navarro. Recuerda que es una medida "extraordinaria" y que, si se tratara de simples tocamientos, "una orden de alejamiento sería lo más adecuado". Alves vive actualmente en México, país al que regresó tras la noche de autos, el 30 de diciembre.

El exjugador del FC Barcelona, que en un principio negó incluso conocer a la chica, declara ahora que las relaciones fueron consentidas, pero la magistrada que ha asumido la investigación ha otorgado plena veracidad y coherencia a la denunciante, quien asegura que Alves la agredió sexualmente en los lavabos de la discoteca barcelonesa. Según algunas fuentes, el agresor la obligó a hacerle una felación. Y eso ya está tipìficado como acceso carnal, lo que el Código Penal castiga con penas de cuatro a doce años. Las cámaras y los informes forenses también dan credibilidad a la agresión.

Hechos muy graves

"Alves tiene dinero para depositar una fianza elevada, es famoso, juega en un equipo conocido. Es absurdo pensar que hay riesgo de fuga. Se le podría exigir la retirada del pasaporte. Sorprende la medida, salvo que la agresión sea muy bestia", concluye Navarro.

En la misma línea, el abogado Pere Lluís Huguet considera que, en este caso, "no hay riesgo de fuga y Alves tiene capacidad para pagar una fianza. No es necesario que se cumplan todos los requisitos de la prisión preventiva para aplicarla --el de alarma social se eliminó hace tiempo, debido al abuso que se hacía de ella--, pero sí que los hechos sean susceptibles de penas superiores a dos años". Por tanto, "los hechos tienen que haber sido muy graves, los que tipifica el artículo 179 del Código Penal. La juez es consciente de la gran repercusión mediática que tiene el caso y debe haber dado plena credibilidad a la denunciante". Huguet añade que hay otros supuestos que elevan la respuesta penal a los agresores como, por ejemplo, que la víctima sea menor, haya sufrido una extrema violencia --la víctima asegura que fue abofeteada por el deportista-- o se encontrara bajos los efectos del alcohol. En ese caso, las condenas pueden alcanzar los quince años.

Santi Mina y el 'caso Arandina'

Antes del escándalo que implica a Dani Alves, el último futbolista acusado (y condenado) de abuso sexual fue Santi Mina. Fue en 2017 –pertenecía al Valencia en ese momento– cuando una joven lo denunció por tocamientos y por intentar mantener relaciones sexuales con ella. Quedó en libertad sin fianza a la espera de un juicio (en 2022, cuando era delantero del Celta) en el que fue castigado con cuatro años de prisión, aunque, por el momento, no ha pisado la cárcel. De hecho, se encuentra jugando en Arabia Saudí, país con el que no existe tratado de extradición con España. En todo el proceso, el tribunal no tomó ninguna medida con él, ni siquiera la retirada del pasaporte que pedía la fiscalía.

Muy mediático fue también el caso Arandina, en el que una menor de edad (15 años) denunció por agresión sexual a tres jugadores de ese equipo de fútbol en un encuentro que la chica y los deportistas habían tenido en una casa. En ese caso, la justicia sí decretó, como en ha ocurrido con Alves, prisión provisional comunicada y sin fianza para ellos (diciembre del 2017), aunque tres meses después (marzo del 2018) los dejó en libertad bajo fianza atendiendo que ya había concluido el riesgo de obstrucción de las fuentes de prueba, de tenían domicilio en la zona y por el vínculo económico de los investigados con sus padres. El juicio se celebró en 2019, se les condenó a 38 años de cárcel a cada uno y, tras los recursos, Raúl Calvo fue finalmente absuelto, mientras las condenas de Carlos Cuadrado y Víctor Rodríguez quedaron en nueve años.

Tocamientos y un vídeo sexual

En diciembre del 2021, los tribunales condenaron a dos jugadores del Villanovense, Álvaro González y José Antonio Espín, y un tercero del filial del Ceuta, Daniel Muñoz, por abuso sexual y vejación a una mujer durante unas celebraciones deportivas en 2018. Ella, trabajadora de un local de apuestas, denunció tocamientos sin consentimiento. Los dos primeros fueron castigados a seis meses de prisión y el tercero, a un año. Su entrada en la cárcel quedó suspendida a cambio de no cometer delitos en dos años. Por su parte, en abril del 2022, Rubén Rochina (Granada CF) prestó declaración como investigado por unos abusos sexuales a una mujer que se habrían producido un año antes, sin que hayan trascendido más detalles del caso. Él ha seguido desarrollando su actividad profesional.

Por último, otro escándalo sexual que salpica a futbolistas ocurrió en 2016 y fue el de Sergi Enrich y Antonio Luna, que en 2021 fueron condenados a dos años de prisión por un vídeo en el que aparecían manteniendo relaciones sexuales con una chica y que se filtró sin el conocimiento ni el consentimiento de esta. No entraron en la cárcel.