Abogados alertan sobre la deportación 'exprés' de inmigrantes del CIE que denuncian malos tratos

A poco más de siete kilómetros de la bulliciosa plaza Catalunya, enclavado entre las asépticas naves que albergan los contenedores que arriban a la Zona Franca, se levanta en una calle sin nombre, la E, el centro de internamiento de extranjeros, de ahora en adelante CIE. Aunque en la actualidad hay 24 internos privados de libertad por su única condición de inmigrantes irregulares, la mayoría de la ciudad vive de espaldas a esta realidad. 

El centro, inaugurado en 1985 en la Verneda y trasladado en 2006 a un área invisible pero estratégica, la zona portuaria, acoge a inmigrantes, que como las mercancías, esperan a ser embarcados para ser devueltos a sus países de origen. El hermetismo dentro de los muros que rodean el edificio es tal que los abogados que prestan asistencia a los migrantes sufren numerosas trabas para garantizar sus derechos jurídicos. Varios letrados denuncian una práctica tan habitual como grave en el centro: aquellos internos que presentan una denuncia ante un juzgado de la Ciudad Condal por malos tratos por parte de los funcionarios que los custodian son sistemáticamente deportados. 

Aislamientos y puntos ciegos

La pandemia, explican desde el Centro para la Defensa de los Derechos Humanos Iridia, ha agudizado la precaria situación que sufren los internos y ha incrementado la arbitrariedad que caracteriza al CIE. En 2021 las visitas estuvieron prohibidas durante seis meses y los abogados solo pudieron entrar a petición de los migrantes y enfrentándose a muchas restricciones. Ni familiares ni ONG pudieron acceder al interior. Esta inaccesibilidad, recuerdan, impide que los internos puedan trasladar a su entorno las malas praxis de los agentes. 

Los abogados denuncian que desde la pandemia por Covid-19 los funcionarios justifican aislamientos punitivos con medidas para la prevención y contención del virus. Iridia denuncia que de 84 aislamientos en los CIE españoles en 2021, 72 se efectuaron en el de Barcelona. Asimismo, parte de las celdas de aislamiento tienen puntos ciegos en los que las cámaras de seguridad no registran lo que sucede, de forma que la mayor parte de agresiones se dan en las áreas que no cuentan con vigilancia. 

Una sanidad comprada

Cuando esto ocurre, los internos solo tienen acceso a la atención médica del centro. Pero los servicios sanitarios están a cargo de una empresa privada, la Clínica Madrid, que gestiona el contrato de adjudicación de los servicios médicos de los centros de internamientos de extranjeros de toda España. “Solo hay médico por la mañana. Por la tarde hay un auxiliar clínico y por las noches nadie. Si hay una necesidad médica urgente a partir de las ocho de la tarde y hasta las nueve de la mañana hay que trasladarlos fuera, a un hospital”, asegura Josetxo Ordóñez, abogado de Migrastudium.

Según Iridia, además de la mala gestión sanitaria, que debería depender del Servicio Catalán de Salud, el hecho de que dependa de una clínica privada supone una falta de imparcialidad y de independencia profesional a la hora de dar parte de las lesiones sufridas por los internos. ”Hay interferencias de la dirección policial del centro y los servicios médicos”, asegura Marta Bolinches, abogada de Iridia. 

Los agraviados desaparecen

Cuando consiguen acreditar las lesiones o un trato degradante, las denuncias no prosperan. De las 12 presentadas desde 2017, nueve de los denunciantes fueron expulsados antes de poder testificar ante el juez. “Estas denuncias se archivan puesto que desaparece el denunciante: el perjudicado”, explica Josetxo Ordóñez, letrado de Migrastudium. 

“Una de las diligencias de investigación básicas e ineludibles para todo juez es tomar declaración al perjudicado, a la persona que alega haber sido víctima de un delito. En este caso, el juez recibe la denuncia presentada por Iridia pero, cuando cita a declarar al denunciante, esta persona no se presenta para ratificarla por cuestiones obvias: porque ya no se encuentra en territorio español”, asegura el letrado. “Ante la imposibilidad de tomarle declaración, lo que sucede entonces es que el juez archiva la denuncia porque no hay delito, no hay pruebas. La prueba principal, que es la declaración de la víctima, desaparece”, aclara el jurista. Según la versión de los abogados, esta es precisamente la intención que se persigue con la expulsión. 

