La Audiencia Nacional avala la expulsión del activista Mohamed Said Badaoui por radicalización

La Audiencia Nacional ha rechazado las medidas cautelares planteadas por el activista Mohamed Said Badaoui contra la resolución del Secretario de Estado de Seguridad, que acordó su expulsión del país por presunta radicalización yihadista.  

El activista y presidente de la Asociación en Defensa de la Comunidad Musulmana (Adedcom) de Reus, Mohamed Said Badaoui, que vive desde hace más de 30 años en Cataluña fue detenido por la Policía Nacional en agosto y se le abrió un expediente de expulsión por la radicalidad de sus discursos.

Adoctrinamiento en la comunidad

El activista negó todas las acusaciones y denunció que la policía le acusaba de radicalización “sin pruebas”. Ahora, la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional, en dos autos, rechaza dejar en suspenso la expulsión alegando que tras ponderar los derechos en conflicto, deben “prevalecer los de carácter general frente a las circunstancias personales”.

Rechaza suspender la expulsión argumenta que la medida acordada por el Secretario de Estado se funda en la denuncia de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, que “revela el radicalismo ideológico del recurrente”. La denuncia destaca, además, “el adoctrinamiento en su comunidad con la difusión de postulados radicales proyihadistas, siendo uno de los referentes en España del salafismo más ortodoxo”. Lo acusa, además, de que se ha registrado un aumento del radicalismo en la provincia de Tarragona debido a sus discursos.

Acusado de radicalizar a menores

En el informe de la policía se acusa a Said Badaoui de haberse centrado principalmente en colectivos “vulnerables y manipulables”, con especial atención en los menores no acompañados de origen marroquí, a los que habría radicalizado en el salafismo más radical aprovechándose de su situación de vulnerabilidad. Lo relacionan, además, de mantener vínculos con individuos que guardan relación con el terrorismo.

Por todo ello, la Audiencia Nacional concluye que el activista ha cometido una infracción muy grave por participar en actividades contrarias a la seguridad nacional y que puedan dañar las relaciones entre España y otros países, por lo que avala su expulsión. No obstante, el auto recuerda que en caso de que se haya ejecutado la expulsión y el afectado gane el recurso no habrá “obstáculo en el retorno al país y, si procede, la reparación de los daños causados”.