El activista Badaoui, trasladado al CIE de Barcelona para su expulsión

El activista Mohamed Said Badaoui está a un paso de la expulsión. El viernes por la noche, tras pasar a disposición del Juzgado de Instrucción de Reus en funciones de guardia, el titular decretó su traslado al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Barcelona, donde permanecerá detenido hasta que se ejecute la orden de expulsión sobre la que la Audiencia Nacional rechazó las medidas cautelarísmas de suspensión.

El jueves, la Audiencia Nacional avaló la salida del país del activista y presidente de la Asociación en Defensa de la Comunidad Musulmana (Adedcom) de Reus, Mohamed Said Badaoui por la radicalidad de sus discursos y por su presunta vinculación con individuos relacionados con actos terroristas. Aunque el activista negó estas acusaciones, tras ser detenido en el mes de agosto por la Policía Nacional, la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional, en dos autos, rechaza dejar en suspenso la expulsión alegando que tras ponderar los derechos en conflicto, deben “prevalecer los de carácter general frente a las circunstancias personales”.

Actividades contrarias a la seguridad nacional

Rechaza suspender la expulsión argumentando que la medida acordada por el Secretario de Estado se basa en la denuncia de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, que “revela el radicalismo ideológico del recurrente”. La denuncia destaca, además, “el adoctrinamiento en su comunidad con la difusión de postulados radicales proyihadistas, siendo uno de los referentes en España del salafismo más ortodoxo”. Lo acusa, además, de que se ha registrado un aumento del radicalismo en la provincia de Tarragona debido a sus discursos.

En el informe de la policía se acusa a Said Badaoui de haberse centrado principalmente en colectivos “vulnerables y manipulables”, con especial atención en los menores no acompañados de origen marroquí, a los que habría radicalizado en el salafismo más radical aprovechándose de su situación de vulnerabilidad. Lo relacionan, además, de mantener vínculos con individuos que guardan relación con el terrorismo. Por todo ello, la Audiencia Nacional concluyó que el activista ha cometido una infracción muy grave por participar en actividades contrarias a la seguridad nacional y que puedan dañar las relaciones entre España y otros países, por lo que avala su expulsión.