La policía, más rápida que la justicia

Según la versión de los letrados, la policía no cumple una ilegalidad expulsándolos. Mientras que para poder internarlos en el CIE deben solicitar el permiso de un juez, tienen la potestad para gestionar la expulsión por sí mismos dentro del plazo de los 60 días que marca la ley desde el ingreso del interno en el CIE. “Es una cuestión más bien judicial”, aclara Ordóñez. “Los jueces que piden la declaración la solicitan demasiado tarde. No reaccionan a tiempo. Para un juzgado ese plazo es demasiado corto”. 

“Lo que pedimos es que el juez solicite medidas cautelares, que paralice la devolución hasta que se le tome declaración al denunciante”, aclara Marta Bolinches. "El Juzgado de Guardia es quien debe tomar la declaración de forma inmediata o bien ordenar la suspensión de la deportación. Esto no sucede por una falta de voluntad y porque no hay conciencia de la importancia de esta materia y del obstáculo que supone no hacerlo", remarca la letrada. A pesar de que las fuentes policiales consultadas mantienen que todas las denuncias presentadas contra los funcionarios han sido cerradas o archivadas, Bolinches asegura que en los últimos meses la Audiencia Provincial de Barcelona ha reabierto seis de las doce causas al observar irregularidades. El tribunal entiende que la expulsión de una persona no es motivo suficiente como para archivar el caso. “El hecho de que se les haya deportado supone una obstaculización de la investigación de facto”, asegura la abogada. 

La principal prueba, a miles de kilómetros

Resulta cuanto menos curioso que, aunque se expulsa a una minoría de los internos, suponen una mayoría cuando se trata de migrantes que han presentado una denuncia. En un caso concreto, Josexto Ordóñez recuerda cómo se enteró de la deportación del defendido. “Me enteré de que había sido expulsado porque el día anterior a su devolución lo llamé y me saltó el contestador en castellano, al día siguiente lo llamé de nuevo y salía en árabe y francés. Lamentablemente fue así como supe que este ciudadano ya estaba en Argelia”. 

“Ahora, en tres de los seis casos reabiertos se va a intentar tomar declaración a los afectados desde su país de origen por videoconferencia”, continúa Bolinches. Sin embargo, los letrados no tienen la garantía de que puedan testificar y de que el caso pueda llegar finalmente a juicio. La deportación significa siempre “una destrucción de pruebas”, mantiene Bolinches. 

Una pescadilla que se muerde la cola

Los que consiguen abandonar el centro, porque no se ha podido ejecutar su deportación, siguen cargando con la losa de la expulsión sobre sus espaldas. En cualquier momento la policía podría interceptarlos de nuevo y reanudar el proceso de devolución, incluso cuando tienen un arraigo familiar. “Tenemos constancia de personas que tenían pareja española, que llevaban años aquí y que han sido expulsados”, asegura Ordóñez.

Además, para poder regularizar su situación no pueden contar con antecedentes penales ni policiales. “Tienen que tener ausencia de antecedentes para que no rechacen la petición. Pero, ¡claro que tienen! ¡La detención del CIE! ¡Al menos ese ya lo tienen!”, denuncia el abogado. 

La libertad y una bolsa de basura

En contra de lo que se podría imaginar, la libertad en la Zona Franca se parece más a la imagen de la desolación que a la de un nuevo comienzo. Después de ser privados de libertad durante 60 días, las personas que consiguen permanecer en territorio español son abandonadas en la puerta de la calle E. 

“¿A dónde van, si algunos han llegado hace dos meses en una patera y han ido directos al CIE en una lechera policial?”, clama Ordóñez. “Les entregan las pertenencias, que custodia la policía, en una bolsa negra de plásticos, de las de basura. La Cruz Roja les da 20 o 30 euros para coger un autobús. Van caminando y preguntando”, relata el abogado. “Nada más. No hay planes de acogida ni de integración para estas personas”.